Protocolo para el rescate de víctimas de trata

Sociedad

El Estado rionegrino se comprometió a poner en marcha un servicio de asistencia a víctimas del delito de trata. Estipula la cobertura de las necesidades más urgentes como alojamiento, asistencias médica, psicológica y social, asesoramiento jurídico, provisión de documentación, condiciones de seguridad y retorno voluntario asistido.

Otras modalidades a disponer serán el acompañamiento oficial destinado a reconstruir un proyecto de vida, y en esta etapa se evaluará con quien resultó perjudicado o perjudicada si decide permanecer en esta jurisdicción o bien retornar a su provincia o país de origen.

Este tramo de intervención estará dirigido a trabajar con los damnificados y su entorno familiar y comunitario, el fortalecimiento familiar y la conformación de redes de sostén que faciliten la superación de la situación vivida y favorezcan la reinserción social.

En el caso de tratarse de menores de edad habrá que evaluar el contacto familiar considerando si hubo connivencia por parte de miembros familiares con la red de tratantes, indica el Decreto N° 1.258 que aprueba la normativa a atender por parte de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social como órgano ejecutor.

Este programa se implementa en forma descentralizada, a través de equipos técnicos en las delegaciones del Ministerio en esta capital, General Roca y Bariloche. Esta distribución geográfica es considerada fundamental por el Estado en tanto que las redes de Juzgados Federales de Primera instancia y las sedes de Fiscalías Federales, que abordan este tipo de situaciones conflictivas, se encuentran en las ciudades mencionadas.

Su ejecución está a cargo de la Subsecretaría de Protección Integral, que designará al equipo técnico y al coordinador del programa, así como sus referentes en cada una de las respectivas delegaciones.

La tipificación de casos comprende a captación de personas, uso de transportes, traslados, acogida y recepción de las víctimas, medios de fuerza (secuestros), coacción, engaños, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, explotación sexual y laboral, y esclavitud.

Junto con este marco legal, entra en vigencia también un nuevo procedimiento -como criterio común- para normatizar las entrevistas con las víctimas rescatadas. Las planillas contemplan que puedan llenarse con datos relacionados con la situación y lugar de explotación, existencia de deuda o pagos del victimario, situaciones de salud o bien detectar cómo las personas involucradas llegaron a determinado lugar de carácter conflictivo.

DeViedma