Sin “techo” y en campaña

Este año se instaló una dura puja entre gobierno, sindicatos y empresas para establecer la pauta salarial. Inicialmente, el gobierno pretendió imponer un 18% como tope para evitar una disparada de precios, que al calor de las previsiones de inflación debió ir modificando. En los últimos meses, la mayoría de las empresas fijó acuerdos que promediaron el 25%, un punto por arriba de lo que se estima será la inflación oficial, mientras que en los distintos niveles del Estado se acordaron cifras algo por arriba o debajo de esa pauta, según el poder de negociación en cada distrito.

En medio del tironeo salarial, la Cámara de Diputados aprobó una resolución fijando una suba de los montos en gastos de representación y pasajes aéreos y terrestres que llega hasta un 130%. A esto hay que agregar un 10% que ya recibieron en el primer trimestre las dietas, el ingreso básico, que están atadas a la paritaria de los legislativos.

Si se suman todos los ítems, los ingresos de un diputado desde agosto en 2016 tuvieron un aumento del 60%, pasando de unos 85.000 de bolsillo a los 135.000 actuales, perforando el “techo” de cualquier paritaria.

A la hora de negociar sus ingresos desapareció la famosa “grieta”: el documento con la suba que presentó el titular del cuerpo, Emilio Monzó (Cambiemos), fue rubricado por el FpV, el movimiento Evita, la CC, el Pro y la UCR, además de otras fuerzas menores.

El enorme malestar que se generó por la difusión de la medida llevó a deserciones de última hora. El Frente Renovador, que había participado activamente de las negociaciones, decidió no firmar y emitió inmediatamente spots publicitarios condenando la medida. La campaña manda.

Por su parte, la izquierda, representada por FIT, rechazó el aumento, tal como había hecho el año pasado, pero con una modificación: podría donar el aumento a algunos fondos de huelga en conflictos laborales y aceptaría el monto de los pasajes, para que sus legisladores puedan trasladarse y apoyar a sectores en conflictos sociales. También la única representante de Proyecto Sur y el bloque del GEN se opusieron a la medida.

Los legisladores justificaron los aumentos en que los ítems mencionados no reciben ajustes desde el 2011. Y en que la mayoría de los diputados argentinos cobran proporcionalmente menos que la mayoría de los legisladores nacionales de países vecinos como Brasil o Chile.

Sin embargo, las comparaciones siempre se realizan con la realidad nacional, y en un contexto económico como el actual la suba representa un pésimo gesto en momento en que la mayoría de los sectores está ajustándose el cinturón.

Los diputados pasarán ahora a ganar 18 veces más que el haber mínimo de un trabajador formal (8.060 pesos). Además, según el Indec casi la mitad de los empleados argentinos recibe menos de 10.000 pesos y tres millones de jubilados sobreviven con la pensión mínima, 6.394 pesos, 20 veces menos.

Las sospechas también aumentan por el momento en que se dan estos aumentos: al inicio de la campaña para las próximas PASO, antesala de las legislativas en donde muchos legisladores competirán para ganar o renovar bancas. Se sabe que a menudo los gastos de representación como los pasajes (muchos de los cuales se canjean por dinero en efectivo, ya que los diputados no usan todos los pasajes) así como los “puntos” legislativos se destinan al financiamiento de las actividades políticas partidarias.

De hecho, el año electoral no ha incrementado sólo el interés de los representantes por mejores ingresos, sino también afectó negativamente su desempeño en el recinto. Desde que el presidente Mauricio Macri inauguró el periodo de sesiones ordinarias, el 1º de marzo el cuerpo tardó más de un mes para sesionar. Aunque realizaron actividad en comisiones, hubo que esperar a fines de abril para sesiones sobre temas sustanciales, ya que la falta de mayorías claras y la disputa político-electoral complicó el consenso sobre una agenda común. Por eso, el aumento reciente poco aporta para mejorar la imagen de un cuerpo que muchos ven más preocupado por actualizar ingresos y la campaña que por el tratamiento de leyes, la función para la cual fueron electos.


Este año se instaló una dura puja entre gobierno, sindicatos y empresas para establecer la pauta salarial. Inicialmente, el gobierno pretendió imponer un 18% como tope para evitar una disparada de precios, que al calor de las previsiones de inflación debió ir modificando. En los últimos meses, la mayoría de las empresas fijó acuerdos que promediaron el 25%, un punto por arriba de lo que se estima será la inflación oficial, mientras que en los distintos niveles del Estado se acordaron cifras algo por arriba o debajo de esa pauta, según el poder de negociación en cada distrito.

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