Colegio Médico de Regina: definen si acusan a un miembro de la antigua conducción

Horas después de Navidad una audiencia en la causa por administración fraudulenta en el Colegio Médico de Regina podría tener como resultado un nuevo acusado en la investigación que lleva adelante la fiscal Vanesa Cascallares.

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El jueves 26 el juez Maximiliano Camarda presidirá una audiencia en la que se tratará la situación del exvicepresidente del Colegio Médico de Regina, Edgardo Fernández.

Camarda resolvió el 6 de diciembre pasado sobre un recurso presentado tras la decisión del juez de Garantías, Gastón Pierroni, de no imputar a Fernández, exvicepresidente del Colegio Médico de Regina, porque consideró que no tuvo un rol activo en los supuestos delitos que se investigan.

Tanto Cascallares como los querellantes, la actual conducción del Colegio representada por los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren, apelaron esta decisión, planteo que fue rechazado por Pierroni, de ahí que recurrieron a una instancia superior en queja y se llegó a la intervención de Camarda.

En la última audiencia el magistrado hizo lugar al pedido de la parte acusatoria y definió que este jueves 26 se trate la cuestión de fondo: si hay o no elementos para sumar a Fernández a los acusados de las irregularidades.

Colegio Médico de Regina: los cargos contra la antigua conducción

En junio pasado se le formularon cargos a los profesionales Antonio Wegierski (presidente) y Oscar Bogado (secretario de finanzas) y a la empleada administrativa Susana García, quienes se desempeñaban en la institución al momento de detectarse las sospechosas maniobras administrativas. Fernández había quedado afuera de esta formulación, como se mencionó anteriormente.

Cascallares los acusó en junio de desviar un porcentaje de lo que se pagaba a los médicos y utilizar un sistema contable paralelo para que ese dinero salga del Colegio Médico en forma de cheques destinados a terceros entre los años 2020 y 2021. Según la querella los profesionales afectados podrían sumar unos 60.

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“Luego, se habrían confeccionado cheques al portador, rubricados por quien era el presidente y el secretario de finanzas de la institución, que no habrían sido entregados al asociado correspondiente sino a terceros (cobrados por estos) o utilizados en negocios jurídicos ajenos al objeto social del Colegio”, agregó Cascallares a mediados de año.