La insolvencia de los Estados nacionales

Resulta imprescindible introducir un mecanismo internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas que organice un procedimiento de insolvencia de los países en crisis. La fase actual de bancarrota de muchos Estados europeos, Japón y Estados Unidos se vincula por denominadores comunes basados en un alto endeudamiento público que ha superado en la mayoría de los casos el 100% de su PBI. En los últimos 20 años hemos asistido a la irrupción del concepto de globalización, que sobre la base de la expansión de bienes, servicios y el mercado sin fronteras ha debilitado la autonomía y funcionalidad de los Estados nacionales. En realidad, los organismos supranacionales que la han animado han sido escasamente democráticos con los países periféricos y menos desarrollados, y la sobreoferta de productos y servicios del comercio global ha evidenciado que el desarrollo ha sido para un tercio del planeta. La globalización sí fue un éxito financiero en tanto, ante el debilitamiento de la demanda y las crisis recesivas que se han repetido en los últimos treinta años, ha posibilitado la creación de riqueza ficticia. El profesor Robert Brenner, de la Universidad de California, ha explicado en su obra “The economics of global turbulence” que el instrumento para estimular la demanda limitada ha sido la creación de dinero virtual en la búsqueda de un aumento de la tasa de ganancia. La herramienta utilizada para inyectar dinero ficticio a través del endeudamiento sistemático a los países, empresas y particulares ha sido la emisión de instrumentos de deuda altamente sofisticados como contratos derivados, seguros sobre créditos, títulos inmobiliarios y de materias primas y otros sin ninguna regulación legal y que funcionan fuera de los mercados institucionales. Se trata de instrumentos que monopolizan fondos de inversión (hedge funds) de alto riesgo generalmente patrocinados por bancos o grandes especuladores. Así, se compran títulos de países, empresas o también opciones de compra de estos títulos donde se negocia una posibilidad de adquirirlos a un determinado precio en una determinada fecha. Incluso estas operaciones se pueden realizar en descubierto, sin plata y a corto plazo, especulando con una baja o aumento de precio en pocos días. Esto ha generado una gigantesca burbuja de deuda de países, empresas y consumidores (por sus créditos hipotecarios y de tarjetas de crédito) instrumentada en papeles que reflejan esas deudas y que se venden una y otra vez evaluando falsamente la viabilidad de pago de los deudores. Las agencias de riesgo crediticio vinculadas con esos fondos de inversión han dado buena categoría de pago a esos instrumentos cuando la realidad ha demostrado que se ha tratado de un gran fraude global. Ante el desplome de esa economía ficticia que financiaba incluso proyectos de desarrollo, muchos países han tenido que endeudarse para salvar a los bancos privados que participaron en ese esquema en la búsqueda de ganancias especulativas. Estados Unidos, la mayoría de los países de Europa y Japón venían evidenciando déficits fiscales tremendos que se aceleraron al tener que endeudarse nuevamente para salvar a los bancos. Estados Unidos ya debe casi tres veces la deuda total del planeta, durante este año emitirá tanta deuda como el conjunto de todos los países del mundo y su deuda pública y privada alcanza un 360% del producto bruto interno. Los Estados europeos evidencian situaciones de endeudamiento del 90 al 120% de su PBI, lo que incluye a España, Portugal, Irlanda, Grecia, Inglaterra, Italia, Rumania, Hungría y la lista se amplía. Con nuevo endeudamiento y ajuste sobre los salarios, beneficios sociales y el aumento de los impuestos indirectos como el IVA no habrá salida a la crisis sino una depresión extendida. Se intenta salvar a España refinanciando su deuda al 4,4% anual, lo cual resulta un despropósito impagable que traerá prontas turbulencias. Es vital instrumentar un sistema internacional de reorganización de deuda soberana donde los países, así como lo hacen las empresas privadas, dispongan de un procedimiento legal y vinculante para acogerse a un concurso de acreedores y negociar sobre pautas claras que no condicionen su servicios públicos esenciales. No es posible continuar como lo hace Argentina desde hace casi diez años deambulando por los tribunales del mundo o por el centro de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) para reestructurar sus deudas sujeta a embargos permanentes de acreedores que en muchos casos no son siquiera los originales ya que han comprado la deuda en default. No es democrático ni un mecanismo institucionalizado de la comunidad mundial ya que son los acreedores quienes imponen la jurisdicción y las condiciones legales de cobro o refinanciación de los créditos. No son tampoco el FMI ni el Banco Mundial los ámbitos para debatir o superar estas situaciones, ya que sus políticas y prácticas evidencian sistemáticamente que no responden a los intereses de los países miembros sino a los de los propios acreedores. Los hechos evidencian en forma rotunda lo que digo y Europa lo está viviendo, en tanto el FMI dirige el esquema de “salvataje” de aquellos países mediante recetas absolutamente inconvenientes y técnicamente insostenibles. Un informe del Commerzbank de Alemania de este año indica que una reestructuración de deuda rápida como el caso de Rusia y Argentina fue altamente beneficiosa, potenciada por el alto precio de sus materias primas. Incluso el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha dicho recientemente que en caso de fracasar los rescates a los países de Europa resultaría necesario instaurar un mecanismo de suspensión de pagos ordenado de Estados soberanos. El capítulo 9 de la ley de quiebras de Estados Unidos prevé el concurso preventivo de las municipalidades, las que durante el proceso no pueden ser embargadas por deudas y el pago a los acreedores no puede afectar la provisión de los servicios públicos esenciales. Dentro del marco de las Naciones Unidas y a través de un tribunal de expertos elegido democráticamente debe implementarse un procedimiento que alcance a todos los acreedores financieros de un país, incluidos los organismos multilaterales. Deben suspenderse las acciones judiciales contra el Estado y levantarse los embargos, verificar los créditos por cada acreedor y negociar de buena fe una propuesta de pago para ser aprobada por una mayoría relevante. Otras condiciones técnicas seguramente incluyen la propuesta, pero esta idea es una necesidad imperiosa para viabilizar en forma transparente y democrática un enorme stock de deuda que condiciona en la actualidad el desarrollo y crecimiento de muchos países. (*) Abogado. Docente de grado y posgrado en concursos y quiebras de la UNC

DARíO TROPEANO (*)