Algo más sobre el impacto del impuesto a los hidrocarburos

Por estos días es fuente de debate el tributo del 20% que deberán aportar las petroleras sobre los hidrocarburos exportados durante los próximos 5 años. La controversial medida está siendo analizada considerando sus diferentes aristas y, principalmente, haciendo hincapié en el impacto que ésta tendría en los que, a juicio de todos, serían los directos involucrados en el tema (por ejemplo: las finanzas del gobierno central y de las provincias, la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de ganancia de las empresas, entre otros). Sin embargo, un elemento que aún está ausente en el debate, a pesar de que debería ser el eje central del mismo, se refiere a quién sustenta la propiedad de los hidrocarburos y el rol que juegan en este negocio las empresas petroleras.

En el caso de los hidrocarburos -no faltan ejemplos en otros sectores de la economía nacional, sobre la base argumental de que los argentinos no fuimos capaces de demostrar ser buenos administradores de nuestras empresas nacionales- se decidió su privatización durante los «90, tal es el caso de YPF y Gas del Estado. El objetivo central de ese proceso de enajenación fue el de ceder a administradores privados (nacionales o extranjeros), con el argumento de la pretendida mayor eficiencia, las tareas de exploración y explotación de los hidrocarburos, por el tiempo que durara el contrato de concesión, sin cederles la propiedad de los mismos. Un proceso similar se efectuó en otras áreas de la economía nacional, durante los 10 años últimos. Por ejemplo, en el caso del sector financiero se facilitó el ingreso de la banca internacional, con el objetivo de dotar de «solidez» al alicaído sistema financiero de principios de los «90.

Resulta entonces evidente que las empresas que hoy tienen a su cargo la explotación de nuestros hidrocarburos no son más que meros administradores de un recurso cuyos únicos, inalienables e imprescriptibles propietarios son cada uno de los ciudadanos de la Argentina, así al menos lo establece la actual ley nacional de Hidrocarburos y las Constituciones provinciales.

Es por ello que se podría entonces concluir que el gobierno nacional, al momento de solicitar esfuerzos al conjunto de la economía del país para contribuir a paliar la crítica situación nacional, en el caso del sector petrolero se sentiría con mayores atribuciones, ya que lo que se está solicitando es que el administrador redistribuya parte del súper beneficio que estaría recibiendo, como consecuencia de la devaluación del peso.

Resulta interesante presentar en cifras el impacto de la medida sobre las finanzas de las empresas que se dedican a la extracción de hidrocarburos. (Fuente: http://energia.mecon.ar/ y estimaciones propias).

En el cuadro consultado en ese sitio se observa que las empresas petroleras dedicadas a la extracción de hidrocarburos percibieron en el transcurso del 2001, en concepto de ingresos por las ventas de petróleo y gas natural al mercado local más exportaciones, aproximadamente 7.835 millones de pesos.

Antes de avanzar en el análisis, cabe destacar que estas empresas producen y venden lo que comúnmente se denomina un «commodity» (o producto básico), o sea un bien transable en el mercado internacional, de precio conocido y fácilmente exportable (principalmente en el caso del petróleo), por lo tanto se aplica aquí el concepto de «costo de oportunidad». Esto significa que estos productos poseen un precio de referencia internacional, que si no es pagado por los consumidores locales, sí será abonado por los compradores externos. De este modo, tanto el petróleo como el gas natural que hoy el país exporta así como sus volúmenes consumidos localmente, verán incrementar sus precios en pesos según evolucione la depreciación de nuestra moneda.

Si aceptamos que la producción de hidrocarburos en el 2002 fuera la misma que la obtenida en el 2001 y un escenario de precios internacionales de 20 U$S/barril para el petróleo y 1,44 U$S/MMBTU para el gas natural, tendríamos que debido a la devaluación (hasta hoy 1 U$S = 2 pesos) prácticamente los ingresos de las empresas petroleras se duplicarían en pesos (sus ingresos estimados para el 2002 serían del orden de los 15.140 millones de pesos).

De este análisis se deduce que las empresas productoras de hidrocarburos se beneficiarán, a lo largo del presente año, con un incremento en sus ingresos del orden de los 7.305 millones de pesos, lo cual es nada despreciable, frente a unos costos locales que no sufrirán tamaño incremento (a menos que tengan pensado duplicar los sueldos del personal, entre otros incrementos) y donde la componente importada sobre el costo total para producir 1 barril (159 litros) de petróleo es de aproximadamente entre el 10 y 20%.

Si se aplicara entonces la retención del 20% sobre los ingresos obtenidos a través de las exportaciones de petróleo (el gas natural estaría excluido de esta medida), las empresas petroleras estarían resignando parte de ese beneficio «extraordinario» previsto para el 2002 como consecuencia directa del proceso de devaluación.

Según los cálculos que aquí se presentan, el Estado percibiría unos 733 millones de pesos en concepto del tributo por las exportaciones de petróleo (a esto faltarían sumarles los ingresos que también percibiría el Estado nacional provenientes de las retenciones en las exportaciones de los derivados de petróleo). De este modo, las empresas petroleras resignarían parte de sus beneficios extraordinarios, sin embargo percibirían en el 2002 unos 12.868 millones de pesos, o sea 5.033 millones de pesos adicionales a los recibidos en el 2001, con sólo mantener la producción de ese año.

Como se puede apreciar, más allá de la exactitud de los números utilizados para los cálculos, el «esfuerzo» que se les está solicitando a las empresas petroleras no parece desmesurado, aunque sí lo ha sido la reacción por parte de sindicatos, provincias productoras (que dicho sea de paso, también se verán beneficiadas por el incremento de las regalías en un 100% frente a la actual devaluación) y las mismas empresas que actúan «aguas abajo» de la producción de petróleo, que ya se anticiparon incrementando entre en un 4 y 6% el precio de las naftas y el gasoil.

Adicionalmente, cabe destacar que el sector petrolero ha sido uno de los principales «ganadores» en los 10 años últimos, ya que por ejemplo una empresa como Repsol-YPF ha tenido beneficios entre 1996 y el 2000 del orden de los 4.000 millones de dólares en la Argentina.

Por otra parte, también el gobierno acaba de reducir a la mitad (gracias a la equivalencia de 1 peso = 1 dólar establecido para los deudores bancarios) los 320 millones de dólares que Repsol-YPF adeudaba y que pagarán todos los argentinos. Idéntica situación ha sucedido con otras empresas petroleras por sumas similares.

Recordemos además, que según la Matriz Insumo Producto Argentina correspondiente al año1997, y recientemente publicada por el INDEC (Ver: «La matriz insumo producto: Argentina 1997». INDEC/noviembre 2001), el sector producción de petróleo y gas natural presentó un valor agregado bruto (o sea la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio) del orden del 76%. Lo cual la presenta como una de las actividades productivas más lucrativas del país (este elevado porcentaje refleja también la renta petrolera).

Cabe destacar que el destino de este valor agregado bruto es el de retribuir a los factores de producción, o sea: la mano de obra, el capital, el beneficio empresarial, los recursos e impuestos.

Por su parte, las empresas refinadoras en la Argentina obtuvieron también significativas ganancias en los 10 años últimos. Por ejemplo, sólo en 1999 se observó que, de haberse aplicado el criterio de paridad del precio de importación al precio de la nafta, ésta tendría que haber disminuido en el precio en surtidor en un 11%, con el consecuente ahorro por parte de los consumidores de unos 423 millones de dólares al año. Esto también demuestra que existía, antes de la devaluación, un «colchón» entre los precios locales e internacionales de los derivados de petróleo que permitiría morigerar el impacto del aumento del precio del petróleo (expresado en pesos) sobre los precios en surtidor de las naftas y el gasoil.

Por todo esto el gobierno, apoyado por la población, no debe dejarse influir por las presiones de las petroleras, debe ratificar el impuesto a las exportaciones y no debe permitir aumentos en los precios de los derivados, ya que el precio internacional del petróleo ha bajado de 29,8 U$S/barril (en enero del 2001) a los actuales 21,0 U$S/barril y esta disminución no se reflejó en los precios internos de los derivados.

Tampoco las empresas petroleras deberían dejar de invertir en los yacimientos, ni despedir personal, porque el efecto del impuesto a las exportaciones de petróleo sólo es una disminución de sus ganancias extraordinarias.

* Los autores son profesores del Instituto de Economía Energética, asociado a la Fundación Bariloche. Las expresiones vertidas no necesariamente reflejan la opinión de la institución.