Satisfacción con la condena a los jueces de la dictadura en Neuquén: el veredicto fue remitido a la ANSES y al Colegio de Abogados

En un final emocionante, con el público agolpado desde temprano para colmar la sala, la fiscalía y las querellas festejaron el veredicto del Tribunal Oral Federal que, por primera vez en 16 años de juicios en Neuquén, se condenó a funcionarios judiciales por su responsabilidad en los secuestros y las torturas durante la dictadura. «Lo importante es el fondo», sostuvo el fiscal Miguel Angel Palazzani, quien dijo que estaba satisfecho con el veredicto debido a que se hizo lugar a todos los planteos de la acusación.

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En los alegatos, se peticionó 25 años y perpetuas para Pedro Duarte y Víctor Ortiz, ex juez y fiscal respectivamente. Por unanimidad, el tribunal los condenó a 11 años de cárcel «de cumplimiento efectivo», en cada caso, por delitos de lesa humanidad y cometidos –por mayoría esta calificación- en el contexto del «delito internacional de genocidio, razón por la cual resultan imprescriptibles», señaló el tribunal.

El veredicto reveló una condena que respaldó la postura de las querellas y la fiscalía en cuanto a que Duarte y Ortiz fueron nombrados en el juzgado como parte del plan del terrorismo de Estado en la región, con el objetivo de que las desapariciones forzadas y los secuestros tuvieran continuidad e impunidad.

«Estar privados de la libertad y en la cárcel, es un buen castigo», dijo Lolín Rigoni, Madre de Plaza de Mayo, en la sala de audiencias.

Indicó que Inés y Oscar Ragni , Madre y Padre de Plaza de Mayo, que fallecieron durante el juicio, impulsaron este último tramo por la falta de justicia cuando buscaban a su hijo Oscar, desaparecido.

«En algún lugar lo disfrutarán, porque lo merecen; aunque no estemos físicamente, cuando pasan los años buscando ésto, seguimos unidos. Hubo mucho dolor por lo que este hombre ha sido condenado (en referencia a Duarte)» dijo Lolín en tanto planteó que «ya no hay impunidad, que es lo que yo quiero, no somos iguales: los que tienen culpa, van con condena a la cárcel; para que los jóvenes sepan que hay castigo para los que les corresponde y como dice la canción, a buscarlos donde vayan para castigarlos y que no sigan haciendo daño».

El equipo de la fiscalía, abogados y abogadas de las querellas se apartaron del decoro del juicio y se abrazaron emocionados en rueda, tras la salida del tribunal. «Trabajamos mucho para esto», dijo Palazzani en tanto Marcelo Medrano, abogado de la APDH, dijo que «fue un final acorde, estamos en la convicción de que esto fue lo que pasó en la dictadura, permiten saber cuál fue el rol del poder judicial en tanto garantizar legitimidad e impunidad al sistema represivo, a la dictadura y al terrorismo de Estado».

Dos horas antes del veredicto los imputados dieron sus palabras finales, se quejaron porque se ventilaron sus jubilaciones de privilegio, negaron que fueran excepcionales y deununciaron una campaña de demonización en su contra, con ecos en los medios de comunicación, promovida por la acusación.

«Soy inocente, en cuatro meses cumpliré 88 años, 10 de los cuales perdí en la lucha diaria de este proceso, corresponde la absolución, será justicia», dijo Duarte al término de una larga descripción de su actividad como abogado, en la que evitó hablar de su cargo como auditor del Comando.

«Fue un juicio muy difícil, pero estamos conformes; hay que ver los fundamentos», dijo Natalia Hormazábal (Ceprodh) quien agregó que «es la primera vez que se reconoce que fue en un contexto de genocidio, algo que venimos planteando desde el primer tramo». Valoró que los 11 años a cárcel efectiva «en un contexto nacional de negacionismo».

Para Mariana Derni, el veredicto «en la región y en Argentina, marca un gran precedente, que cobra más valor en un momento en que la reivindicación abierta al genocidio es política de Estado«, dijo en tanto recordó los intentos de liberar a los condenados por los crímenes de la dictadura.

El público celebró la remisión del veredicto tanto a la ANSES como al Colegio de Abogados. «La condena es histórica, el rol que cumplieron dos hombres de la justicia en el engranaje de la represión de la región queda demostrado hasta en sus palabras finales, lamentables, sin arrepentimiento y atacando el proceso judicial», dijo Wálter Pérez, de la APDH.

En la sala colmada de jóvenes y de sobrevivientes, de familiares y de militantes de los gremios y organismos, hubo un silencio aturdidor hasta que se fue describiendo la condena en los puntos del veredicto.

Estaban los que asistieron de modo intermitente algunos meses de un juicio que se extendió por más de un año, los que no faltaron casi a ninguna jornada y quienes testimoniaron y volvían a buscar el resultado. «Los neuquinos volvimos a dar ejemplo con estos juicios: fueron condenados por los compañeros y compañeras desaparecidas que no están porque fueron asesinadas, se hizo justicia por ellos y es la justicia que necesitamos como pueblo» dijo David Lugones, uno de los sobrevivientes de las cárceles de la dictadura.

Las condenas a cárcel efectiva

La lectura del veredicto fue de la presidenta del Tribunal, María Laura Marisi, la primera jueza en 16 años de juicio, todos con tribunales de diferentes conformaciones. La condena, a 11 años para cada uno, se ordenó de cumplimiento efectivo, aunque la modalidad se deberá establecer al momento de la ejecución.

Ambos abogados llegaron al juicio en libertad.

Estableció que los delitos fueron imprescriptibles por la calificación de lesa humanidad y en el marco del delito internacional del genocidio. Tanto a Duarte como a Ortiz se los consideró partícipes secundarios de las privaciones ilegales de la libertad (los secuestros y las desapariciones forzadas) y autores de la omisión de promover la persecución penal. A Duarte, también se lo condenó por prevaricato, el delito cometido por un juez que comete acciones ilegales.

El Tribunal no aludió al pedido de disculpas a las víctimas, sus familiares o sobrevivientes por el accionar cometido por la justicia de la dictadura, como lo planteó la APDH en el marco de las medidas reparatorias. Sí ordenó remitir a la Procuración del Tesoro de Nación, la ANSEs, al Colegio de Abogados de Neuquén y al juzgado civil federal de Calle Santa Fé, en Neuquén «para los fines y las vías que correspondan», según los fundamentos, que fueron diferidos.

Se trataría de la señalización frente a lo que fue el juzgado federal, la devolución de montos jubilatorios percibidos por sobre la jubilación ordinaria y la comunicación al Colegio para que se defina sobre su matriculación activa.

Sobrevivientes y familiares de desaparecidas

«Hasta que la parca me lleve, seguiré buscando, con juicios o sin juicios», dijo Marco Seminario Ramos, hermano de Javier, desaparecido en noviembre de 1976 cuando una comitiva de militares (liderados por Luis Farias Barrera y Eduardo Molina Ezcurra) lo retiró de la cárcel de Rawson junto con Carlos Cháves, Miguel Pincheira y José Delineo Méndez, todos desaparecidos.

El expediente por la búsqueda de su hermano conformó el cúmulo de recursos que integraron la prueba contra Duarte y Ortiz. «Cuando ellos dominaban, no había justicia y los hábeas corpus, iban a la basura: eso no se hace siendo jueces. Está bien este juicio, es la única forma que entendamos que todos deberían ir a juicio, aportaron lo que hicieron y eso los condena. No esperaban las investigaciones que se hicieron y se lo dijeron en la cara» sostuvo. «Les duele, porque eran los que se estaban librando, pensaban que para ellos la ley no existía y no iban a ir a juicio», describió.

Para Cristina Vega, prima de Mirta Tronelli, el cierre con este juicio fue intenso. «Cuando se hablaba de los hábeas corpus, reviví lo que pasaron mis tíos y la familia: da mucha tristeza porque el desaparecido es una herida que no cierra; era necesario para mostrar la otra pata de la dictadura que fue la complicidad civil y de la justicia. No me gustó que nunca se hicieran presente», dijo, con relación a la continua presencia virtual de Duarte y Ortiz en más de un año de proceso.

Destacó que los abogados, tanto la fiscalía como los querellantes «se tomaron el trabajo de seguir todo lo que había hecho la familia (en la búsqueda) y eso fue muy valioso, porque se ve la otra parte implicada, que fueron los familiares, del desbarajuste social que significó la desaparición en una familia y en este juicio, se vio muy claro».

Raul Radonich, uno de los casos por los que se hizo este juicio agregó que «era imposible que todas las acciones clandestinas que llevaba adelante el ejército y las fuerzas de seguridad se desarrollaran con un poder judicial presente; esta etapa del juicio, transparenta eso» dijo. Quedó en claro también el esfuerzo incansable y el trabajo permanente de las familias «que volcaron gran parte de su vida para buscar a sus familiares, obviamente con la tarea de los organismos de derechos humanos y la labor incansable de Noemí Labrune», planteó.

Criticó que Duarte y Ortiz responsabilizaron «de una manera ruin» a los familiares «lo que marca la calidad moral de estas personas: hombres formados en el derecho, que si no querían asumir la responsabilidad, podrían haber reflexionado en estos años sobre su rol, cuando se supo la magnitud de las consecuencias del Terrorismo de Estado, los horrores que generó, genera y las consecuencias en Argentina», finalizó.

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