Arranca la batalla por el control de los servicios públicos en Neuquén

El gobernador Omar Gutiérrez busca cerrar una deuda con los servicios públicos neuquinos que arrastra un cuarto de siglo. Si el proyecto del Ente Regulador de Servicios Públicos, que por estas horas se redacta, consigue ser aprobado tras su presentación el próximo 1 de marzo se abrirá una nueva época para las prestaciones de luz, agua y saneamiento y transporte. Sin embargo la batalla con los poderes concedentes, que en la provincia son municipales, anticipa un camino complicado para un organismo que ya tuvo varios fracasos en el pasado.

Según pudo reconstruir “Río Negro Energía” el gobierno trabaja en un nuevo proyecto. La última propuesta, que circuló durante el gobierno de Jorge Sapag, estuvo a cargo de Nicolás Salvatori
–expresidente del EPEN– y no incluía al transporte público. La nueva redacción, que poco tomaría del anterior documento, está a cargo del área de regulaciones de Provincia pero bajo la pluma del hermano del gobernador, Pablo Gutiérrez Colantuono, abogado especializado en derecho administrativo y mano derecha del mandatario provincial.

La iniciativa tomó por sorpresa al ministerio de Energía y Servicios Públicos, a cargo de Alejandro Nicola, que de todos modos venía trabajando en los contratos de concesión del EPAS con Villa La Angostura y Neuquén capital (este último por ahora congelado), lo que fue uno de los disparadores del nuevo proyecto. Los constantes cruces entre el intendente Horacio Quiroga y los funcionarios del EPAS por las pérdidas cloacales en la capital provincial derivaron en la confección de un marco que ordene y regule el servicio.

Pero la creación del ente apunta a dar un paso más allá de los contratos de concesión. Neuquén es una de las pocas provincias del país que no tiene un organismo de control de los servicios públicos. El último intento que tuvo sanción de la Legislatura fue el marco regulatorio para la energía eléctrica (ley 2025) pero nunca se reglamentó, justamente porque avanzaba sobre las facultades de los poderes concedentes.

Una de las líneas sobre las que se trabaja ahora es la conformación del cuerpo del ente. Al ser un organismo de control, además de la autarquía, necesita que sus miembros estén legitimados al ser designados con independencia. El proyecto que se elabora piensa en tener cargos concursados e incluir la participación ciudadana en las decisiones. También se piensa en la representación de los poderes concedentes, algo que de todas maneras no termina de allanar el conflicto de intereses.

Mapa de los servicios

La idea de tener un organismo de control no cae bien en el sector privado. Generalmente las empresas consideran que se trata de organismos burocráticos que
–entienden– perjudican más de lo que lo mejoran. Además el mapa de los servicios públicos neuquinos guarda en si mismo una complejidad difícil de armonizar porque además de firmas privadas, intervienen cooperativas y empresas del Estado provincial.

Si se hace un zoom en ese mapa, se verá que por cada servicio la multiplicidad de prestadores se dispara y los temas a ordenar parecen casi interminables. En la capital neuquina por ejemplo el servicio eléctrico lo presta CALF, el de transporte Autobuses Santa Fe y el de agua y saneamiento, el EPAS. Pero en otras localidades una misma cooperativa puede prestar dos o más servicios o que coexistan varias cooperativas.

El caso se complejiza con las empresas provinciales porque en los casos donde son distribuidoras no tienen organismo de control. En este punto, más allá de la forma que adquiera el ente, el riesgo de que el Estado controle al Estado le quita objetividad a la regulación. Sin embargo el tema parece perder peso en las discusiones ya que –pese a estar ordenado por la Constitución provincial– actualmente solo CALF y Copelco tienen entes reguladores –personal nombrado por los municipios– y el resto no. La cuenta parece sencilla: cualquier control es mejor a no tener ninguno.

Regionalización de tarifas

De todas las variables a analizar el ente regulador tendrá un gran tema: las tarifas. La federación que nuclea a las cooperativas de la provincia (Fecoes) celebró que se presente un proyecto para crear un ente regulador. De hecho la asociación envió una propuesta de ley propia para la creación de un organismo de control pero –aseguraron– “nunca pasó de las comisiones”.

El tema de las tarifas es central para las prestadoras. Las boletas de los servicios, sobre todo las eléctricas, tienen un impacto directo en el bolsillo de los vecinos de cada localidad. En épocas electorales los aumentos tarifarios pueden tener efectos en las urnas. Por esto las distribuidoras ven con buenos ojos discutir los valores del servicio con un organismo técnico y autónomo que escape a las coyunturas políticas.

Más allá del costado político de las tarifas se abre un segundo tema: la dispersión de valores dentro de la provincia. La semana pasada este suplemento publicó un informe donde se daba cuenta de los valores que manejan las cinco distribuidoras eléctricas de Neuquén. Pese a que los cooperativistas rechazan una unificación de tarifas y argumentan que cada localidad tiene su propia dinámica, el ente regulador no podría hacer caso omiso a diferencias de dos o tres veces más para un mismo consumo residencial. O tampoco convalidar la sideral distancia que tienen dos cooperativas con el resto de las distribuidoras para el servicio de reparticiones públicas, un esquema que alcanza –por ejemplo– a la escuela pública.

Si bien tender hacia una tarifa unificada hoy parece una utopía, ciertamente una de las tareas del organismo será la de equilibrar esos valores.

Neuquén es una de las pocas provincias que

no tienen un ente de control para los servicios públicos. La mayoría lo instrumentó durante los 90.

En números

El organismo tendrá

la facultad de fijar tarifas, controlar la calidad del servicio

y realizar multas ante los incumplimientos de las prestadoras.