Mucho más que cámaras y botones de pánico

LUIS DI GIACOMO (*)

La preocupación ciudadana por la seguridad de personas y bienes ha llevado a desarrollar, de la mano de los avances de la tecnología y la comunicación, una serie de sistemas de control prevención y vigilancia cuyas aristas visibles son las cámaras de videovigilancia, botones de pánico, control satelital de vehículos, etc., que quedan englobados en lo que se denomina sistemas de emergencias o alertas ciudadanas. En este camino no se puede actuar con apresuramiento, voluntarismo ni oportunismo demagógico. Colocar cámaras sin poder asegurar el ancho de banda para la transmisión de datos es como colocar postes de alumbrado donde no hay red eléctrica. Invertir en aparatología que queda obsoleta, o es incompatible con lo que aparece un año después, es derrochar dinero sin cumplir la finalidad de proteger al ciudadano. Hacer una carrera para ver quién coloca primero unas decenas de cámaras, sin tener coordinados los centros operativos con la tecnología y los recursos humanos preparados, es engañar al contribuyente. A partir de las nuevas atribuciones conferidas por la reforma ministerial del pasado noviembre, el Ministerio de Gobierno continuó el camino iniciado con la firma del Convenio Alerta Río Negro y, en el marco de la competencia adquirida como organismo coordinador de proyectos interministeriales e interjurisdiccionales, redobló la marcha hacia un Sistema Integrado de Emergencias Ciudadanas que contempla unificar la atención de emergencias y enriquecerla incorporando soluciones tecnológicas. La meta es favorecer el desarrollo de plataformas para el gobierno abierto, con la apertura de nuevos canales de participación comunitaria ante urgencias de toda índole, y la protección ciudadana como resultado de la integración operativa y la incorporación de nuevas tecnologías para captar y disuadir el delito. ¿Qué se requiere para su implementación? En primer lugar, invertir en la construcción de una infraestructura de red pública que evite el colapso de las comunicaciones cuando se incorporan dispositivos que requieren gran consumo de ancho de banda. Podríamos decir que actualmente tenemos una calle que debe transformarse en autopista para asegurar la transmisión de información y telecomunicaciones. Esta transformación ya está en desarrollo a través inversiones nacionales en el marco de la Red Federal de Fibra Óptica que atraviesa la Línea Sur, con inversiones provinciales en el tendido que conecta el Valle Medio al Alto Valle y la puesta en marcha del anillo digital en las ciudades de Cipolletti y General Roca, como primer paso a la posterior conexión interurbana del Alto Valle y el Valle Medio, que con la implementación de la correspondiente conectividad en las regiones Andina y Atlántica terminará cerrando un circuito integrado provincial conectado al nacional. Con esta infraestructura de telecomunicaciones será posible revolucionar los servicios brindados al ciudadano por el Estado a nivel regional, con la importante ventaja de poder suplantar servicios satelitales de telecomunicaciones con prestadores privados, disminuyendo cuantiosas contrataciones actuales y posibles. Ahora bien, continuando específicamente con el programa Alerta Río Negro, para el diseño y montaje de un Sistema Integrado de Emergencias se requiere integrar los canales de alerta de telefonía fija, ya existentes, de áreas como Salud, Bomberos, Policía, Defensa Civil y los municipios que adhieran, con los nuevos dispositivos de alerta (cámaras, aplicaciones móviles, web, etc.), no sólo desde un software sino también procedimental y operativamente. Para ello hay que crear centros de operación y control, disponer espacios de monitoreo y designar personal especializado de los organismos de emergencias junto a operadores que aseguren atención y respuesta las 24 horas los 365 días del año. A nivel legal y jurídico debe asimismo regularse el tratamiento dado a la información recabada en las imágenes captadas por videocámaras, asegurar el archivo de grabaciones por los tiempos que se establezcan legalmente y, fundamentalmente, establecer prescripciones para proteger el derecho a la intimidad de las personas involucradas en datos e imágenes. Por su parte deberá acordarse y formalizarse, vía convenios institucionales, el esquema procedimental de funcionamiento estableciendo roles y obligaciones con cada una de las partes intervinientes. ¿Quiénes serán los actores relevantes de este proceso? Lógicamente, los organismos de atención de emergencias del Poder Ejecutivo provincial, que según el proyecto que estamos tramitando constituirán un comité ejecutivo para coordinar acciones y asegurar una articulación eficaz. Un rol central lo tendrán también los municipios, porque las acciones a desarrollar se llevarán a cabo en sus territorios y con su activa participación; pero así también los establecimientos privados, que tendrán la responsabilidad social de contribuir para preservar la integridad y asistencia a los ciudadanos que de una u otra forman mantienen y sostienen su actividad económica. Este proyecto requiere de diversos tipos de inversión. El primero, para montar la infraestructura de red a nivel urbano, que completa lo mencionado anteriormente, a través del tendido del anillo troncal de fibra y la llamada “última milla” de distribución en las zonas urbanas que permitan dotar de conectividad, ancho de banda, seguridad y sistema antivandalismo para los dispositivos instalados. Es por eso que no se trata tan sólo de colocar cámaras de modo aislado. Aunque no se descalifique dicha intención, es deber de la Provincia generar una propuesta que pueda incidir en la protección ciudadana abarcando la problemática en su totalidad, y no simplemente con proyectos parciales que contribuyan a abrigar sensaciones de seguridad que en términos reales sólo contribuyen a dispersar el delito a nuevos puntos, modificando el mapa de la criminalidad sin afectar los índices reales de la inseguridad. Otro nivel de inversión es el propio de la adquisición de dicha tecnología, que requiere contemplar su sustentabilidad en el tiempo y su adaptación constante a las posibilidades que hoy la tecnología revoluciona día tras día, haciendo más provechosa su provisión como servicio, evitando la compra de dispositivos con fecha de caducidad incierta y provecho acotado al desarrollo de una época. Esta inversión, más la creación y puesta en marcha de los centros locales y regionales de operación y control, requerirá un gasto de mantenimiento que por su carácter permanente debe fijarse en cuánto corresponde a las arcas provinciales, cuánto a las municipales y si cabe, por su carácter de nuevo servicio público, contemplar por vía impositiva el aporte de la población beneficiaria del servicio. Con todo lo dicho, pretendo expresar la seriedad con la que es tratado el programa Alerta Río Negro y su estado de situación respecto de la presentación realizada meses atrás. Estamos trabajando en sentar las bases para un proceso abarcativo, integrador y de crecimiento sostenido y autosustentable, que requerirá la apertura y el apoyo de todos los actores involucrados. (*) Ministro de Gobierno de Río Negro

Hacia un sistema integrado de emergencias ciudadanas