Caso Flavors: juzgan desde el lunes a exfuncionarios y empresarios

Tras nueve años subiendo y bajando los niveles judiciales llega a juicio una de las causas más emblemáticas de la corrupción en Río Negro: Es el caso Flavors, empresa vinculada a presuntas irregularidades en la calidad nutricional de los alimentos que la firma entregó al gobierno y fueron distribuidos en comedores escolares.

Llegan a juicio los exministros rionegrinos Alfredo Pega, Cristina Uría y Adriana Gutiérrez imputados del delito de “estafa” en concurso ideal con “defraudación en el cumplimiento de los contratos y con administración infiel, todo ello en perjuicio de una administración pública”. A ellos se suman los empresarios Máximo Vicchi, Javier Matas y Daniel Fernández procesados como coautores de “estafa en concurso ideal con defraudación en el cumplimiento de contratos” y como “partícipes necesarios del delito de administración infiel en perjuicio de una administración pública”. También estuvo procesado en esta causa el exministro de Hacienda de Río Negro, Pablo Verani, quien murió en abril de 2013.

El juicio comenzará el lunes y se extenderá hasta el 17 de este mes, teniendo en cuenta la cantidad de testigos que totalizarán unos 50, entre los presenciales y los que serán incorporados por lectura.

El Tribunal estará integrado por los camaristas penal Marcelo Chironi y los civiles María Luján Ignazi y Ariel Gallinger. Como Fiscal de Cámara actuará Hernán Trejo.

Los exministros serán defendidos por el abogado viedmense Juan Carlos Chirinos, mientras que los empresarios Vicchi y Fernández por Miguel Cardella. El defensor oficial Pedro Vega representará a Matas.

Esta causa se inició luego que en julio de 2008 la entonces Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, presentara una denuncia penal por presuntas irregularidades en los alimentos que proveía Flavors al Estado rionegrino y que consumían los niños en los comedores escolares de la provincia.

Varios fueron los jueces que intervinieron en la instrucción de esta causa hasta que en octubre de 2011 Carlos Reussi procesó a los imputados que hoy llegan a juicio por delitos que, en el caso de los más graves, el Código sanciona con penas de dos a seis años de prisión. Al exministro Pega del área Social se le imputan irregularidades en los trámites licitatorios y a las extitulares de Salud la falta de control bromatológico de los alimentos.

Esta causa fue instruida en su totalidad por la entonces fiscal, Daniela Zágari, quien requirió la elevación a juicio el 30 de agosto de 2013, hace cuatro años.

En la resolución de los procesamientos el entonces juez penal Reussi diferenció los dos grupos –funcionarios y empresarios– con un punto de intercambio: “la existencia de dos contratos de provisión de productos alimenticios, de inmensa magnitud económica. Y en este punto de encuentro, la presencia de numerosas irregularidades, concomitantes y sucesivas” como la falta de antecedentes certificados para actuar en la licitación, el falseamiento de las cualidades de los cocontratantes del Estado, falta de cumplimiento de los compromisos inherentes a la puesta en marcha y funcionamiento de los programas de seguimiento y control que permitieron pasar alimentos que en casos no reunían las condiciones del Código Alimentario.

El dato

Quiénes son los procesados

La denominada causa Flavors alcanza a ex funcionarios y empresarios. Exministros llegan a juicio procesados por “estafa”, “defraudación en el cumplimiento de los contratos y con administración infiel, todo ello en perjuicio de una administración pública”.

Se trata de Cristina Uría y Adriana Gutiérrez y el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Pega.

También estuvo procesado el exministro de Hacienda, Pablo Verani, sobreseído por fallecimiento.

Los empresarios fueron

procesados y se trata de Máximo Vicchi, Javier Matas y

Daniel Fernández.

“Serios problemas de aceptación”

El juez Reussi marcó como irregularidades la ausencia de controles bromatológicos amplios y oportunos, la habilitación de actividades no comprendidas en la tónica de fraccionadora que tenía reconocida la planta de Flavors, y la falta de control sobre la satisfacción de los usuarios del sistema, a pesar de los “serios problemas de aceptación relevados por los mismos responsables de los programas involucrados, fruto de las modalidades de preparación de los alimentos, y de su reiteración en las dietas”.

Advirtió beneficios a las empresas “con desgravaciones fiscales de intensa magnitud”.