El paquete para combatir la recesión, la evasión y el desánimo
El ambicioso paquete de decisiones del Poder Ejecutivo toma varios frentes: las empresas en problemas, las familias de bajos recursos, la clase media, el comercio y la deuda externa. La información no fue suficiente el jueves, y los detalles llegaron al cierre de los mercados.
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El paquete de medidas fiscales lanzadas por el Gobierno busca la bancarización total del sistema económico para combatir la evasión y otorga rebajas parciales de impuestos y mejoras en los salarios de bolsillo para reactivar el consumo.
En cuanto a recursos del Estado, el paquete encauza millonarios recursos para reactivar el consumo interno y mitigar los efectos de la crisis sobre los sectores más pobres, a la espera de que los acreedores acepten rebajar la deuda pública.
Las medidas están contempladas en el decreto ómnibus 1387/2001, firmado por el presidente Fernando de la Rúa y publicado ayer en el Boletín Oficial.
Para un mejor análisis por parte de los lectores, el texto completo de los decretos está disponible en la página de «Río Negro on line» en Internet: «www.rionegro.com.ar»
El plan incluye una moratoria impositiva y previsional, un mecanismo de asistencia a empresas con problemas financieros y la eliminación de pequeños impuestos que hasta ahora beneficiaban a algunos sectores, entre otros puntos.
Con el objetivo de reactivar el consumo interno, Economía retribuirá hasta el 5 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del monto de las operaciones de compra de bienes muebles o contratación de servicios que realicen los consumidores finales mediante tarjetas de débito emitidas por los bancos o que se utilicen para la acreditación de sueldos, jubilaciones, pensiones, asistenciales o de la seguridad social. Además, a partir del 1 de abril de 2003, los responsables del IVA podrán computar como crédito fiscal del gravámen las contribuciones patronales.
También apunta a reactivar el consumo la reducción de los aportes patronales de los trabajadores en relación de dependencia (de once) a un cinco por ciento por un año, prorrogable total o parcialmente por otro año más, «ya que los fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) han acumulado rentabilidades actuarialmente excedentes para atender los beneficios de las jubilaciones futuras».
«Para mejorar las posibilidades de los consumidores y hacerlos activos protagonistas de la lucha contra la evasión, se les darán ventajas especiales cuando utilicen medios electrónicos de pago», señala el decreto.
Agrega que «para facilitar su utilización masiva se reducirán los costos de administración de dichos sistemas, permitiendo la remisión electrónica de los resúmenes de cuenta, modificando para ello la Ley de Tarjetas de Crédito 25.065 y permitiendo computar como crédito fiscal parte de los costos en que deba incurrirse para adquirir los equipos de lectura correspondiente».
A partir del 1 de abril de 2003 se eliminará para todos los sectores los impuestos para los intereses y a la renta mínima presunta. También los pagos de contribuciones a la seguridad social serán considerados parte de pago del IVA, lo que alentará el blanqueo de los trabajadores.
El Gobierno también modificó por decreto la norma sobre los convenios de competitividad, con una variación en el requisito que imponía la necesidad de conservar el nivel de empleo en las empresas que los suscribieron.
El secretario de Empleo y Producción Pyme, Enrique Martínez, aseguró que seguirán vigentes los planes Trabajar y reflotó la idea de aumentarlos a 400 pesos. Desmintió así a la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. «Fue un error técnico de la ministra», afirmó, señalando que «no pueden eliminarse ni cambiar de destino porque son financiados por el Banco Mundial, y eso lo sabe la ministra».
El jefe de asesores del ministerio de Economía, Horacio Liendo, explicó que el reintegro del 5 por ciento de IVAA para las comprar con tarjetas de débito se computará al mes siguiente de la compra. «Será acreditada en la cuenta del comprador», dijo.
La baja de aportes apunta a mejorar el salario
El gobierno determinó una reducción del 11 al 5 por ciento del aporte jubilatorio personal de los trabajadores en relación de dependencia por el término de un año, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de la población e incentivar una reactivación en consumo retraído desde hace 40 meses. Podrá mantener la reducción dispuesta por un año más» o «disponer el aumento progresivo de los aportes personales durante ese lapso», hasta alcanzar el 11 por ciento establecido por la Ley.
Respecto de la devolución del 5% de IVA, el asesor del Ministerio de Economía, Horacio Liendo, explicó que regirá exclusivamente para las tarjetas de débito que se utilicen para el cobro de haberes jubilatorios, sueldos y asignaciones, y que por el momento no ocurrirá lo mismo para las transacciones con tarjetas de crédito.
Añadió que las tarjetas de débito «se van a usar cada vez más, para distribuir los recursos de seguridad social, además de sueldos, jubilaciones y pensiones».
A familias: Asignaciones para los más pobres
El gobierno creó por decreto un Sistema Integrado de Protección a la Familia, que prevé prestaciones mensuales por niños a cargo, por hijos con discapacidad, maternidad, educación media, por escolaridad, cónyuge y tercera edad, para familias humildes. Las prestaciones comenzarán a regir el 1 de enero de 2002 y alcanzará a cinco millones de familias, señaló la ministra de Seguridad Social, Patricia Bullrich.
El decreto 1382/2001, publicado ayer, estableció el pago de 30 pesos mensuales por hijo menor de 14 años; 30 pesos por hijo menor de 18 años con alguna discapacidad; 400 pesos anuales por hijo en educación media; 100 pesos mensuales para los mayores de 75 años que no perciban ningún beneficio; y 15 pesos por mes para quienes tengan un cónyuge beneficiario del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).
En tanto, se estableció una prestación por escolaridad, que consistirá en la provisión de una unidad de útiles escolares y libros.
Las mujeres embarazadas cobrarán durante la licencia por maternidad una suma igual al sueldo que hubieran debido percibir.
La prestación por niño, abarca a menores de 14 años, cuando las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban por mes ambos padres no superen los 1.000 pesos.
La prestación por niño con discapacidad abarcará a los menores de 18 años. Los padres no podrán recibir, en conjunto, remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales superiores a los 2.000 pesos mensuales, ni haber declarado Ganancias por más de 24.000 pesos.
Accederán a la prestación por educación EGB3, polimodal o media, quienes tengan hijos de entre 13 y 18 años.
Recibirán la prestación por escolaridad quienes tengan un hijo menor de 18 años, alumno de los niveles inicial, EGB1, EGB2, EGB3, polimodal o medio o especial. (Infosic)
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