Fin al escándalo de las tierras en Villa Nahueve

El Ejecutivo neuquino desarticuló el irregular loteo de Villa Nahueve que involucra a funcionarios locales y provinciales. A través de un decreto reconoció las 46 hectáreas, en la zona del paraje Los Carrizos, en favor de la familia Sepúlveda que las reclamaba desde 1949. Además anula una cesión de 2010 en favor de la Comisión de Fomento por parte de la subsecretaría de Tierras.

La zona se revalorizó con el proyecto para la construcción de una represa hidroeléctrica, que incluye un embalse con aprovechamiento recreativo y zonas irrigables. La semana pasada Nación habilitó la toma del crédito por u$s 15 millones para la presa.

La familia Sepúlveda, que cuenta con el título de propiedad del lote contiguo, consiguió este año una medida cautelar del TSJ para que cesen las construcciones en el lugar, sin embargo la resolución de “no innovar” no se cumplió. En paralelo el presidente de la Comisión de Fomento, Carlos Burgos, denunció la venta irregular de terrenos por parte su antecesor (Héctor Latorre), pero pidió que no se frenen las obras en un sector donde se desarrollaba un loteo social con fondos del ex Ministerio de Planificación Federal.

La denuncia de Burgos, que calcula la venta de unos 180 lotes, causó un gran impacto al conocerse que entre los compradores aparecían los intendentes de Chos Malal, Hugo Gutiérrez, y de Andacollo, Ariel Aravena, el presidente de Cormine, Martín Irigoyen, y el exvocal del CPE, Bernardo Olmos . Aseguró que los terrenos se pagaron a precio vil.

El diputado Mariano Mansilla, que también denunció irregularidades, visitará hoy el lugar para realizar una “recuperación simbólica”.

Tierras en la mira

El origen del conflicto sobre las tierras, identificadas como Lote 32, se originó en 2010 cuando la subsecretaría de Tierras reservó en favor de la comisión de fomento de Villa Nahueve el terreno en cuestión (Disposición 150/10). Aquella reserva quedó condicionada a la ampliación y desarrollo de un proyecto de ordenamiento a cargo del Copade, que no prosperó.

El decreto (1391/16), firmado por el gobernador Omar Gutiérrez y el ministro Jorge Lara, hace una dura crítica al accionar de la subsecretaría de Tierras al entender que la parcela siempre estuvo reservada y ocupada por la familia Sepúlveda. Resalta que el reclamo administrativo acumuló 69 años lo que viola el principio de razonabilidad.

La resolución hace lugar al recurso administrativo de la familia, representada por Antonella Tessa, Claduia Braceras y Francisco Lépore, declara la nulidad de la disposición 150/10 y ordena escriturar en favor de los reclamantes.

Los considerandos apuntan con dureza al accionar de Tierras al señalar que incurrió en graves vicios administrativos al ceder el lote.

Un decreto con fuertes críticas

es el valor que se pagó por cuatro hectáreas. Según dijo Burgos en su denuncia lo adquirió

un concejal de Rincón de los Sauces.

$ 3.500