Media sanción para la emergencia pública por violencia de género

El Senado aprobó anoche por unanimidad el proyecto de ley que declara “la emergencia pública por violencia de género” en todo el territorio nacional, con lo cual se busca frenar y revertir el número de víctimas originadas por este flagelo.

La iniciativa, de autoría de la senadora riojana Hilda Aguirre (bloque PJ FpV), ahora pasa a la Cámara baja para su tratamiento. Fue aprobada por 51 senadores presentes, sin oposición alguna, y, entre otros aspectos, habilita la reasignación de “partidas presupuestarias” para implementar medidas de prevención.

“Era una necesidad imperiosa, cuando las cifras continúan siendo abrumadoras con un femicidio cada 30 horas. Las políticas públicas resultan insuficientes, los instrumentos específicos carecen de financiación y se le ha otorgado a esta problemática un espacio insuficiente en la agenda prioritaria de los órganos de gestión”, dijo la senadora la senadora rionegrina Magdalena Odarda (Frente Progresista CC ARI), una de las impulsoras del proyecto.

En su intervención en el recinto, Odarda reconoció el trabajo de las “mujeres de Río Negro, al Movimiento de Mujeres Bariloche que mantuvo la bandera de la emergencia nacional y provincial a través de los años. Al Concejo Municipal de Bariloche y Viedma que tienen su ordenanza o la tendrá en pocos días. A todas las redes y organizaciones de mujeres de mi provincia”.

La senadora reconoció que la ley 26.485 significó “un avance en la lucha contra las violencias hacia las mujeres en nuestro país” porque propuso “un abordaje integral”, un “cambio de mirada”, pero consideró que aún no se destina el financiamiento necesario para solucionar la problemática.

Además señaló la falta de registros oficiales y centralizados. “Los únicos datos disponibles son lo que produce desde el año 2009, el Observatorio de femicidios “Marisel Zambrano” de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, que elabora informes a partir de los datos de las agencias informativas y diarios”, destacó.

Recordó que, en el 2012, el Consejo Nacional de las Mujeres y el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) firmaron un convenio para elaborar un registro único de casos de violencia contra las mujeres en todo el país, pero éste no se ha realizado aún.

La Emergencia Pública por Violencia de Género también apunta a fomentar la articulación entre las distintas provincias, la capacitación de operadores de salud y funcionarios judiciales, policiales y administrativos en el sentido de proceder adecuadamente ante estos casos de violencia.

La propuesta establece la asignación de una ayuda económica mensual, equivalente a un salario mínimo vital móvil, para aquellas mujeres que se encuentren en situación de violencia de género que debe ser otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante todo el tiempo que las víctimas se encuentren fuera de sus domicilios y hasta tanto se reinserten laboralmente.

La semana pasada, miles de personas en todo el país reclamaron medidas contra la violencia de género en el país, en el marco de una nueva marcha #NiUnaMenos bajo la consigna “Nos queremos vivas”. En la región, se hizo sentir el pedido de declaración de la emergencia nacional.