Reacomodamientos en el inicio del 2025

El gobernador Weretilneck impulsó en la primera semana del año el cambio en la jefatura policial y desplazó a su primer ministro de la tercera gestión, sin definición de reemplazo.

La reestructuración del Estado era una de las premisas de la campaña de Alberto Weretilneck. En marzo de 2023, un mes antes de las elecciones, criticó el acuerdo de pase a planta permanente de su antecesora Arabela Carreras con ATE, que alcanzaría a 3.100 empleados públicos, y finalmente ganó la pulseada porque nunca se concretó esa medida. Ya por entonces hablaba de “productividad” y “eficiencia”.

Weretilneck viene dando señales hace tiempo de su nueva estrategia en el vínculo con los agentes públicos —algo que Rodolfo Aguiar ubica en una postura de “clima de época” — y la premisa de mayor control y de castigo a los “rebeldes” que pararon, se cumplió.

Los 448 contratos no renovados la semana anterior fueron casos de agentes con incumplimientos, ausentismo injustificado y adhesión a los paros, explicó el Gobierno, y los gremios no cuestionaron con firmeza esas motivaciones, ni pidieron contrastar los legajos, salvo algunas excepciones que se explicaron más por el efecto que la medida tendrá en el servicio público, como el caso de la única médica que trabaja en el área de Discapacidad de Bariloche.

El proceso ordenado de pase a planta permanente resulta imperioso para pasar el tamiz, certificar la capacidad, las tareas y la necesidad de los puestos de trabajo, y regularizar una situación contractual que el Estado —que lo exige al sector privado— no debería tener.

Con este arranque, se vislumbra que en el 2025 habrá más controles y ajustes hacia el interior del Estado, todavía con la deuda pendiente de conocer en detalle el acuerdo con la consultora Dienst, que ejecuta el nuevo mecanismo de licencias y que para el Gobierno resultó efectivo.

Reproches internos que impulsaron las eyecciones


Y en paralelo, el gobernador inició el 2025 con la eyección de la jefa de la Policía, Mary Carmen Carrizo, y el ministro de Modernización, Federico Lutz. Ambos —con diferencias en roles y misiones — tenían en común el desgaste, con reproches internos provenientes de personas de peso en el entorno del gobernador, que terminaron inclinando la balanza hacia la salida.

La gestión de Carrizo tuvo un apoyo financiero importante para la mejora del equipamiento de la fuerza y acomodamientos en los salarios de los uniformados, que dieron estabilidad interna el primer año. Mientras que en la cuestión de seguridad transitó el segundo tramo del año con un incremento de los hechos de violencia, con una seguidilla de homicidios en la cordillera y crecientes denuncias de robos en Alto Valle y Valle Medio.

En el caso de Lutz, su poder en el gabinete venía erosionado. En septiembre se redujo la mega cartera que lideraba, con Gobierno, Trabajo y Turismo, solo a Modernización, un área en la que se sentía cómodo y hacia donde confluía toda su energía. Su objetivo de que el rionegrino sea un “ciudadano digital” con todos los trámites del Estado entrecruzados y facilitados en una aplicación móvil era prioridad desde el día uno. “Si no hago un cambio importante en esto, me voy a mi casa”, decía en alusión a su obsesión, que lo llevó a ser el ministro de la cartera más política del Gobierno —los primeros nueve meses— sin intervención en los temas políticos, ni vínculo con los gremios.

Ahora el Gobierno, con eufemismo, anunció la salida del primer ministro de la gestión al difundirlo oficialmente como el “fin de la primera etapa de modernización” del Estado. Lo cierto también es que el descontento era mutuo porque el barilochense acusaba de no recibir el apoyo y los recursos para su ambicioso proyecto de digitalización.

Queda la incertidumbre si el plan era personal o el gobernador realmente está convencido de la necesidad de la “transformación”. Por lo pronto, no definió reemplazo en la cartera, ni se conoce si mantendrá la jerarquía que le dio hace solo tres meses.


La reestructuración del Estado era una de las premisas de la campaña de Alberto Weretilneck. En marzo de 2023, un mes antes de las elecciones, criticó el acuerdo de pase a planta permanente de su antecesora Arabela Carreras con ATE, que alcanzaría a 3.100 empleados públicos, y finalmente ganó la pulseada porque nunca se concretó esa medida. Ya por entonces hablaba de “productividad” y “eficiencia”.

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