Ordenan plan de mitigación por efecto del plomo

Marcelo Ochoa

VIEDMA (AV).- Luego de más de seis años de reclamos de la comunidad sanantoniense, finalmente la Justicia ordenó al Estado rionegrino una intervención profunda en la problemática sanitaria que la contaminación por presencia de plomo en San Antonio Oeste provoca en los habitantes de esa localidad pesquera. El Ministerio de Salud de Río Negro, deberá presentar al Superior Tribunal de Justicia (STJ), antes del 21 de diciembre próximo, un plan pormenorizado de prevención y planificación del abordaje en materia de salud integral de la población de esa comunidad, articulado con las tareas de remediación que se vienen realizando en esa ciudad. El programa deberá contener una detallada planificación relativa a los aspectos objeto de tratamiento, de la cual surgirán acciones concretas, con plazos específicos y razonables y con responsables de su cumplimiento. Una próxima audiencia para analizar los avances de las tareas asignadas, se estableció para el 21 de diciembre próximo. La definición del vocal del STJ, Enrique Mansilla, en acuerdo con las partes involucradas, se dio ayer tras la primera reunión convocada en la sede del máximo cuerpo judicial, en el marco de la acción de amparo colectivo que presentó la defensora general Rita Custet Llambí. La funcionaria judicial inició esa acción luego de que tomara conocimiento -a partir de otra acción judicial referida netamente a la cuestión de la remediación ambiental del pasivo ubicado en el acceso a la ciudad- de la existencia de riesgos para la salud de niños sanantonienses por efectos a la exposición a esos metales pesados. De la audiencia desarrollada ayer, participaron además de Mansilla y Custet Llambí, la representante de la Fiscalía de Estado, María Valeria Coronel, la secretaria de Salud Liliana Andaloro, acompañada por Odila Arellano de Epidemiología, Gustavo Cantón, de Salud Ambiental y el asesor legal Gustavo Chirico. Por el municipio de San Antonio Oeste, estuvo presente el asesor legal, Gustavo Arbués, por cuyo intermedio se solicitó a la comuna que se abstenga de otorgar más permisos de ocupación en las áreas afectadas por la contaminación.