División de poderes: Los defensores reclaman autarquía

El pedido de autonomía de la Defensoría Pública de Río Negro se hace cada vez más visible. Con la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Río Negro y el rol preponderante que se le otorgó a los fiscales para investigar, el reclamo de división formal emerge desde distintos sectores.

Hoy en Río Negro los fiscales que acusan como los defensores, que cumplen una función contraria, dependen de un mismo organismo: la Procuración General.

Pero no lo hacen en iguales condiciones, sobre todo en lo referido a recursos. Por ejemplo, en una misma causa el fiscal cuenta con presupuesto para designar peritos, a diferencia de los defensores, que deben luchar para realizar contrapruebas y llegar a juicio en una situación de igualdad para el imputado.

Hace unos días y frente a un auditorio de más de 400 defensores oficiales federales y provinciales del país, la Defensora General de Río Negro, Rita Custet, disertó sobre temáticas relacionadas con su función, en un ámbito especialmente organizado para debatir problemáticas y consensuar estrategias comunes que garanticen la mejora continua del servicio destinado a los grupos más vulnerables de la sociedad.

En estas VI Jornadas Nacionales que tuvieron lugar en Santiago del Estero, la funcionaria judicial explicó cuál es el lugar que la Defensa ha asumido en el nuevo sistema acusatorio, que modificó sustancialmente la labor de los defensores penales.

En ese contexto, enfatizó en la necesidad de que se dote de autonomía a la Defensa Pública rionegrina, exigencia fundamental para una correcta administración de justicia.

“El acceso a justicia de los sectores más vulnerables tiene como contracara una Defensa Pública autónoma, es decir, fuera de la órbita de la Procuración General, y con recursos suficientes, conforme los estándares fijados por la Organización de Estados Americanos”, destacó Custet.

Consejo Federal

Por otra parte, desde el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina fue firmada una declaración en la cual se exhortó a las autoridades rionegrinas a instaurar un sistema de Defensa Pública respetuoso de los estándares internacionales en la materia.

“El principal objetivo de este Consejo -integrado por los representantes de máxima jerarquía en el ejercicio de la defensa pública en todo el territorio nacional y por la Defensoría General de la Nación- es diseñar acciones que permitan avanzar en la senda del fortalecimiento institucional de la Defensa Pública como servicio indispensable para garantizar la protección de los derechos humanos, el acceso a justicia y la asistencia jurídica integral de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad”, señaló.

La declaración advirtió con preocupación que en Río Negro la Defensa Pública continúe en la órbita de la Procuración General “situación que adquiere singular gravedad ante la reciente implementación del Código Procesal Penal acusatorio”.

Destacó que la Defensa constituye un pilar fundamental de los sistemas de justicia, permitiendo el equilibrio frente a las demás instituciones judiciales, “por lo que garantizar la independencia de los Defensores y la igualdad ante la ley -resulta fundamental para mantener el Estado de Derecho”.

“Existen límites que no deberían estar, que los impone la vieja cultura. En términos de presupuesto, la defensa tiene que ser independiente”.

Martín Sabelli, defensor general de San Francisco.

Especialistas extranjeros con mirada crítica

Los especialistas de Estados Unidos, Fernando Freyre de Andrade, defensor oficial en el Estado de Denver y Martín Antonio Sabelli, defensor federal del Distrito Norte y de San Francisco, también se manifestaron a favor de la autarquía de la Defensa Pública.

En su reciente visita a Roca para ofrecer una capacitación a defensores rionegrinos para litigar con jurados, Sabelli advirtió que estos funcionarios judiciales de la provincia “tienen importantes limitaciones de recursos, por ejemplo para contratar peritos e investigadores. Estas son cosas muy básicas porque los defensores tenemos tres herramientas importantes: investigación, contraexamen e igualdad de armas en términos de testigos y especialistas. Actualmente existen límites que no deberían estar, que los impone la vieja cultura. Para nosotros es un principio fundamental que en términos de presupuesto la defensa tiene que ser independiente”.

En tanto, Freyre de Andrade en relación a como debería funcionar la Defensoría Pública en un sistema adversarial como el rionegrino señaló que “si están opuestos uno con el otro (fiscal y defensores) no entiendo cómo un lado puede decidir qué herramientas va a tener el otro. Especialmente si el fiscal, por ejemplo, tiene el poder de contratar peritos o investigadores o contar con la ayuda del departamento de Policía para que realice la investigación para ellos”.

“De esta manera, la otra parte evalúa el caso desde la óptica de ese lado, es decir, la defensa como está funcionando ahora evalúa el caso desde la visión de la fiscalía. Pero tiene que tener la capacidad de decidir si necesita investigación o peritos. Es curioso que para que la defensa pueda conseguir sus elementos del caso, el fiscal le tiene que otorgar el permiso”, concluyó.