Toma y acampe e ATE en Desarrollo Social

Ocupación de Ministerio

Desde ayer, ATE ocupa la sede central de Desarrollo Social y, en respuesta, el ministro Ricardo Arroyo formalizó una denuncia penal mientras advirtió en referencia al pago de los haberes de octubre para el personal de esa cartera porque no se puede completar con la tramitación.

Por la mañana, un grupo de ATE, encabezado por el secretario general, Rodolfo Aguiar, ocupó el ministerio y se instalaron carpas enfrente del edificio, reclamando “la inmediata reincorporación de los empleados despedidos; sin causa justificada”, se concluya “el sistema de becas en el Estado” y, entre otras peticiones, se entregue “un bono de fin de año de 2.500 pesos en compensación de la inflación”.

Inmediatamente, el ministro Arroyo formalizó una denuncia penal y el fiscal Pedro Puntel concurrió al lugar para convencer a los ocupantes que abandonaran la ocupación.

El ministro consideró “inadmisible cualquier diálogo si se mantienen actitudes violentas como la adoptada” por ATE que ha “sitiado completamente” Desarrollo Social, cercenando “el derecho de los empleados del lugar a ingresar a sus puestos de trabajo y el derecho de los ciudadanos a requerir asistencia del Estado”. Confirmó la denuncia penal y adelantó una “demanda civil por las pérdidas, sustracciones y roturas que pudiera haber”. Entendió que la actitud “violenta y patoteril” adoptada por el gremio “está lejos de un reclamo sindical” sino que, en cambio, “tiene una intencionalidad antidemocrática y claramente política”.

Arroyo advirtió que los salarios del organismo “corren riesgo de no ser pagados en tiempo y forma, porque el trámite administrativo que debía hacerse este lunes no pudo ser cumplido a partir de esta toma de carácter delictiva”.

ATE cuestiona que “las cesantías dispuestas por Arroyo se hayan producido un día después que el gobernador garantizara la continuidad de todas las fuentes laborales a partir de la renovación automática de todos los contratos”. Además, Aguiar ratificó la continuidad de “la ocupación y hacer responsables al gobierno, la policía y a la Justicia por la integridad física de los trabajadores que se encuentran en el interior del ministerio, si se ordena un desalojo por la fuerza. Los trabajadores necesitamos respuestas y no represión”.

DeViedma