Sin avances para aplicar la Emergencia Frutícola

Sin avances finalizó ayer la reunión que mantuvieron los técnicos de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) y funcionarios de Agroindustria de Nación.

El objetivo del cónclave: destrabar los beneficios de la ley 27354 que permite la prórroga de los pagos de la seguridad social para productores y empresas ligadas a la fruticultura del Valle de Río Negro y Neuquén.

Para la actividad está en juego la financiación de hasta 1.300 millones de pesos, un monto que tiene un impacto financiero importante en toda la cadena productiva y comercial del sector.

Se esperaba la presencia de técnicos de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para poder definir algunas demandas del organismo recaudador, pero faltaron a la cita. La reunión dio inicio alrededor del mediodía en una de las oficinas del Ministerio de Agroindustria. Por parte de CAFI estuvieron presentes Alfredo Zgaib, tributarista; Gustavo Tanzi, contador de la empresa Kleppe, y Germán Barci, director de la firma Canale. Del gobierno nacional participaron el subsecretario de Agricultura, Luis María Urriza; el director de Fruticultura de la Nación, Luis Machera, y Juan del Río, asesor que actuó como interlocutor entre Agroindustria y la AFIP.

“Se estuvo analizando cómo se puede implementar la ley y cuáles son los vetos que pone la AFIP ante los pedidos de la fruticultura”, confió con gran decepción una de las fuentes que participó del encuentro. Los empresarios y productores preveían que en la reunión técnica de ayer se iba a definir la reglamentación de los beneficios de la Emergencia Frutícola, los períodos de la prórroga, las tasas de interés a aplicar y las cuotas para pagar el crédito fiscal. En nada de ello se avanzó. “Ciertamente volvemos con las manos vacías. Ni siquiera pusieron fecha para una segunda reunión”, aseguraron desde la CAFI.

La puesta en marcha de esta ley permitiría postergar obligaciones por hasta 1.300 millones de pesos si se toma el período que va desde enero de 2017 a abril de 2018. La deuda surgida en el período bajo análisis se terminará cancelando a partir de mayo del próximo año en cuotas a tasas que son muy bajas y en algunos casos llegan a cero. La CAFI está solicitando 60 cuotas y tasas del 1,25% para deudas vencidas y del 0% para los meses que entren por ley. La Federación de Productores exige un plazo de 120 cuotas.

Cabe recordar que no se incluyen en estos beneficios los aportes a las ART y a las obras sociales de cada uno de los sectores que trabajan en la actividad.

Trascendió de la reunión de ayer que la AFIP está reticente a incorporar deudas vencidas a los planes de pago que tiene previsto la ley.

Datos

Puntos clave

a tener en cuenta

El sector privado está solicitando que la prórroga se contemple de enero de 2017 a abril de 2018.

La ley define sólo doce meses, de abril de 2017 a mismo mes de 2018.

La AFIP sería la que pone trabas para no reglamentar los beneficios de la Ley teniendo en cuenta los desequilibrios fiscales que tiene la Nación.

Permitir una rápida implementación de la Ley generaría un alivio tributario para el sector privado de hasta 1.300 millones de pesos.

Mientras no esté en marcha el beneficio, las empresas están morosas frente a la AFIP y no están percibiendo reintegros ni devolución de IVA.