Procesaron a Milani por la desaparición de un soldado en 1976

El ex jefe del Ejército del kirchnerismo César Milani fue procesado hoy por los delitos de “encubrimiento y falsedad ideológica” en la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, en junio de 1976, durante el denominado “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán.

La medida fue tomada por Fernando Luis Poviña, titular del Juzgado Federal N° 2, se informó oficialmente.

Milani, quien se encuentra detenido en La Rioja por otra causa vinculada a presuntos delitos cometidos durante la última dictadura militar, es investigado en Tucumán por la desaparición de Ledo, ya que cuando era subteniente tenía a su cargo a ese conscripto.

mirando al sur

La imagen del exjefe del Ejército César Milani detenido en una cárcel común en La Rioja, imputado por su participación en secuestros, torturas y desapariciones antes y durante la última dictadura, se puede situar entre los avances de la Justicia frente a la impunidad, de la memoria frente al olvido, de la verdad histórica frente al negacionismo. También es un hecho que reivindica la acción de la Justicia frente a la apropiación o uso partidario de la bandera de los Derechos Humanos durante el último gobierno; el mismo que promovió a Milani a la conducción del Ejército y le dio poderes que ningún otro antecesor había tenido desde la recuperación de la democracia.

En julio de 2013, la expresidenta Cristina Kirchner puso en funciones una nueva plana mayor de las Fuerzas Armadas, con Milani como hombre fuerte: el flamante jefe del Ejército retenía la jefatura de inteligencia de la fuerza, colocaba al jefe de Estado Mayor Conjunto e incidía en la seguridad interior dentro de la ex Side y en el ministerio que comandaba Nilda Garré. Fue un recambio que implicó el pase a retiro de las cúpulas de las tres fuerzas y la expresidenta habló allí de “iniciar una nueva historia”. Cuestionado entonces por su actuación durante la represión de la dictadura y por sus simpatías “carapintadas” durante el gobierno de Alfonsín, Milani dijo que el Ejército debía “acompañar el Proyecto Nacional” conducido por la presidenta.

Dos años después, Milani era despedido con pena y sin gloria. Era el final de un gran equívoco; el de un general que equivocó su lugar en la historia, se excedió en sus expectativas y ambiciones y soslayó las explicaciones que se le pidieron sobre su actuación en el pasado de noche y niebla. En plena campaña electoral, Cristina Kirchner se sacó un peso molesto de sus espaldas sin darle las gracias por los servicios prestados, ni hacer autocrítica alguna por el respaldo y poder que le otorgó durante su gobierno. Ahora, finalmente, Milani debe responder ante la Justicia, sin protección política, procesado y detenido, gracias a la aplicación de la política de derechos humanos, verdad y justicia que el kirchnerismo sostuvo, en este caso, con anteojeras. El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena ordenó su detención imputado por la aplicación de torturas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad de tres riojanos, hechos ocurridos en 1977. En paralelo, en Tucumán, el juez federal Fernando Poviña debe decidir si cabe su procesamiento por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo -está acusado de encubrimiento agravado y falsificación ideológica de instrumento público-, ocurrido durante el Operativo Independencia, en 1976.

¿Por qué Cristina Kirchner no sale ahora a defender a su exjefe del Ejército? Una respuesta inmediata sería, “por la misma razón que lo removió del cargo en junio de 2015”: los costos políticos de salir en su defensa son muy altos y el personaje, definitivamente, ha caído en desgracia. Pero al no hacerlo también está reconociendo implícitamente el error de haberlo promovido. Y es sabido que CFK no reconoce errores: los interpreta como debilidad. Pero hay otras razones tal vez de mayor peso que explican la soledad del otrora poderoso militar. Es que el teniente general retirado César Milani tiene una Caja de Pandora. En primer lugar, por la información que ha recogido a lo largo de más de una década, manejando sin controles los resortes de la inteligencia estatal. Y en segundo lugar, por lo que representa como trayectoria: un militar consustanciado con la legitimidad de la “guerra contra la subversión” en los ’70 y con los levantamientos carapintadas durante el gobierno de Alfonsín en los ’80, beneficiado por la obediencia debida y que respaldó los indultos de Menem. Una corriente levantisca dentro de las Fuerzas Armadas que fue superada en los años 90 por la gestión del general Martín Balza (fin del “carapintadismo”, autocrítica, profesionalismo y apego al Estado de Derecho) fue reflotada de manera insólita por el kirchnerismo al promover a Milani y otorgarle amplios poderes.

Curiosamente, su defensa pide llamar a declarar como testigos a Graciela Fernández Meijide, integrante de la Conadep, y a Ricardo Gil Lavedra y León Arslanián, camaristas del Juicio a las Juntas. Acaso en busca de un fiel de la balanza que ponga en contexto los delitos en los que está imputado Milani. Tanto menospreciaron la doctrina de los niveles de responsabilidad que elaboró Alfonsín en 1983 para encarar los juicios –que no era justamente para consagrar la impunidad sino para acabar con ella-, y ahora terminan buscando cobijo en ella para relativizar su participación temprana en aquellos hechos, en cumplimiento de órdenes superiores.

Lo último que querría el peronismo es abrir esos expedientes y debates: la responsabilidad de Montoneros y de la Triple A durante el gobierno constitucional de Isabel Perón y la posición ambigua del peronismo, en el ’83, sobre la autoamnistía de los militares del Proceso. Cuarenta años después, los delitos de lesa humanidad se siguen esclareciendo y quedan deudas por saldar. Casi treinta años después del primer levantamiento carapintada contra el primer gobierno democrático, Milani se encuentra hoy en el mismo lugar que jamás imaginó volvería a pisar, en este caso, como detenido por aquellos crímenes imprescriptibles. El regreso de lo reprimido, por la acción de la Justicia, tiene en este caso una acción curativa para la república. Y ventila algunas otras cuestiones incómodas en tributo a la memoria y la verdad histórica.

Era el final de un gran equívoco; el de un general que equivocó su lugar en la historia, y soslayó explicaciones sobre su actuación en el pasado de noche y niebla.

Su defensa pide llamar a declarar como testigos a Graciela Fernández Meijide, integrante de la Conadep, y a Ricardo Gil Lavedra y León Arslanián, camaristas del Juicio a las Juntas.