Opacidad garantizada

La mayoría está convencida de que nunca sabremos cómo murió el fiscal Alberto Nisman. No hay motivos para suponer lo contrario. Aunque es más que probable que una de las hipótesis que se han ensayado refleje lo que realmente sucedió, será imposible probarlo no sólo porque hay muchos intereses políticos en juego sino también porque la investigación que enseguida se puso en marcha ha resultado ser inverosímilmente torpe. Sería injusto culpar a la fiscal Viviana Fein por la forma poco profesional con la que ha manejado el caso más importante de su carrera judicial –se encargó de él a regañadientes cuando estaba a punto de jubilarse y tuvo que cancelar un viaje en crucero que tenía planeado–, ya que a nadie le hubiera sido dado superar deficiencias que son sistémicas y que pueden encontrarse en todas las instituciones del país, pero no cabe duda de que su desempeño ha contribuido al escepticismo que tantos sienten. Fue de prever que la muerte, en circunstancias extrañas, de Nisman desbordara a los responsables de investigarla. Y, en efecto, desde el primer momento personajes como el secretario de Seguridad Sergio Berni, policías y funcionarios judiciales, además de la madre del fallecido y un cerrajero, se instalaron en la escena de un presunto crimen, de tal modo haciendo más difícil la tarea que les aguardaba a los investigadores serios. Puede que haya exagerado la testigo Natalia Fernández, una chica joven que asistió al inicio de la pesquisa a instancias de la Prefectura, al decir que había una cincuentena de personas que “tocaban todo” en el departamento, pero que ello haya sucedido no sorprendería a nadie. Parecería que aquí es habitual que, al producirse una muerte sospechosa, muchos individuos se esfuercen por asegurar que nunca sea aclarada, tal vez por entender que no les convendría del todo correr el riesgo de verse acusados de poner en apuros a algún que otro poderoso. Tampoco ayuda el que tanto en el Poder Judicial como en distintos organismos de seguridad estén librándose internas furiosas, de las que las más virulentas pueden atribuirse a los intentos de los militantes del oficialismo, entre ellos la procuradora general Alejandra Gils Carbó, de subordinar todo a la voluntad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por ser la Justicia politizada un oxímoron, los eventuales fallos relacionados con el caso, si es que en una fecha futura algún juez se anima a declararlo resuelto, sólo convencerán a quienes quieran creer que son definitivos. Mientras que a los kirchneristas les encantaría que los investigadores llegaran a la conclusión de que Nisman se suicidó al darse cuenta de que la denuncia que estaba por presentar ante el Congreso era un mamarracho, sus adversarios preferirían que decidieran que fue víctima de la malignidad oficial o, al menos, de la negligencia de miembros del gobierno nacional, comenzando con Cristina misma. En otras palabras, pase lo que pasare en las próximas semanas, casi todos continuarán reivindicando la hipótesis que ya habían adoptado sobre la base de nada más que sus propios prejuicios. Es rutinario que políticos, funcionarios y otros acusados de cometer un delito juren “confiar en la Justicia”, pero sólo se trata de una forma ya tradicional de declararse inocente. La verdad es que, en situaciones como la actual, nadie cree que un día puedan eliminarse todas las dudas. Además de sospechar que algunos fiscales y jueces están más interesados en servir a sus padrinos políticos que en asegurar que haya justicia, muchos creen que sería inútil esperar que los policías o la gente de la SI (ex-SIDE) obraran con un mínimo de eficiencia o que, aun cuando pudieran pertrecharse de los recursos tecnológicos más avanzados disponibles en otras latitudes, se resistirían a aprovecharlos plenamente por miedo a lo que podrían descubrir. Asimismo, la mayoría entiende muy bien que el gobierno es reacio a pedir la colaboración de peritos norteamericanos, europeos o israelíes, los únicos que es de suponer estarían en condiciones de aportar a la investigación, para que intentaran dilucidar lo ocurrido, puesto que, a juicio de los militantes kirchneristas más vehementes y, según parece, más influyentes, todos estarían vinculados con la inmensa conspiración mundial contra Cristina que tanto les preocupa.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 24 de febrero de 2015


La mayoría está convencida de que nunca sabremos cómo murió el fiscal Alberto Nisman. No hay motivos para suponer lo contrario. Aunque es más que probable que una de las hipótesis que se han ensayado refleje lo que realmente sucedió, será imposible probarlo no sólo porque hay muchos intereses políticos en juego sino también porque la investigación que enseguida se puso en marcha ha resultado ser inverosímilmente torpe. Sería injusto culpar a la fiscal Viviana Fein por la forma poco profesional con la que ha manejado el caso más importante de su carrera judicial –se encargó de él a regañadientes cuando estaba a punto de jubilarse y tuvo que cancelar un viaje en crucero que tenía planeado–, ya que a nadie le hubiera sido dado superar deficiencias que son sistémicas y que pueden encontrarse en todas las instituciones del país, pero no cabe duda de que su desempeño ha contribuido al escepticismo que tantos sienten. Fue de prever que la muerte, en circunstancias extrañas, de Nisman desbordara a los responsables de investigarla. Y, en efecto, desde el primer momento personajes como el secretario de Seguridad Sergio Berni, policías y funcionarios judiciales, además de la madre del fallecido y un cerrajero, se instalaron en la escena de un presunto crimen, de tal modo haciendo más difícil la tarea que les aguardaba a los investigadores serios. Puede que haya exagerado la testigo Natalia Fernández, una chica joven que asistió al inicio de la pesquisa a instancias de la Prefectura, al decir que había una cincuentena de personas que “tocaban todo” en el departamento, pero que ello haya sucedido no sorprendería a nadie. Parecería que aquí es habitual que, al producirse una muerte sospechosa, muchos individuos se esfuercen por asegurar que nunca sea aclarada, tal vez por entender que no les convendría del todo correr el riesgo de verse acusados de poner en apuros a algún que otro poderoso. Tampoco ayuda el que tanto en el Poder Judicial como en distintos organismos de seguridad estén librándose internas furiosas, de las que las más virulentas pueden atribuirse a los intentos de los militantes del oficialismo, entre ellos la procuradora general Alejandra Gils Carbó, de subordinar todo a la voluntad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por ser la Justicia politizada un oxímoron, los eventuales fallos relacionados con el caso, si es que en una fecha futura algún juez se anima a declararlo resuelto, sólo convencerán a quienes quieran creer que son definitivos. Mientras que a los kirchneristas les encantaría que los investigadores llegaran a la conclusión de que Nisman se suicidó al darse cuenta de que la denuncia que estaba por presentar ante el Congreso era un mamarracho, sus adversarios preferirían que decidieran que fue víctima de la malignidad oficial o, al menos, de la negligencia de miembros del gobierno nacional, comenzando con Cristina misma. En otras palabras, pase lo que pasare en las próximas semanas, casi todos continuarán reivindicando la hipótesis que ya habían adoptado sobre la base de nada más que sus propios prejuicios. Es rutinario que políticos, funcionarios y otros acusados de cometer un delito juren “confiar en la Justicia”, pero sólo se trata de una forma ya tradicional de declararse inocente. La verdad es que, en situaciones como la actual, nadie cree que un día puedan eliminarse todas las dudas. Además de sospechar que algunos fiscales y jueces están más interesados en servir a sus padrinos políticos que en asegurar que haya justicia, muchos creen que sería inútil esperar que los policías o la gente de la SI (ex-SIDE) obraran con un mínimo de eficiencia o que, aun cuando pudieran pertrecharse de los recursos tecnológicos más avanzados disponibles en otras latitudes, se resistirían a aprovecharlos plenamente por miedo a lo que podrían descubrir. Asimismo, la mayoría entiende muy bien que el gobierno es reacio a pedir la colaboración de peritos norteamericanos, europeos o israelíes, los únicos que es de suponer estarían en condiciones de aportar a la investigación, para que intentaran dilucidar lo ocurrido, puesto que, a juicio de los militantes kirchneristas más vehementes y, según parece, más influyentes, todos estarían vinculados con la inmensa conspiración mundial contra Cristina que tanto les preocupa.

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