Acuerdo de colaboración entre el STJ y la Nación

REGIONALES

Acceso a la Justicia de personas con discapacidad. Con ese objetivo el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá el intercambio de información, la promoción y difusión de actividades entre ambos organismos.

El acuerdo fue suscripto por la presidenta del STJ, Adriana Zaratiegui, y la subsecretaria de Acceso a la Justicia del organismo nacional, María Florencia Carignano, en la sede de esa cartera.

Tras el acto del que participaron autoridades nacionales, Zaratiegui sostuvo que se inicia un camino de ampliación de derechos al destacar la importancia de este tipo de colaboración. Por su parte, Carignano remarcó que “el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia -Adajus- institucionaliza el trabajo que ya se viene haciendo para que venga quien venga, no se pueda tocar, y da herramientas a las provincias para que puedan desarrollar su propio sistema”.

El convenio tiene como objeto la cooperación y asistencia entre los organismos a los efectos de desarrollar actividades y proyectos conjuntos tendientes a eliminar las barreras que restringen el acceso a la justicia en materia de discapacidad, fortaleciendo y ampliando las políticas de acceso a la justicia actualmente desplegadas, sobre todo aquellas destinadas a los sectores más vulnerables de la población.

Además se informó que el STJ de Río Negro, a través de la acordada 02/15, adhirió en todos sus términos al Protocolo para el Acceso a Justicia de las personas con discapacidad en el ámbito del Poder Judicial y asumió compromisos estructurales que serán graduales.

La intención de ese Protocolo es promover el acceso a justicia de las personas con discapacidad, mediante la toma de conciencia por parte de los operadores y las operadoras del sistema, sobre las barreras que obstaculizan la participación directa e indirecta de aquellas en los procedimientos judiciales, y específicamente se circunscribe a la remoción de las barreras socioculturales; entendidas éstas como la suma de las barreras actitudinales (prejuicios y discriminación existentes en la sociedad y en las instituciones) las barreras lingüísticas y la falta de “toma de conciencia” de las personas que operan en el sistema judicial.

La Acordada 02/15 del STJ también incorpora en la capacitación de Magistradas, Magistrados, funcionarios, funcionarias y personal del Poder Judicial, las directrices emanadas del mencionado Protocolo, a fines de su debida internalización y puesta en práctica en la atención especializada.

Desde el STJ también se recordó que ese Protocolo ha sido ya difundido y replicado en las cuatro Circunscripciones Judiciales, en forma conjunta por el Programa ADAJUS y la Oficina de la Mujer de este Poder Judicial.

DeViedma