Denuncian a Argentina en la CIDH por la política migratoria de Macri

Diversas entidades argentinas denunciaron ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la nueva legislación migratoria adoptada en Argentina fomenta la xenofobia, la intolerancia y el “racismo institucional”.

Entidades ligadas a la colectividad de inmigrantes argentinas afirmaron que la nueva normativa, en vigencia desde enero de este año, es una tentativa de establecer una relación entre el fenómeno migratorio y el aumento de casos de violencia urbana.

“Nos utilizan para resolver el problema de la inseguridad. Somos el 4,5% de la población del país; es ofensivo y humillante que nos atribuyan responsabilidad por la delincuencia”, dijo Marta Guerreño, de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC).

En la visión de Guerreño, argentina de origen paraguayo, “exponernos al brote xenófobo es indigno”.

Por su parte, Nengumbi Sukama, del Instituto Argentino para la Igualdad, la Diversidad y la Integración (Iarpidi), apuntó que la nueva legislación para inmigrantes termina por impulsar inclusive el racismo contra personas llegadas desde países africanos.

“Argentina está ahora haciendo lo contrario de lo sugerido por entidades como las Naciones Unidas: en vez de combatir el racismo, lo está promoviendo”, afirmó Sukama, argentino de origen congolés.

En respuesta, el secretario argentino de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo en la audiencia que Argentina es “un país de puertas abiertas, y el inmigrante que llega y respeta a las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece”.

“No se trata de perseguir migrantes. La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos”, dijo el funcionario.

En tanto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, afirmó en la audiencia que Argentina tendría condiciones de recibir a “40 millones de inmigrantes”.

El Estado precisó que durante el año pasado, “215 mil personas obtuvieron la radicación en Argentina, 92.000 de los cuales estaban ya en el país en una situación totalmente irregular”, y consignó que, en los tres meses que lleva de implementación del decreto, fue regularizada la situación de “48 mil migrantes”.

La CIDH, que realiza en Washington su 161º período de audiencias públicas, había convocado de oficio esta reunión ante la “preocupación” por las modificaciones introducidas por decreto en una normativa que consideraba “modelo” para el continente.

El motivo

El Ejecutivo del presidente Mauricio Macri aceleró los procesos de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de extranjeros, según un decreto publicado a finales de enero, que generó evidente malestar en los gobiernos de Paraguay y Bolivia.

El CELS cargó contra el gobierno de Jujuy

Otra audiencia de la CIDH ayer discutió denuncias de criminalización de la protesta social en Jujuy, más precisamente el caso de Milagro Sala.

Para Horacio Verbitsky, del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), existe en esa provincia una “intolerable situación de persecución” de sindicalistas y organizaciones sociales que realizan protestas. El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, aseguró , por su parte, que la provincia “está plenamente comprometida con el respeto de los derechos humanos” y que no hay “aplicación abusiva” de leyes ni hostigamiento. En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, sostuvo hoy que tras la reunión “quedó claro ante la CIDH que tanto en el tema de la protesta social como de inmigración estamos sujetos a derecho”.

“Nos utilizan para resolver el problema de la inseguridad. Somos el 4,5% de la población del

país. Es ofensivo y humillante”.

Marta Guerreño, de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba.

“Argentina es un país de puertas abiertas, y el inmigrante que llega y respeta las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece”.

Claudio Avruj, el secretario argentino de Derechos Humanos.