Ahora investigan la «caja chica» de Castillo

NEUQUEN (AN)- María está desocupada y tiene cinco hijos. Cuando se acercó a la municipalidad de Centenario a pedir una ayuda porque necesitaba comprar alimentos, le hicieron llenar una planilla con sus datos y firmar en dos sectores. No se dio cuenta, y si se dio cuenta nada dijo, de que junto a su segunda firma había una leyenda impresa: «recibí conforme». Pero no recibió nada. «Tiene que esperar, nosotros le avisamos», le dijeron.

Jamás la llamaron. Sin embargo esa planilla con sus datos personales, fotocopia de su documento y firma de «recibí conforme» se convirtió en la página 1 de un delgado expediente según el cual le otorgaron un subsidio de 85 pesos. Con ese dinero se pagó un hermoso buzo deportivo adquirido en una casa comercial de Neuquén capital. Alguien que no es María lo está usando.

José, un indigente que orilla los 80 años, también se acercó a la municipalidad de Centenario a pedir un subsidio. Le hicieron seguir los mismos pasos que María, con las dos firmas incluidas en una planilla, y se fue con las manos vacías esperando un llamado que nunca se produjo.

Sin embargo, en el expediente que armaron con sus datos figura que le entregaron 54,80 pesos con los cuales compró, en el hipermercado Wal Mart, vinos finos, cremas y ropa, entre otros productos.

Cuando a José le exhibieron el ticket y le preguntaron si recordaba haber hecho esa compra, respondió temblando de indignación: «jamás estuve en ese hipermercado».

María y José son obviamente nombres ficticios. Sus historias no. Tampoco son las únicas. Hay cientos.

A medida que abren cajas con documentación secuestrada en el municipio, los investigadores del escándalo de Centenario van descubriendo más y más presuntas maniobras delictivas que habrían sido realizadas por funcionarios. A sus bolsillos habría ido a parar dinero público que, según los papeles, recibieron los más necesitados de la ciudad.

Esta etapa de la investigación pone en el centro de la escena al intendente Luis Castillo y a su gabinete, porque el dinero salió de la «caja chica» manejada por los funcionarios.

Al cumplirse un mes desde los allanamientos que dieron vuelta Centenario, el equipo de investigaciones de la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública apenas revisó un mínimo porcentaje de la documentación secuestrada. Y siguen asombrándose con lo que encuentran.

«Se fraguaban expedientes para justificar la salida de dinero», afirmó el fiscal Pedro Telleriarte en su requisitoria. Hasta ahora encontró tres modalidades:

•Pago de planes de empleo provinciales y municipales, a razón de 150 pesos mensuales cada uno, que nunca llegaron a los supuestos beneficiarios. Había funcionarios y líderes de desocupados que manejaban «paquetes» de planes a su antojo. Los investigadores sabían que se iban a topar con eso, porque en las escuchas telefónicas había muchas alusiones a los subsidios que se estaban «comiendo» entre otros Héctor «Zapallito» Molina, a quien el representante del ministro Lara en Centenario, Alejandro Romeo, llama afectuosamente «piquetero de cuarta».

•Empresas «fantasmas», que facturaban al municipio por obras no realizadas, o realizadas con personal municipal, o por desocupados de los planes trabajar. Como se informó el viernes, la mayoría están a nombre de empleados de la comuna, o de allegados por amistad o parentesco a funcionarios.

•Gastos de «caja chica». Es la etapa de la investigación que se abrió en las últimas horas. El equipo de la fiscalía detectó que hasta los más pequeños gastos personales de los imputados habrían sido solventados con dineros públicos.

La plata salía de la «caja chica» que el intendente y algunos miembros de su gabinete tenían destinada a «ayuda social directa». Hay abundante documentación que lo demuestra: se utilizaban pedidos de subsidio de personas sin recursos para justificar compras de ropas, vinos finos, productos de uso personal y regalos.

Estos productos eran adquiridos, en su mayoría, en renombrados comercios neuquinos que los supuestos beneficiarios ni conocen.

En los últimos días, la fiscalía reunió una gran cantidad de testimonios de personas que figuran como destinatarias de «ayuda social directa» que jamás vieron un billete ni un artículo de los registrados en las respectivas boletas. Varias fuentes relataron a «Río Negro» que los testigos se sorprendieron e indignaron al enterarse de que habían aprovechado su nombre y su estado de necesidad para fraguar la adquisición de ciertas exquisiteces.

En esos expedientes «truchos» hay muchas firmas. De asistentes sociales que recomiendan otorgar el subsidio, de funcionarios que los aprueban, del intendente que supervisa y, por supuesto, el «recibí conforme» de los que nada recibieron. Y que no están para nada conformes.

Guillermo Berto

gberto@rionegro.com.ar

Cómo está hoy la causa penal

NEUQUEN (AN)- A un mes de realizarse los allanamientos en la municipalidad de Centenario, viviendas particulares de funcionarios, de desocupados y comercios proveedores, este es el estado de la causa:

•Imputados. Son 17, siete de los cuales están presos. La lista completa es la siguiente: Luis Castillo, intendente; Carlos Alejandro Romeo, representante del ministro Lara en Centenario; Héctor «Zapallito» Molina, desocupado al igual que Juan Alberto Lira, Sergio «Negro» Altamirano, Sebastián «Pingüino» Morales, Hernán «Flaco» Villarruel, Luis «Chancho» Hernández y Lorena Salazar; Roberto «Caballo» Contreras, secretario de Hacienda; Graciela Pérez, secretaria privada del intendente; Patricia Gutiérrez, secretaria de Acción Social; Elvira Ascolese, funcionaria de ese área; Emilio Cimolai, director de Producción; Gonzalo Sandoval, Rubén Romero (supuestos proveedores del municipio); y comisario inspector Hugo Chávez.

•Los delitos: los acusan de «asociación ilícita» y «peculado».

•Indagatorias: hasta ahora el juez Alfredo Velasco Copello solamente citó a prestar declaración indagatoria a los siete desocupados que están detenidos. Todos ellos, incluido el líder «Zapallito» Molina, se negaron a declarar.

•Lo que viene: la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública sigue ampliando la acusación a medida que aparecen nuevos elementos de prueba. Los defensores de los imputados que aún no declararon pidieron postergación, con el argumento de que no pudieron leer todo el expediente que crece día a día ni examinar la documentación original. Se prevé que presentarán numerosas nulidades en contra de la investigación judicial.

•Situación procesal: la semana próxima el juez deberá resolver si procesa o no a los desocupados que ya fueron indagados, y si los mantiene detenidos o les permite recuperar la libertad.