Faltan definiciones

UN NUEVO MODELO EN EL QUE

El gobierno de Mauricio Macri se encontró con una herencia peor de la que esperaba.

Es complicado poder obtener resultados positivos en el corto plazo con un déficit fiscal desproporcionado para la corta historia económica Argentina, una distorsión de precios relativos insólita para cualquier país que quiera desarrollarse, un mercado internacional cerrado para conseguir fuentes de financiamiento e inversiones, una inflación que se encuentra entre las cinco más altas del mundo y una economía estancada por la falta de competitividad que arrastraba el modelo nacional y popular.

En el plano social, la situación no da respiro: pobreza creciente y ajustes en el mercado laboral.

Momentos difíciles si los hay.

Frente a este escenario el gobierno, en menos de 90 días desde su asunción, tomó una serie de medidas para intentar corregir todos estos desvíos que, más temprano que tarde, iban a terminar en una crisis de magnitud insospechada.

Macri eligió, pese a que existían otras alternativas, un nuevo camino para la economía del país, donde se proyecta un escenario de rentabilidad para ciertos sectores de la economía que estaban postergados, a la espera de los efectos del derrame sobre todo el sistema. Con este cambio de paradigma económico, el gobierno debe tomar medidas proyectando sus consecuencias y buscando el mal menor tras su aplicación.

Es un tema complejo. Por ejemplo: para todos los docentes es muy importante recibir un aumento salarial del 40%. Esto los pondrá en el lugar que se merecen ya que es indigno el salario que perciben hoy muchos de los maestros del país. Pero esta verdad choca con otra realidad. Subir el piso de haberes en esta magnitud acelerará el actual proceso inflacionario, ya que la demanda agregada es uno de los tantos factores que incide sobre la evolución de los precios cuando la oferta no se adecúa a ella.

Los argentinos nos enfrentamos entonces con un escenario en el que queremos que los docentes ganen lo que se merecen, en el que nuestros hijos comiencen las clases como corresponde y esperando que el gobierno frene el proceso inflacionario que golpea al bolsillo del trabajador. Necesidades o expectativas, que sin dudas chocan entre sí cuando se busca corregir el rumbo del modelo económico.

Otro de los casos que marca esta posición es el acuerdo con los holdouts. ¿Quién puede estar a favor de que Paul Singer gane esta pulseada con el país, que logre miles de millones de dólares sólo con un pase de mano y en medio de un ajuste sobre la clase trabajadora? Pocos son los que pueden avalar esta política. Pero bien, acordar con los acreedores permitiría acceder al mercado internacional de deuda a una tasa razonable y esto, sin dudas, posibilitaría hacer un ajuste mucho menos doloroso para la sociedad argentina, considerando siempre que los nuevos dólares que ingresen en el futuro vayan a infraestructura y/o producción y no a pagar salarios, lo que sería un grave error.

En ambos ejemplos, como en otros tantos, el gobierno debe actuar con mucha sabiduría para poder elegir el mal menor, definido este nuevo modelo económico.

Cambios de paradigma

Un recorrido superficial por las principales medidas adoptadas por el gobierno durante sus primeros meses indica que existe una clara intención de cambiar el eje sobre el que gira la economía nacional. Aunque funcionarios y voceros oficiales sigan al pie de la letra el libreto de la normalización del país y la búsqueda de racionalidad, cosas con las que la mayoría de los ciudadanos estaría de acuerdo, lo cierto es que la articulación del viraje en los objetivos centrales de la política económica se cimienta en al menos tres vectores. El primero de ellos es que la economía nacional dejará de apoyarse en el mercado interno, como base esencial para el desarrollo económico, para buscar sustento en la demanda externa, la inversión extranjera y el endeudamiento. El segundo vector consiste en una redistribución del ingreso en perjuicio de los trabajadores y a favor del capital. El objetivo de volver a poner al país como un atractivo destino para las inversiones extranjeras requiere que los salarios medidos en dólares se tornen más competitivos, y equiparen al menos los niveles que se registran en el resto de la región. Una parte sustancial de ese reacomodamiento de los precios relativos del trabajo ya tuvo lugar con la devaluación del peso, y podría compensarse con las negociaciones paritarias. Las transferencias de recursos al sector primario y agroindustrial, mediante la quita de retenciones, eliminación de impuestos internos y diferenciales de cambio por la devaluación, completan este segundo punto.

Un tercer vector se relaciona con una fuerte apuesta al sector financiero sobre el que ya se tomaron medidas a partir del 10 de diciembre. Esto se debe a que uno de los requisitos para que los inversores extranjeros se decidan por nuestras pampas hace énfasis en que las utilidades obtenidas sean de libre disponibilidad, y en especial que puedan ser remitidas libremente al exterior. Pero previo a ello, el objetivo del gobierno es destrabar el conflicto con los holdouts. Cerrar ese capítulo es la puerta de entrada al mercado de capitales global. En el equipo de Prat Gay saben que revertir los desequilibrios macroeconómicos heredados llevará tiempo, y en el “mientras tanto” está la decisión de volver a financiarse tomando fondos del exterior, dada la buena posición relativa de deuda externa que exhibe el país.

Las medidas

El conjunto de las medidas adoptadas por el gobierno tiene impacto directo tanto sobre la economía real como sobre el sector financiero.

En cuanto a la economía real, la intención de producir un drástico quiebre redistributivo a favor del sector empresario es indisimulable. Con esto se busca volver a generar rentabilidad y atractivos en ciertos sectores de la economía que habían sido relegados durante la administración Kirchner. El combo de eliminación de retenciones al agro (reducción para el caso de la soja) más devaluación superior al 55% provocó una multimillonaria transferencia de riqueza a los exportadores. A ello se suma la liberación de los controles al comercio exterior, tanto para importación como para exportación, y especialmente la quita de retenciones al sector minero, una determinación que no estaba en los planes de nadie, y para el que no existe fundamento ni siquiera en el modelo de los principales países productores de la región como es el caso de Chile o Perú.

En este contexto, el poder adquisitivo de los haberes viene siendo corroído por la inflación desde el mes de noviembre cuando los funcionarios del gobierno ya electo anunciaron la salida del cepo cambiario, y las empresas comenzaron a adelantarse a la devaluación ajustando los precios.

Un reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) en conjunto con la Universidad Flacso estipula que con un 4% de inflación en diciembre del 2015, y 4% adicional en enero de este año (un escenario que condice con las mediciones del IPC Congreso o el IPC San Luis), la caída del salario real desde septiembre último llega al 10% (ver gráfico adjunto). Ello sin contabilizar el fuerte impacto que tendrá desde febrero el aumento de las tarifas sobre la energía eléctrica y el anunciado ajuste del gas y el transporte para antes de junio.

En la concepción del equipo económico, bajar la inflación requiere poner tope a los aumentos salariales en paritarias. “El trabajo es un costo más”, supo decir Mauricio Macri años atrás. Con esa concepción la recuperación de la rentabilidad empresarial está atada a la incidencia de su costo salarial.

La única forma en que los sindicatos soportarían esa dinámica es si lo que está en juego no es el salario, sino el empleo. “Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”, manifestó el ministro de Economía Alfonso Prat Gay en una entrevista a principio de enero.

La llegada de empresas extranjeras dispuestas a desembarcar con proyectos productivos estaría condicionada a que los salarios en Argentina se equiparen a los de Chile o Brasil, los que obviamente son más bajos.

En cuanto al sector financiero, las medidas adoptadas tienden a la desregulación amplia del mercado. Se quitó la exigencia de que las aseguradoras invirtieran una parte de sus fondos en la economía real. Se llevó adelante el Megacanje II. Dicha operación se hizo con letras intransferibles que el Tesoro entregó al Banco Central a cambio de dólares para cancelar deuda con el FMI en el 2006 y con privados en el 2010. Esta deuda se convirtió en Bonar 2022, 2025 y 2027, y el canje significó transformar pasivos intra sector público con una tasa cercana al 0%, en deuda con el sector privado; con una tasa del 7,8% y por un monto global que asciende a 5.000 millones de dólares en un primer tramo y totalizaría 16.000 millones sobre el fin del canje. Esta medida mejora los balances del BCRA pero endeuda al tesoro con tasas altas en dólares.

La eliminación de los encajes y la reducción de los plazos de permanencia de los fondos especulativos privados de 365 a 120 días fue otra de las medidas tomadas por el gobierno que busca incentivar la entrada de inversiones.

Pobreza cero

“Alcanzar el objetivo de la pobreza cero llevará tiempo”, manifestó en estos días un especialista allegado al gobierno. Naturalmente, no se puede exigir al gobierno resultados mágicos en el poco tiempo que lleva al frente del país, ni tampoco puede achacárseles a las medidas adoptadas el cúmulo de personas que desde hace años tiene sus necesidades insatisfechas.

Sin embargo, llama la atención que al tiempo que se declama el objetivo de erradicar la pobreza extrema, ninguna de las medidas anunciadas hasta el momento (ver listado) apunta de manera directa a atacar el flagelo. Ni siquiera la actualización anunciada en las asignaciones familiares cumple plenamente con esta condición, ya que beneficia a los trabajadores registrados, quienes en su mayoría no se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.

Desde hace años, ante la ausencia de estadísticas oficiales confiables, el centro Cifra realiza una medición alternativa de la pobreza. Dicha estimación estipulaba a fines del 2015 que el 19,4% de la población era pobre y el 4,5% era indigente. Pero en el referido informe publicado en conjunto con Flacso estiman que, con inflación de 4% + 4% en diciembre-enero, la pobreza ya alcanza el 22,1%, mientras que la indigencia asciende al 4,9%. El dato implica un escenario difícil de digerir: más de un millón de nuevos pobres, en apenas dos meses de gestión del nuevo gobierno.

Significa además, que el horizonte de pobreza cero no sólo es difícil de alcanzar sino que, sólo con las medidas económicas tomadas, se aleja.

Al menos por ahora.

Diego Penizzotto

dpenizzotto@rionegro.com.ar

Javier Lojo

jlojo@rionegro.com.ar