Las máquinas incautadas a Lázaro Báez las utilizará Vialidad Nacional en la Patagonia

La Cámara Federal confirmó hoy la decisión del juez Sebastián Casanello de entregar a la Dirección de Vialidad Nacional maquinarias de las empresas de Lázaro Báez para ser usadas mientras dure el proceso en su contra, ante la sospecha de que “esos bienes pudieran constituir el provecho o producto del delito”.

Así lo resolvió hoy la Sala II de la Cámara, al rechazar las apelaciones de los defensores de Lázaro y Martín Báez, en contra de la resolución que hacía lugar a un pedido de Vialidad para administrar, como depositario judicial, los rodados y equipos viales -propiedad de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA- que están embargados.

“No puede soslayarse que en nuestros días existe un fuerte reclamo social que, a la par de repudiar estas conductas, exige que se atienda a las necesidades de la comunidad, a cuya postergación también habrían contribuido estos hechos. Y las decisiones judiciales deben atender tales extremos cuando las peticiones concretas resultan fundadas y razonables atendiendo a las características del caso”, sostuvo el fallo.

La maquinaria permitirá reforzar el “Operativo Invernal” que “presta auxilio a las provincias de la Patagonia para garantizar la transitabilidad de las rutas nacionales y los pasos fronterizos, buscando como resultado la seguridad vial y la reducción en tiempo del cierre de los traslados viales por problemas climáticos y peligros naturales”, dijo el fallo firmado por Eduardo Farah y Martín Irurzun.

Esos bienes habían sido incautados a través de medidas de cautela de carácter patrimonial luego de los procesamientos de Lázaro y Martín Báez en la causa por la llamada “ruta del dinero K”.

También están procesados por el delito de evasión previsional y sobre Lázaro Báez pesan otros dos procesamientos por asociación ilícita, una por la concesión de obra pública y otra en la causa “Los Sauces”.

Según la resolución de la Cámara, en la causa por la ruta del dinero “se dispusieron esas medidas precautorias de naturaleza económica con una doble finalidad: por un lado, asegurar las enormes sumas embargadas sujetas a las responsabilidades pecuniarias y las costas resultantes del proceso, pero también ante la sospecha de que esos bienes pudieran constituir el provecho o producto del delito y así eventualmente podría recaer sobre ellos el decomiso a favor del Estado Nacional”.

El fallo reconoce que con estas medidas se aseguraría “la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado para el caso en que, en definitiva, se confirme la hipótesis bajo instrucción”.

Y “porque internacionalmente nuestro país se comprometió a adoptar todas las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, más las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se añadió.

En ese marco, la Cámara Federal entendió “razonable” la decisión de Casanello de entregar al Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad en carácter de depositario judicial de los rodados y equipos viales -propiedad de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA- que se encuentran con posibilidad de ser utilizados y sujetos a embargo en estas actuaciones.

“No puede compartirse lo alegado por las defensas en punto a que lo dispuesto importe una pena anticipada o una afectación indebida al derecho de propiedad. Primero, porque el objeto procesal en el que se basa la imputación lleva necesariamente a esta solución de suerte tal de impedir una situación de enriquecimiento sin causa lícita; también porque lo contrario llevaría al Estado a la obligación de sostener los gastos de conservación y cuidado de bienes que pierden su valor y se deterioran -aun sin uso- por el mero paso del tiempo”, dijeron los camaristas.

Además, los jueces sostuvieron que “no puede olvidarse que eventualmente los imputados contarán con la vía civil para efectuar eventuales reclamos frente al Estado”.

La Cámara informó de esta decisión a los otros jueces que investigan a Báez y al que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores de Austral Construcciones, así como al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal.

Y confirmó el uso de los bienes por parte de Vialidad, “haciendo particular hincapié en la responsabilidad que contrae el depositario judicial en relación al cuidado, puesta en funcionamiento, mantenimiento y conservación de la maquinaria vial en atención al carácter en el que le ha sido concedido su uso”.