Reubican a las dos supervisoras que fueron separadas de sus cargos

En septiembre del año pasado las dos supervisoras del Nivel Inicial de Cipolletti fueron separadas de su cargo. La decisión, según argumentaron desde la delegación local, se basó en los enfrentamientos que existían entre este nivel y el ministerio de Educación, ante numerosos reclamos por la falta de vacantes. Recién por estos días, pasado un año, las supervisoras Paula Frese y Stella Marís Errotabere fueron reubicadas.

“Golpe institucional y pedagógico” es el término que utilizan desde el gremio docente Unter para referirse a la separación del cargo a las supervisoras. Durante esos meses, la postura del sindicato fue “radical”, según la ministra de Educación, Mónica Silva. La falta de vacantes es evidente en Cipolletti, y el año pasado era aún más grave, tras las ampliaciones de algunos establecimientos.

Desde la cartera educativa, ayer emitieron un comunicado asegurando que las supervisoras realizan “maniobras” para “evitar la investigación”, lo que aseguraron genera una “obstaculización e interrupción de las respectivas investigaciones disciplinarias”. Se quejaron además, de tener que “abonar regularmente sus haberes mensuales sin que exista contraprestación laboral”.

Desde Unter consideraron que la separación de los cargos fue “ilegal”, y aseguraron que no intervino en ningún momento la Junta de Disciplina, y que el mismo Consejo Provincial de Educación nunca intervino ni dispuso la reubicación. Explicaron que por resolución esta reubicación debe ser de manera inmediata, pero argumentaron que esto no ocurrió porque intentaron “dejarlas afuera del sistema con una clara política de discriminación y de violencia institucional”, consideraron mediante un comunicado.

“Mas temprano que tarde”, afirmaron, “deberá reconocer ante los docentes de la provincia, ante la ART y ante la Justicia, la ilegalidad cometida hacia dos trabajadoras de la educación que defienden el derecho social a la educación que vulnera el propio Ministerio”, sostuvieron.

Además confirmaron que “las supervisoras han agotado la vía administrativa y llegado en recurso de alzada ante el gobernador y Fiscalía de Estado, con argumentos sólidos, reales y jurídicos en el que plantean la ilegalidad del sumario”, lo cual no les fue contestado.

Por otra parte, recordaron que se inició un juicio a la ministra Silva, pero que ella “se escudó en maniobras legales”, para finalmente definir no acudir a la audiencia convocada por el fuero Penal.