Las juntas vecinales reclaman suba de la tarifa del agua

Las juntas vecinales de la ciudad que tienen a su cargo la distribución de agua potable se quejaron de un “trato discriminatorio” de parte del DPA a la hora de autorizar aumentos de tarifa y aseguraron que el mecanismo aplicado les provoca “un daño financiero irreparable”.

Hace diez días plantearon su reclamo ante el ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, de quien hasta ahora no habían obtenido respuesta. Esta semana pidieron también al intendente Gustavo Gennuso y a los bloques del Concejo que se involucren en “la búsqueda de soluciones”.

En Bariloche son 22 las juntas vecinales que construyeron las redes, instalaron las bombas y tanques y prestan el servicio de agua. Muchas de ellas acumularon importantes deudas, que atribuyeron al atraso tarifario.

“DeBariloche” consultó a un vocero del grupo por qué no transfieren esa responsabilidad a la estatal ARSA, que se ocupa de la distribución en el resto de la ciudad. “La red es nuestra, la hicieron los vecinos, no la vamos a regalar”, fue el argumento.

Los concejales dieron ingreso el miércoles en la comisión Legislativa al planteo de las juntas y sólo “tomaron conocimiento”, sin dar otra respuesta.

Las juntas vecinales de los barrios Melipal, Casa de Piedra, Pinar del Lago, La Cascada, Pájaro Azul, Playa Bonita, Nahuel Malal, Carihue, Montelindo, San Ignacio del Cerro y Las Vertientes son algunas de las demandantes.

La nota que le enviaron a Valeri denuncia que sus dos principales proveedores, la CEB y ARSA, logran “permanente autorizaciones de nuevas tarifas”, con subas recientes de 59% y 72% en cada caso, mientras que las juntas “no tienen recursos para cubrir esos aumentos”.

Señalaron que la fórmula de revisión de tarifas que les aplica el DPA “quizá son válidas para épocas de escasa movilidad en los precios de la economía”, pero la inflación actual “exige que esa actualización sea traslada en forma inmediata” a la facturación de las Juntas.

“Al no existir ese mecanismo -se quejaron-, nuestras entidades sufren un daño financiero irreparable”. Pidieron a Valer que les asegure “un tratamiento igualitario en los subsidios aportados a ARSA”.

El vocero consultado dijo que la última revisión de tarifas que solicitaron demoró unos 10 meses y subrayó que esa dilación los coloca en situación de “emergencia” económica. Pidieron a Valeri una “urgente respuesta” al reclamo.