Prometen 400 policías a disposición de la Justicia para la reforma penal

El gremio Sitrajur advirtió que no habrá personal suficiente para el Ministerio Público, porque los agentes no quieren pasar a un ámbito de “persecución”.

La Comisión Interpoderes repasó ayer la puesta en marcha de la reforma procesal penal y la reunión dejó dos datos salientes: la Jefatura policial prometió 400 efectivos para las futuras tareas de investigación de los fiscales, y el gremio judicial alertó que no habrá personal suficiente en los organismos del Ministerio Públicos, exponiendo diferencias internas en el Poder Judicial.

La Comisión apura el análisis de los proyectos de reformas para el futuro Código Procesal Penal: son las leyes orgánicas de la Justicia, del Ministerio Público y de la Policía. Ayer se aceptó la iniciativa policial y quedó para el 10 y 11 de noviembre la búsqueda de consensos para los textos de las otras dos iniciativas.

La presidenta de Interpoderes, Tania Lastra fijó los plazos: en noviembre deben estar acordados los proyectos para su pase al Poder Ejecutivo, que los elevaría inmediatamente a la Legislatura –con acuerdo de ministros– para única vuelta y su aprobación en diciembre. Todo debe ser rápido, considerando que la aplicación de la Reforma Procesal está prevista para el 1 de marzo próximo.

En el encuentro participaron Lastra, la presidenta del STJ, Liliana Piccinini; la procuradora, Silvia Baquero Lazcano; el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; el jefe de la Policía, Mario Altuna; el titular del Colegio de Magistrados, Héctor Leguizamón Pondal y, entre otros, una representación de Sitrajur, encabezada por su secretario general, Pablo Barreno. El debate lo abrió el vicegobernador Pedro Pesatti, que luego se retiró.

Pérez Estevan y Altuna defendieron la reforma policial, centrado en la creación de un escalafón de investigación, destinado al trabajo con los fiscales. Esa policía judicial seguirá dependiendo de la Jefatura, por lo cual, la Procuradora advirtió ciertos riesgos operativos, entre ellos, la movilidad de los efectivos afectados a las investigaciones. Altuna ratificó el esquema de traslados periódicos, con promesas de consideraciones. Lastra requirió precisión sobre los efectivos para investigaciones, y ante eso se estimó que serán unos 400, que “tendrían otro uniforme”, anticipó Altuna. El fiscal Gustavo Herrera entendió que inicialmente era un número apropiado en el esquema diseñado en el Ministerio Público.

La inaugural participación de Sitrajur alertó sobre problemáticas laborales. Barreno interrogó por el presupuesto para su implementación, y advirtió que el personal no quiere pasar a las fiscalías por la “persecución” de la Procuradora. Piccinini respondió que ese rechazo del personal no era cierto y reprochó a Barreno traer esos problemas a Interpoderes. Las reprobaciones y chicanas se sucedieron, sin participación de Baquero Lazcano. En cambio, Lastra medió recordando que la Comisión se concentra en las normas necesarias y esas discusiones no correspondían a ese ámbito, a pesar de ello prometió a Sitrajur darle participación a su problemática en la próxima reunión.

Los pasos que faltan para la implementación

Problema propio

Por Adrián Pecollo

adrianpecollo@rionegro.com.ar

Quedan menos de 100 días –más de cuatro meses, menos feriados y feria– para la implementación de la Reforma Procesal, el 1 de marzo próximo.

La Legislatura debe aprobar tres leyes para modificar pautas en la Justicia, Ministerio Público y la Policía. Su tratamiento se prevé para antes de fin de año.

La Jefatura prometió un equipo de 400 investigadores policiales, bajo su dependencia, que asistirán a los fiscales en su nueva función. La reforma de la fuerza fue consensuada en Interpoderes.

La Justicia fijará nuevas tareas a unos 250 agentes, hoy en juzgados y cámaras penales. En cambio, el Ministerio Público requerirá de una cantidad similar, pero su pase no parece nada sencillo.

El STJ presentó su proyecto de adaptación –con 168 artículos– y el del Ministerio Público. Ambos serán analizados en Interpoderes en noviembre.

La marcha hacia la reforma también exige readecuaciones edilicias, informáticas y capacitación.


Datos

La irrupción de Sitrajur en Interpoderes blanqueó un tema irresuelto: la readecuación de funciones de los agentes en la Justicia, alcanzado por la reforma procesal.
Los cambios funcionales liberarán al personal de juzgados y tribunales penales, y habrá necesidad de ellos en el Ministerio Público. El STJ asegura que todo está encaminado, pero el gremio afirma que los judiciales rechazan ese traspaso.
La resolución, tal vez, podría ser menos compleja pero se complica frente a la mala o inexistente interrelación de los actores del Poder Judicial. Eso quedó bien plasmado ayer con la conducción gremial cruzando críticas con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini y, por el otro lado, la Procuradora, Silvia Baquero Lazcano ignorando reproches. Incluso cuando el secretario general, Pablo Barreno le enrostró que mientras no tiene resueltos los concursos, sí pudo designar a su hijo.
Así, bajo ese clima, ese Poder debe zanjar la refuncionalidad laboral.
“Ese tema lo deberá resolver la Justicia”, se separó –con razón– la presidenta de Interpoderes, Tania Lastra.
Un problema bien propio, que requiere un tratamiento bien interno.

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