El STJ pide más facilidades para cancelar aportes

VIEDMA (AV).- El Superior Tribunal de Justicia insiste en la obtención de beneficios impositivos para implementar el régimen del 82 por ciento móvil para sus funcionarios y magistrados. Aquel tribunal reclama ante el gobierno de Miguel Saiz que firme un convenio con la AFIP para que los potenciales beneficiarios obtengan más facilidades en la cancelación de las obligaciones jubilatorias generadas por el nuevo régimen. A fin de mes, el Poder Ejecutivo provincial habrá concluido con cada liquidación de las deudas, originadas porque los adherentes suben en su aporte personal del 11 al 12 por ciento (hasta ahora, existía un tope en la retención de sus remuneraciones). Esas obligaciones totalizarían los 14 millones, con pasivos que rondarían los 140 mil pesos para los magistrados con mayor antigüedad. Además del pago al contado, la AFIP dispone de un plan de cancelación de 24 meses. En la Justicia se advierte que esa exigencia impactaría negativamente en la efectiva puesta en marcha del nuevo esquema previsional, considerando que Anses no permitirá ninguna jubilación si antes el interesado no cancela esas obligaciones. En un principio, el Superior Tribunal de Justicia requirió que la provincia afrontara aquel pasivo, pero el gobernador Saiz se negó a semejante concesión. Actualmente, el reclamo se concentró en que la AFIP garantice un programa de facilidades de 60 cuotas (cinco años), con un interés anual del 2 por ciento. Hace cuatro meses, el titular del organismo nacional, Ricardo Etchegaray, adelantó esa opción pero requirió el trámite político del gobernador con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recientemente, San Juan rubricó un convenio similar y Río Negro debería formalizar lo mismo para que sus jueces y funcionarios tengan mayores ventajas ante la AFIP para acceder al régimen del 82 por ciento. El juez Alberto Balladini está encargado de las gestiones en el gobierno de Saiz aunque en el STJ quieren mostrarse ajenos a la cuestión. Hace unas semanas atrás, el presidente del cuerpo, Víctor Sodero Nievas afirmó que “es un trámite del Ejecutivo”, aunque entendió que “lo más previsible” es el plan de 60 cuotas, como “lo tienen otras provincias”. Pero si no lo hubiera, los efectos -advirtió- serán posteriores, como que existan desestimientos y jueces que no se jubilen”. El listado de ingreso al régimen de la ley 24.018 alcanza a 294 inscriptos de un total de 775 inscriptos. Este año, los 48 activos que cumplan con los requisitos podrían jubilarse. Ese número totalizaría el año próximo a 111 magistrados y funcionarios. En agosto, cada beneficiario dispondrá de la liquidación de su deuda que deberá pagar en la AFIP para poder acceder a su jubilación. El STJ reafirma el concepto de que se debe facilitar el modo de cancelación para alentar ese retiro. Inicialmente, el tribunal pretendió que el costo total lo asuma el Estado, argumentando la situación de Mendoza. El gobierno mendocino desembolsó 11 millones a la Nación por esas deudas y luego firmaron convenios individuales con los magistrados que se comprometen a la devolución de esos fondos en planes de hasta 12 años.

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Los jueces del STJ creen que, si no hay facilidades para pagar los aportes, muchos interesados desistirán de jubilarse.