El Estado provincial debe recuperar su rol planificador

Herman Avoscan (*)

La empresa Edersa colecciona multas por la mala calidad del servicio e incumplimientos de su obligación de preservar la seguridad pública. Entre diciembre del 2011 y el mismo mes del 2012 el EPRE sancionó a la distribuidora por 10.300.000 pesos y en lo que va del 2013 ya acumula casi 11 millones por calidad de servicio y seis por infracciones a la seguridad pública. Cualquier empresa seria se hubiera preocupado por una situación como ésta y hubiera producido drásticas modificaciones en su equipo gerencial. Edersa resolvió la cuestión mediante un atajo: la judicialización de estas penalidades. Ese limbo jurídico tiene algunas ventajas, además de no pagar: nadie sabe cuánto durará e impide transparentar la situación económica de la empresa. Se demuestra por el absurdo que el departamento más importante de esta empresa eléctrica no es ni remotamente el de ingeniería (como cualquier hijo de vecino puede suponer), sino el de abogados. En definitiva, es el que consiguió un contrato de concesión hecho a su medida, donde por una cifra irrisoria se enajenó el patrimonio provincial por 95 años y no se dejó ni una vía de escape al poder concedente. Apenas han pasado 15 años sufriendo la desidia y desinversión de esta empresa y hay que pensar que le quedan otras ocho décadas de privilegiada permanencia en Río Negro; una empresa que se conformó para intentar apropiarse de la cooperativa CALF (era el objetivo confeso por sus propias autoridades a fines de los 90) y que una vez que se cayó esa posibilidad tuvo cambios accionarios significativos. Con un manejo errático (para los rionegrinos, claro), tratando de que no le hagan olas, congelando acciones judiciales y evitando inversiones, Edersa sobrevive. Y es un buen negocio para sus accionistas, que sienten que tienen todas las cartas en la mano. Mientras tanto, la sociedad rionegrina continúa desarrollándose y generando actividades a pesar de tener el gran lastre de una distribuidora eléctrica que permanece ajena a esos esfuerzos. Claro: el contrato de concesión no la obliga a realizar inversiones que garanticen una determinada calidad del servicio (lo deja librado al propio criterio empresario) y la absuelve de realizar extensiones de la red que estén ubicadas a más de 200 metros de las existentes salvo que las financien los usuarios con una devolución nada conveniente para éstos. En semejante cuadro, es lógico que las obras las tuvieran que realizar los Estados: los municipios y la provincia, para permitir la expansión urbana, y la Nación, para abastecer a las industrias y grandes comercios. Desde 1996 el número de usuarios se incrementó en un 55% y la cantidad de energía distribuida en un 66% y Edersa mantiene el 75% de la distribución en la provincia (el resto se distribuye entre las cooperativas de Río Colorado y Bariloche, más los que compran directamente en el mercado mayorista). El gran problema es cómo salir de la encrucijada. Si el análisis se limita a lo estrictamente jurídico, nos topamos con el gran inconveniente: la concesión se realizó teniendo como principio filosófico que nunca cambiaría la modalidad de explotación; que por la suma de los años por venir, y mientras no haya cambios tecnológicos importantes que tornen obsoleto el actual sistema de distribución eléctrica, la empresa privada será la encargada de realizar la tarea. Y en cada paso establece las ventajas para la continuidad de la firma concesionaria. Durante todos los 95 años y también después. Con una única salvedad: que sea la misma empresa la que decida irse. El Estado no tiene la posibilidad de rescindir el contrato en ningún momento de los 95 años. Y los pocos mecanismos de salida que genera establecen fuertes ventajas para los titulares de la empresa: la garantía presentada está conformada por el 51% de las acciones de la propia Edersa. A esta lógica perversa del callejón sin salida y de más vale malo conocido que bueno por conocer debemos oponerle la lógica de la acción del Estado como representante de los intereses de la sociedad rionegrina, un Estado que ante situaciones límite presente una nueva línea de acción en beneficio de toda una comunidad que aparece como rehén de decisiones empresarias que se adoptan fuera de sus propias fronteras y que no contemplan ni la realidad ni las expectativas económicas regionales. En ese camino, deberíamos comenzar por modificar el marco regulatorio eléctrico para declarar la actividad de interés público y estratégico para el desarrollo autosustentable de Río Negro, a fin de garantizar el abastecimiento para la actividad económica y el desarrollo urbano con equidad social, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento armónico de la provincia. El Estado provincial debe recuperar su rol de organizador, planificador y promotor de las acciones que deben llevarse a cabo para garantizar el abastecimiento eléctrico con los parámetros de calidad adecuados (vg.: sin los cortes reiterados ni las continuas caídas de tensión que lo caracterizan hoy en día). El actual marco regulatorio (ley 2902) se aprobó en 1995 y responde al principio de subsidiaridad del Estado. De allí que el rol que se reserva a ese Estado administrador sea el de “promover” la operación del sistema, “velar” por los intereses de los usuarios, “alentar” las inversiones de los privados y “dictar” reglamentos y normas técnicas. Las limitaciones de ese modelo están a la vista. El Estado debe abandonar su pasividad y convertirse en un protagonista activo en la fijación de las políticas y en la toma de decisiones. Al estar claro este rol del Estado rionegrino, a través de la Secretaría de Energía se podrá crear un organismo de planificación de las obras que faltan para ampliar la cobertura y trabajar con más racionalidad en la ampliación de la red. Al fin de cuentas, es lo que han venido haciendo los distintos gobiernos provinciales, en forma espasmódica en los primeros años y con mayor impulso desde el 10 de diciembre de 2011. Lo que cambia es la lógica: el Estado planifica, gradúa y lleva adelante un programa de obras de acuerdo con sus objetivos de desarrollo. Un nuevo marco regulatorio permitirá la reaparición formal del Estado provincial en escena con su estrategia de planificador y organizador pero, para no repetir los riesgos del pasado (cuando era el Estado el que hacía y los privados los que cobraban), debería recuperar el manejo de los fondos destinados a obras. Mediante la constitución de un fondo fiduciario el Estado podría obtener los recursos para destinar a las obras que son cada vez más urgentes. De esta forma estaríamos dando un paso fundamental para comenzar a solucionar la situación eléctrica en Río Negro. (*) Diputado nacional por el Frente para la Victoria de Río Negro

Modificaciones al marco regulatorio eléctrico