El juicio por el escándalo “mensalao” empaña el legado de Lula
RÍO DE JANEIRO (AP) _ El máximo tribunal de Brasil comenzó ayer las audiencias por un caso relacionado con un ardid de compra de votos que podría empañar el legado del enormemente popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del partido gobernante. A pesar de sacar a relucir los detalles de lo que algunos califican como el caso de corrupción política más grande en la historia de Brasil, el juicio también está siendo aclamado como una señal de buena salud política en un país donde el servicio público ha estado marcado desde hace mucho tiempo por la corrupción y la impunidad. “Es un parteaguas. Los brasileños van a ver a alguien acusado de corrupción que realmente enfrenta un juicio, tal vez una condena. La impunidad ya no funciona’’, dijo David Fleischer, un politólogo de la Universidad de Brasilia. El principal acusado en el juicio es José Dirceu, quien fue jefe de gabinete del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario dejó el cargo con una aprobación del 87%. Lula no está acusado de ningún delito. Las acusaciones giran en torno a Dirceu , uno de los fundadores del partido, quien es acusado de orquestar sobornos habituales a legisladores de partidos aliados para asegurar sus votos después de que el PT llegó al poder en 2003. El caso es conocido en Brasil como “mensalao’’, o la gran mesada, por las sumas de hasta 10.000 dólares que supuestamente se entregaban a los políticos. Durante la primera sesión, el presidente del Supremo, Ayres Britto, reconoció la competencia del tribunal para juzgar a los acusados pese a que la mayoría no cuenta con fuero especial, como alegó la defensa, que pretendía dividir el caso en varios juicios. Los jueces decidieron juntar a los 38 acusados en un sólo caso de 50.000 páginas que involucra 600 testigos, debido a la naturaleza interconectada de los 1.089 cargos, que incluyen corrupción, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, peculado y asociación ilícita. “No se acoge la moción de orden” que cuestiona la competencia del “Supremo en cuanto al proceso de juzgamiento de los que carecen de mandato parlamentario”, señaló Britto . Hoy la fiscalía presentará sus acusaciones y la defensa iniciará sus alegatos.
RÍO DE JANEIRO (AP) _ El máximo tribunal de Brasil comenzó ayer las audiencias por un caso relacionado con un ardid de compra de votos que podría empañar el legado del enormemente popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del partido gobernante. A pesar de sacar a relucir los detalles de lo que algunos califican como el caso de corrupción política más grande en la historia de Brasil, el juicio también está siendo aclamado como una señal de buena salud política en un país donde el servicio público ha estado marcado desde hace mucho tiempo por la corrupción y la impunidad. “Es un parteaguas. Los brasileños van a ver a alguien acusado de corrupción que realmente enfrenta un juicio, tal vez una condena. La impunidad ya no funciona’’, dijo David Fleischer, un politólogo de la Universidad de Brasilia. El principal acusado en el juicio es José Dirceu, quien fue jefe de gabinete del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario dejó el cargo con una aprobación del 87%. Lula no está acusado de ningún delito. Las acusaciones giran en torno a Dirceu , uno de los fundadores del partido, quien es acusado de orquestar sobornos habituales a legisladores de partidos aliados para asegurar sus votos después de que el PT llegó al poder en 2003. El caso es conocido en Brasil como “mensalao’’, o la gran mesada, por las sumas de hasta 10.000 dólares que supuestamente se entregaban a los políticos. Durante la primera sesión, el presidente del Supremo, Ayres Britto, reconoció la competencia del tribunal para juzgar a los acusados pese a que la mayoría no cuenta con fuero especial, como alegó la defensa, que pretendía dividir el caso en varios juicios. Los jueces decidieron juntar a los 38 acusados en un sólo caso de 50.000 páginas que involucra 600 testigos, debido a la naturaleza interconectada de los 1.089 cargos, que incluyen corrupción, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, peculado y asociación ilícita. “No se acoge la moción de orden” que cuestiona la competencia del “Supremo en cuanto al proceso de juzgamiento de los que carecen de mandato parlamentario”, señaló Britto . Hoy la fiscalía presentará sus acusaciones y la defensa iniciará sus alegatos.
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