Frenan onerosa compra de alimentos para Desarrollo Social

El estado compra caro

La costosa licitación de la compra alimentos de Río Negro originó ayer la actuación de la Fiscalía de Investigaciones, que concurrió a Desarrollo Social y retiró el expediente para su análisis. En el gobierno provincial se recurrió a un inicial silencio mientras se paralizaba el trámite para su tardía revisión frente a la repercusión pública de la operación.

Además, en lo político, la oposición reaccionó con fuertes críticas. En el oficialismo se advirtieron voces para despegarse de la decisión.

Ayer, DeViedma publicó que la provincia licitó 30.000 módulos alimentarios, integrado con 17 artículos, y que avanzó en su adquisición por 14,6 millones de pesos. El monto de la compra es realmente alto porque significa un desembolso entre un 35% a 45% superior a los precios del mercado minorista. (ver nota)

En la mañana, el fiscal de Investigaciones, Marcelo Ponzone intervino de oficio y dispuso el retiro de la documentación de Desarrollo Social, que cumplió su secretario Sergio Ajalla. La transacción pertenece a ese Ministerio, pero la licitación fue realizada por la Subsecretaría de Suministros, a cargo de Gabriel Vouillat, que depende de Economía.

Obviamente, cada responsable procuró rapidamente despegarse de la decisión gubernamental en la adquisición en esos altos valores.

La Contaduría General, como órgano de control externo, también participó de la licitación y en la preadjudicación. Pero, en el organismo, que conduce Juan Kohon, se explicó que su actuación se concentra exclusivamente en “el análisis técnico y legal”, pero “no evalúa la oportunidad y la razonabilidad” de los precios. Reafirmó que esa evaluación pertenece a la cartera compradora, en este caso, a Desarrollo Social.

La falta de un registro de “precios indicativos” en Suministros es una carencia que Contaduría reconoce para disponer de un “buen sistema”, que permita un efectivo cruzamiento y compulsa de valores.

Mientras tanto, el gobierno provincial busca una respuesta creible a la cuestión. El ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli hablará hoy de la operación aunque la primera reacción fue paralizar todo ya que el Estado no había formalizado la transacción, con la tradicional emisión de la orden de compra por parte del organismo.

Hasta ahora, Galli no ha firmado y la rúbrica por Desarrollo Social -entre ellas, en el acta de la Preadjudicación en favor la empresa Organización Don Tomas- correspondió a la subsecretaria de Suministros del Ministerio, Mariela Tetti.

Por su parte, entre los cuestionamientos, la diputada nacional María Emilia Soria publicó su “indignación” en el Facebook, planteando que “con el monto que el gobierno pagó de más” se podría “asistir otras 10 familias”. Recordó que esos “fondos son nuestros” y se podrían haber destinado “esos 4,5 millones de pesos en mejorar la calidad de vida de los rionegrinos”. Consideró, “en el mejor de los casos que se trata de un efecto negativo de la burocracia” o que “hubo una falta en la cotización”. También agregó la posibilidad de “sospechar que hubo cierto interés en la operación” y que el monto de” más tiene otros destinos”.

DeViedma