Coimas en Lotería de Río Negro: los condenados, al filo de la impunidad

La Justicia tardó 6 años en confirmar las condenas

Seis años y seis días tardó la Justicia en confirmar las condenas por las coimas en la Lotería de Río Negro. Coimas que fueron “groseras”, “evidentes” e “inconcebibles”, según las calificó la Sala A de la Cámara Criminal de Viedma cuando condenó a cinco años de prisión efectiva al exinterventor de Lotería de la última gestión de Pablo Verani, Miguel Irigoyen; a cuatro años de cárcel, también efectiva, al concesionario de los casinos en la provincia, Carlos “Cacho” Ferrari, y al exbasquetbolista Andrés Santamaría, quien ofició de intermediario entre ambos para que al bolsillo del primero lleguen casi 1,3 millones de pesos de sobornos librados por el segundo.

En esa media docena de años, Santamaría recibió una rebaja de pena y alejó para siempre el fantasma de la cárcel, mientras que Irigoyen se vio beneficiado por la prescripción de las “dádivas”, uno de los dos delitos por los que había sido declarado culpable. Y ahora la impunidad parece estar a un paso, pues para la defensa las acciones penales por el delito principal -cohecho pasivo y activo- prescribieron definitivamente apenas seis días antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitiera su fallo del 11 de febrero pasado.

De resultar ése el final de la historia, habrá sido el propio sistema judicial, con sus demoras injustificables y sumamente beneficiosas para los acusados -que nada hicieron, lógicamente, por acelerar las definiciones-, el responsable de haber frustrado sus propia razón de ser: la de hacer justicia.

La prescripción, en definitiva, dejaría sin castigo uno de los hechos de corrupción más escandalosos de la historia provincial, denunciado mediante una investigación de este diario en el año 2002 y que la entonces fiscal Daniela Zágari tomó como “noticia criminis” para impulsar una acción penal que demandó siete años de trámite para llegar a juicio.

Un análisis minucioso del paso a paso de la causa revela que el expediente pasó meses, incluso años, “dormido” en distintos despachos. Despachos de jueces de Viedma, de jueces del Superior Tribunal de Justicia rionegrino y de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De triunfar la impunidad, es allí donde se debería buscar las responsabilidades.

• El 5 de febrero de 2009 los camaristas Susana Milicich, María del Carmen Vivas y Eduardo Giménez condenaron a Irigoyen, Ferrari y Santamaría con penas de prisión efectiva, con la salvedad de que podrían permanecer en libertad mientras el fallo no estuviera firme. Todos los defensores presentaron sus casaciones y a mediados de abril la Cámara aceptó enviar el caso al Superior Tribunal, para que lo analice.

• Un año y dos meses tardó el STJ, por entonces integrado por los jueces Alberto Balladini, Luis Lutz y Víctor Sodero Nievas, en tomar una decisión: el 7 de julio de 2010 confirmó las condenas contra Irigoyen y Ferrari y redujo a tres años de prisión condicional la pena contra Santamaría.

• En agosto de 2010 los defensores interpusieron, como era esperable, sus recursos extraordinarios para tratar de llevar el caso a la Corte Suprema. A partir de allí, el STJ sólo debía decir si aceptaba o no -según los fundamentos de los abogados- abrir la puerta para que el caso llegue al máximo tribunal del país. Pasados cinco meses, en enero de 2011, el juez Sodero Nievas argumentó ante este diario que la demora se debía a la “complejidad” de la causa y agradeció que ninguna de las partes hubiera interpuesto hasta entonces “ningún pedido de pronto despacho”.

• Nueve meses, finalmente, se tomó el STJ para decir, en su fallo del 12 de mayo de 2011, que Ferrari e Irigoyen podrían llegar hasta la Corte y en denegar la vía a Santamaría.

Aquí es donde comienza el otro dilatado derrotero de la causa, entre los despachos de los vocales de la Corte Suprema de Justicia, donde el expediente pasó tres de los siguientes cuatro años.

Consta en los registros públicos de la CSJN que la “causa Lotería” llegó al palacio de Justicia el último día de mayo de 2011 y descansó desde el 21 de junio hasta el 23 de septiembre de ese año en el escritorio del ministro Eugenio Zaffaroni. Los siete meses posteriores estuvo en el despacho de la jueza Carmen Argibay y en mayo de 2012 llegó a la oficina del juez Juan Carlos Maqueda, donde pasó dos meses más. Para septiembre de ese año el expediente había pasado también por los despachos de Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt.

Y fue para diciembre de 2012 que la causa tuvo un giro inesperado, cuando por moción de Zaffaroni y Maqueda la Corte decidió “suspender el trámite” del recurso extraordinario y enviar todo de nuevo a Río Negro, para que los jueces provinciales evalúen si la mitad de la acusación contra Irigoyen no estaba ya prescripta.

Fue ese un primer triunfo, aunque parcial, de la impunidad. El nulo sentido de la urgencia demostrado por la justicia había hecho que el delito de “dádivas” atribuido al exinterventor de Lotería prescribiera en febrero de 2011, mientras Balladini, Lutz y Sodero Nievas se tomaban nueve meses para conceder el recurso extraordinario a los imputados.

Así lo declararon los jueces Favio Igoldi, María Luján Ignazi y Sandra Filipuzzi, quienes integraron la Cámara Criminal de Viedma que analizó el planteo remitido desde la Corte Suprema. En el fallo hubo duras críticas a las demoras de los otros tribunales, pero la Cámara viedmense tardó 11 meses y 20 días en emitir esa definición. Veamos: la Corte devolvió los 34 cuerpos de la causa a fines de diciembre de 2012; el STJ rionegrino -integrado ahora por Sergio Barotto, Enrique Mansilla y Eduardo Roumec- decidió el 7 de marzo de 2013 enviar todo a la Cámara y recién el 27 de febrero de 2014 ese tribunal declaró prescriptas las “dádivas”, dejando en pie contra Irigoyen sólo la condena por “cohecho” y derivando a la Corte Suprema la responsabilidad de definir la proporcional reducción de la pena que le correspondería al exfuncionario. Esa definición, vale aclarar, aún está pendiente. Es por eso que la Corte, cuando rechazó hace una semana el recurso extraordinario de Irigoyen, lo hizo argumentando que no atacó una “sentencia definitiva o equiparable a tal”.

Recién en mayo de 2014 el expediente se reactivó en la Corte. Acababa de morir la jueza Carmen Argibay y antes de que sea resuelto el recurso también moriría Petracchi, en octubre. Con la cuenta regresiva al límite, sabiendo que la prescripción ya había derrumbado la mitad de la investigación -además de la original imputación contra un presunto cuarto partícipe de las maniobras- la Corte se tomó nueve meses más para resolver. Y lo hizo fallando en contra de los imputados, pero seis días después de que se cumplieran, según argumentaron los defensores en un nuevo recurso, los seis años del plazo de prescripción del delito de cohecho por el que Irigoyen y Ferrari fueron condenados.

Marcela Marín

marcelamarin@rionegro.com.ar

Marcela Marín