La Confederación apuntó a Bullrich

La confederación mapuche de Neuquén ratificó ayer una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el secretario de gabinete de la misma cartera, Pablo Nocetti, a raíz de allanamientos que se realizaron el 21 y 22 de junio a la comunidad Campo Maripe en Loma Campana. En el juzgado Federal N°2 de Neuquén, denunciaron que fuerzas federales ingresaron a sus territorios sin orden del juez y que eso atenta contra “el Estado de derecho”.

La denuncia original se presentó el 30 de noviembre por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público e incluyó además a los integrantes de Gendarmería Dante Zabala, Carlos Ariel San Emeterio y Luis Héctor Lagger.

En la misma linea el vocero de la comunidad, Jorge Nahuel, también reclamó un avasallamiento por parte de la justicia provincial a través del ministerio Público Fiscal que “se ha puesto a la cabeza de toda una demonización del pueblo mapuche, para justificar posteriores represiones”.

“A nosotros nos hicieron una jugada muy sucia, que es haber montado todo un escenario donde se descubrieron armas, drogas y [bombas] molotov, cuestiones que son absolutamente irreales porque nunca hemos utilizado esos mecanismos para hacer escuchar nuestros derechos”, puntualizó el referente en relación a allanamientos que se realizaron el 19 de septiembre en el paraje Tratayen que fueron declarados como nulos por jueces provinciales en distintas instancias, por haberse realizado sin autorización de un juez.

Puntualmente sobre la presentación ante la justicia, el referente de la Pastoral Social de Neuquén Rubén Capitanio, señaló que “venimos a ratificar la denuncia que se hizo oportunamente, pidiendo que se tomen medidas legales contra un procedimiento que nosotros consideramos ilegal de acuerdo a las leyes en vigencia”.

Añadió que “no nos interesa tanto que se condenen funcionarios, nos interesa que se recupere en el país el estado de derecho. Porque cuando se procede sin las ordenes que corresponden. En este caso se toman medidas judiciales sin la orden judicial, se está invadiendo jurisdicciones que no corresponden”, finalizó.

La entidad sostuvo que les hicieron una “jugada sucia” y negaron que utilicen armas, drogas y molotov para hacer escuchar los reclamos territoriales.