Recursos naturales como garantía: “No hubo consultas a las provincias”

Eduardo Barcesat, uno de los tres abogados que presentó la denuncia contra el presidente Mauricio Macri por el decreto que permite el uso de los recursos naturales como garantía de deuda externa, opinó que los gobernadores deberían tomar el tema porque la norma representa un avance sobre las autonomías provinciales.

“No hubo consultas a las provincias”, dijo el constitucionalista en declaraciones a “Río Negro, con lo cual -agregó- se plantea un conflicto con el artículo 124 de la Constitución Nacional. El mencionado artículo es el que reconoce a los estados provinciales el dominio originario de los recursos naturales y fue incorporado en la reforma de 1994 pero se hizo efectivo con la llamada “ley corta” de Hidrocarburos (26.197) durante el kirchnerismo.

Barcesat, junto a los abogados Arístides Corti y Jorge Cholvis, presentaron una denuncia penal contra Macri y otros dos funcionarios que firmaron el decreto en cuestión, el N° 29, y otro de similares características, el N° 231.

Para Barcesat, esta causa, que recayó en el juzgado Federal de María Romilda Servini de Cubría, debería girarse al juzgado de Sebastián Casanello donde se tramita otra denuncia penal, en este caso por los fondos buitres, impulsada también por él.

El decreto 29 deja sin paraguas legal a los recursos naturales por el monto de deuda de este año autorizada por el Congreso, que asciende a los 20.000 millones de dólares. El diputado nacional Darío Martínez (FpV) formalizará hoy el contenido de un proyecto de ley para intentar neutralizar el decreto, mientras que a nivel local el diputado Raúl Podestá (FG) impulsó dos iniciativas en el mismo sentido.

Si bien en el gobierno provincial entienden que no hay riesgos con esta norma, el gobernador Omar Gutiérrez dijo el fin de semana que al decreto le faltó incorporar explícitamente un paraguas jurídico y adelantó que le pedirá al presidente Macri un cambio en ese sentido.

La causa que recayó en el juzgado de Servini de Cubría debería sumarse a la investigación del pago a los fondos buitres que tiene el juez Sebastián Casanello.