Un embargo judicial millonario pone en jaque a las cuentas de El Bolsón

La deuda se originó en un antiguo juicio de una contratista de obra pública y orilla los 1.000 millones de pesos. El municipio deberá pagar con el 5% de sus ingresos hasta cubrir el monto.

La imposición de un embargo judicial contra el municipio de El Bolsón por una antigua demanda relacionada con una obra de gas puso en graves aprietos a las cuentas públicas. El intendente Bruno Pogliano reconoció que ya no hay más instancias de apelación y que la deuda involucrada equivalente a un año de salarios del personal municipal.

El litigio data de los años 90 y fue “heredado” por su gestión, según se encargó de subrayar Pogliano, quien gobierna la localidad desde 2015. Explicó que las negociaciones intentadas con los acreedores en los últimos años para atenuar el impacto o llegar a algún acuerdo no dieron frutos.

Desde hace algunas semanas pesa sobre el municipio el embargo dispuesto con carácter de sentencia firme por el juzgado multifueros de El Bolsón, a cargo de Paola Bernardini, y ratificado por la Cámara Civil y Comercial de Bariloche. En lo puntual, obliga al municipio a depositar en forma semanal el 5% de sus ingresos, hasta completar una suma que supera los 1.000 millones de pesos.

El secretaro de la Función Pública de El Bolsón, Fabián Rudolph, dijo que el origen del juicio fue una obra de tendido de gas domiciliario que data del año 1993. La empresa constructora que en su momento tuvo a cargo los trabajos se declaró en quiebra y otra firma que “compró” sus acreencias y querelló al municipio por certificados impagos. El acuerdo de partes se dilató, corrieron los intereses y hoy el incumplimiento alcanzó un volumen que complica la economía municipal.

Desde el gobierno actual también culparon a los anteriores por no apelar a tiempo ante la Justicia Federal y dejar al municipio “sin alternativas legales de defensa”.

Opciones descartadas

Rudolph dijo que el acreedor es de Santa Fe, y los que hoy demandan son “los herederos” del comprador original de la deuda, quien falleció tiempo atrás. Dijo que el municipio buscó cerrar acuerdos con otras fórmulas, por ejemplo con la cesión de tierras, pero no fueron aceptadas.

La intransigencia de los acreedores derivó en la situación actual, y la decisión de la Justicia de afectar al pago el flujo de fondos regular que percibe el municipio.

“Claro que es un problema grave, pero este gobierno no tiene responsabilidad -dijo el funcionario-. Si se trata de ver por qué llegamos hasta acá habría que preguntarle a las gestiones anteriores”. Entre los antecesores inmediatos de Pogliano estuvieron dos polémicos exintendentes como Oscar Romera y Ricardo García.

La deuda a cubrir supera los 1.000 millones de pesos y acumula intereses en forma continuada, reconoció Rudolph. Lo que determinó la Justicia es que el municipio pague con el 5% de sus ingresos, lo que representa entre 3 y 5 millones de pesos cada semana.

“Desde el inicio de la gestión de Pogliano se buscaron alternativas y nada resultó -dijo Rudoph-. Esto por supuesto tiene su impacto, pero no está en peligro el pago de sueldos ni las obligaciones básicas”. También descartó aplicar un aumento de tasas o tributos para cubrir esta obligación”.

Aun así, el secretario reconoció que “el vecino lo va a sentir” porque los recursos destinados a cubrir a la deuda deberán restarse de la ejecución de obras y la prestación de servicios, a razón de unos 20 millones de pesos mensuales.

Sobre un posible aumento de impuestos par cubrir el déficit, Pogliano insistió en desactivar las versiones. “No es el camino, tampoco alcanzaría con al base de contribuyentes actual -aseguró-. Nuestra prioridad es proteger las finanzas municipales y garantizar los servicios esenciales”.

Rudolph dijo que el intendente trabaja en el tema con el gobierno provincial, de donde podría surgir una ayuda financiera para resolver el apremio económico. Pero no quiso adelantar si se tratará de una refinanciación o un aporte no reintegrable,

Lo más probable, dijo, sería la ayuda mediante “un título o bono”. Pero la provincia no podría cargar con la deuda en lugar del municipio “por sus propias dificultades económicas”.


La imposición de un embargo judicial contra el municipio de El Bolsón por una antigua demanda relacionada con una obra de gas puso en graves aprietos a las cuentas públicas. El intendente Bruno Pogliano reconoció que ya no hay más instancias de apelación y que la deuda involucrada equivalente a un año de salarios del personal municipal.

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