Las petroleras deberán pagar más por servidumbre

El gobierno nacional actualizó las indemnizaciones por servidumbre para la industria hidrocarburífera. Se trata del pago a superficiarios por la ocupación que hacen de sus tierras las explotaciones petroleras o por el paso de gasoductos y oleoductos. Así se reavivó una relación plagada de polémicas y conflictos en la que intervienen operadoras, abogados y productores o crianceros. La Cuenca Neuquina no es la excepción.

La resolución 2-E/2018 que firmaron en conjunto la secretaría de Recursos Hidrocarburíferos y la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, estableció aumentos de entre el 4 y 67,55 por ciento para los distintos tipos de servidumbres. La norma actualizó los valores que no se movían desde 2016 y lo hizo por el reclamo de la Asociación Argentina de Propietarios y Superficiarios Afectados por la Actividad Hidrocarburífera, Minería y Eléctrica (Aasep).

Uno de los representantes de la asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa), aseguró que las actualizaciones quedaron muy por debajo de las estimaciones realizadas por la organización. “Nuestro pedido fue que los montos debían moverse entre 200 y 700 por ciento porque las cifras que se pagan son muy bajas”, explicó a “Río Negro”.

Centralmente el suelo utilizado por la actividad petrolera se divide en dos grandes segmentos: tierras de secano y tierras bajo riego. Las primeras refieren a campos o parcelas sin cultivos que generalmente se dedican a la cría de animales. Las segundas son los espacios productivos.

Para Assupa el principal déficit se encuentra con los valores que se abonan en las hectáreas bajo riego. Como medida se toma lo que se denomina “unidad de superficie” que equivale a 2.500 hectáreas para las de secano. Mientras que para las que está irrigadas la unidad es de una hectárea.

Te puede interesar Se expande el mapa del gas en Vaca Muerta

Pese a las diferencias por los valores de base a pagar hay otros puntos que dividen aguas en la compleja coexistencia. Uno de ellos es la característica del superficiario: para Assupa se resume en que el sujeto con derecho a reclamar los pagos es quien vive en el lugar más allá de que sea propietario, tenedor u ocupante.

Esto desata extensas negociaciones de las cuales muchas llegan hasta la justicia para su resolución.

Uno de los casos más conflictivos en la Cuenca Neuquina se da con algunas comunidades mapuches. Más allá de la titularidad de las tierras, las operadoras han reconocido que tienen tratos diferenciales y que los acuerdos por servidumbre se incluyen otros aspectos no encuadrados en el trato con el resto de los apoderados de las tierras.

Incluso entre las compañías petroleras hay diferencias en los reconocimientos, ítems y montos, que hace a cada superficiario. Fuentes del sector aseguran que los montos establecidos por resolución, que deberían funcionar como unificador de criterios, distan mucho de los que efectivamente se acuerdan.

Generalmente los acuerdos se hacen entre el superificario y la operadora. Cuando se producen ventas de activos o movimientos societarios, suelen recrudecer los reclamos por la diferencia de criterios económicos que manejan cada una de las compañías.

En números

Para las tierras de secano la unidad de superficie que se toma como referencia es de 2.500 hectáreas. En tanto para las que
están bajo riego es
de una hectárea.

“Nuestro pedido fue que los montos debían moverse entre 200 y 700 por ciento porque las cifras que se pagan son muy bajas”,

explicaron desde la asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa).

Un acuerdo de partes sin el Estado

La Cuenca Neuquina, que incluye a las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, tiene una extensión de 124 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo las zonas afectadas directamente a la explotación y transporte de hidrocarburos son significativamente menores. Sólo el territorio neuquino tiene unos 12.000 pozos, entre activos y cerrados, pero no se conoce el número exacto de superficiarios.

Las provincias regulan los temas ambientales con el objetivo de reducir el impacto que genera la industria y su movimiento. La relación entre quienes están en las tierras donde se realiza alguna actividad y las operadoras es, básicamente, un acuerdo entre privados. Un vínculo que se resuelve con cifras y abogados.