Quién es quién en el caso Nisman

Viviana Fein, ex fiscal a cargo de la investigación por la muerte de Nisman, hasta diciembre del 2015 cuando la jueza del caso, Fabiana Palmaghini, la desplazó. Fein inició sus trámites de jubilación en abril del 2016. Su último dictamen establece que Nisman se suicidó.

El curso de su investigación siempre estuvo teñido por tironeos y cruces con la querella impulsada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal. Hubo un pedido de recusación de Fein por parte de la madre de las hijas de Nisman que fue desestimado por la jueza Palmaghini. Sin embargo, un mes antes de cumplirse el primer aniversario de la muerte, Palmaghini corrió a Fein y tomó el control de la pesquisa hasta el 11 de marzo del 2016, cuando se declaró incompetente.

Fein fue acusada por Palmaghini por falsificación de documento público y violación de los deberes de funcionario público luego de la declaración en tribunales del ex espía Antonio “Jaime” Stiuso, quien -días después- afirmó en los medios que la fiscal había omitido parte de sus declaraciones.

Fabiana Palmaghini, titular del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción 5. Terció entre los tironeos entre Arroyo Salgado y Fein. Apuró a la ex fiscal para que adoptara medidas en la causa y criticó algunas de sus decisiones. Si bien sostuvo a Fein cuando la ex mujer de Nisman la recusó, luego la corrió y tomó ella misma el control de la investigación, poco antes del primer aniversario de la muerte. Tomó declaración al ex espía Antonio “Jaime” Stiuso y no advirtió que el ex director de Operaciones de Inteligencia hizo afirmaciones contrapuestas en sus dos visitas a tribunales (Stiuso primero dijo que no sabía nada de Nisman y luego que fue asesinado).

Poco después de entrevistar a Stiuso, Palmaghini se declaró incompetente y pasó la causa a la Justicia federal.

Palmaghini denunció penalmente a la fiscal Fein por irregularidades en la primera testimonial de Stiuso. También acusó al ex secretario de Seguridad Sergio Berni de haber contaminado la escena de la muerte de Nisman, en su departamento de las torres Le Parc.

Julián Ercolini, juez federal designado en septiembre pasado por la Corte Suprema para seguir el caso Nisman.

Ordenó entrecruzar los teléfonos del ex secretario general de la Presidencia Aníbal Fernandez, del ex jefe del Ejército César Milani, de la ex ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez y del ex secretario del área Sergio Berni para establecer cómo se sucedieron los hechos cuando se conoció la noticia de la muerte de Nisman y se peritó la escena en la que fue hallado el cuerpo.

Eduardo Taiano, fiscal a cargo de la investigación del caso Nisman.

Se hizo cargo de la causa luego de que el expediente pasara al fuero federal.

En diciembre pasado emitió un dictamen en el que opinó que “es altamente probable” que la muerte de Nisman tenga que ver con su actuación al frente de la Unidad Fiscal que investiga el atentado contra la AMIA.

Pidió al juez Ercolini que amplíe el objeto procesal de la causa, hasta ahora caratulada como muerte dudosa, y que investigue por posible incumplimiento de sus deberes a Fein, a Berni, al juez Manuel de Campo (el primero que tomó la causa por breves días) y al ex jefe de la Policía Federal, Román Di Santo.

Diego Lagomarsino, especialista en informática y empleado de la UFI AMIA. Mantenía una cercana relación con Nisman, que incluyó un abultado contrato en la fiscalía. Está imputado por haberle entregado a Nisman el arma que lo mató. Es la última persona que lo vio con vida, según lo que hasta ahora pudo acreditarse en la causa. Lagomarsino se presentó a declarar espontáneamente ante Fein el 19 de enero del 2015 y contó que Nisman le había pedido una pistola para defenderse. Enfrentado a Arroyo Salgado, Lagomarsino deslizó la teoría de que Nisman haya sido “obligado” a suicidarse.

Fue denunciado por presunto lavado de dinero a partir del descubrimiento de una cuenta en el banco Merrill Lynch de Nueva York, que compartía con la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y con la hermana, Sandra Nisman, y en la que el fiscal muerto figuraría como apoderado.

Meses después de la muerte de Nisman, en una entrevista para la televisión española, Lagomarsino aludió a una cuarta teoría: “Todos hablan de tres hipótesis, ¿y qué pasa si se la pegó jugando?”, preguntó.

Sandra Arroyo Salgado, ex esposa, jueza federal de San Isidro. El 18 de enero de 2015 estaba en España.

Está convencida de que Nisman fue asesinado y que el crimen fue “planificado con mucha sofisticación”. Cuestionó la investigación llevada adelante por la fiscal Viviana Fein. Como querellante, recusó a la fiscal por falta de imparcialidad y reclamó desde un principio que la causa fuera tramitada en el fuero federal. También apuntó contra Lagomarsino por considerar que “oculta cosas”.

Jaime Stiuso, ex director general de Operaciones de la disuelta SIDE. Fue echado de la agencia a fines de 2014 por orden de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ingresó a la SIDE durante la dictadura, pero su rostro recién se conoció en el 2004 cuando el entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz mostró una foto suya y le endilgó ser parte de una estructura que manejaba el poder desde las sombras.

El ex presidente Néstor Kirchner lo puso a trabajar junto a Nisman en 2004 en la flamante Unidad Fiscal AMIA .

Un mes después de la muerte de Nisman declaró como testigo en la causa y dijo que no sabía nada de la muerte de Nisman, que lo asombró y que hacía meses que no lo veía. Luego salió del país.

Un año después, en febrero del 2016, Stiuzo volvió a declarar ante la jueza Palmaghini y aseguró que a Nisman “lo mató un grupo relacionado con el Gobierno”.

Sergio Berni, ex secretario de Seguridad de la Nación. Fue de los primeros en llegar al domicilio de Nisman. Cuestionó a Fein por haber filmado la escena de la muerte antes de corroborar si el fiscal todavía estaba con vida.

Berni fue citado al Congreso para explicar su accionar ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, pero no fue. La jueza Palmaghini lo acusó de contaminar la escena.

El fiscal Eduardo Taiano, actualmente a cargo de la investigación, pidió al juez Julián Ercolini que amplíe el objeto procesal de la causa, que hasta ahora estaba caratulada como muerte dudosa, y que investigue por posible incumplimiento de sus deberes a Berni (junto a Fein, al juez Manuel de Campo y al ex jefe de la Policía Federal, Román Di Santo).

Taiano sostiene que el baño de Nisman se mantuvo “prácticamente incólume”, pero que por el resto del departamento transitaron unas 60 personas, la mitad sin ninguna función en el caso, pocas horas después de descubrirse la muerte del fiscal.

Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación y Héctor Timerman, ex canciller. Ambos fueron acusados por Nisman por el delito de encubrimiento, por entender que el Memorandum de Entendimiento con Irán, firmado el 27 de enero de 2013, era parte de una estrategia para desvincular a los iraníes que tenían pedido de captura por el atentado a la AMIA de 1994.

El caso fue cerrado por el juez Daniel Rafecas, quien consideró que el Memorandum nunca entró en vigencia y que las afirmaciones de Nisman en su denuncia no estaban plasmadas en la realidad: no se levantaron las capturas con alertas rojas de los sospechosos iraníes, no se armó una nueva pista sobre el atentado y tampoco hubo intercambio de petróleo por granos entre Irán y Argentina. Lo avaló la Cámara Federal.

El mes pasado, la Sala I de Casación Penal ordenó reabrir la denuncia del fiscal, apartó al juez Daniel Rafecas del expediente y ordenó sortear nuevamente la denuncia, que recayó en el juez federal Ariel Lijo.

Andrés Larroque, jefe de La Cámpora y diputado nacional.

Nisman lo acusó de ser el “articulador” del plan.

Fernando Esteche, líder de Quebracho. Fue denunciado por el fiscal Nisman como integrante de la red de encubrimiento en la causa AMIA y con fuertes vínculos con Jorge Yussuf Khalil, dirigente iraní.

Luis D’Elía, ex piquetero y dirigente kirchnerista. Para Nisman, fue el “interlocutor oculto” con los iraníes y el encargado de transmitir la “desazón” de Irán por la vigencia de las notificaciones rojas de Interpol.

Aníbal Fernández, ex secretario general de la Presidencia.

Fue el primero en cruzar desde el gobierno la acusación de Nisman contra Cristina.

Fernández consideró que la denuncia constituyó “un manotazo de ahogado”, acusó al fiscal de responder “a otras estructuras de Inteligencia” y vinculó la embestida de Nisman con el desplazamiento de Antonio “Jaime” Stiusso de la ex Secretaría de Inteligencia.

Tras conocerse la muerte de Nisman, Fernández recargó los dardos contra Stiuso y consideró que se trató de un “vuelto” por haber sido desplazado de su puesto en Inteligencia, al tiempo que apuntó la mirada en contra de Diego Lagomarsino.

Fernández no apareció directamente mencionado en el texto de la denuncia de Nisman que se encontró en su departamento el día de su muerte, sino que que tiempo después fue señalado por Stiuso como unos de los autores de la muerte del fiscal.