En medio del caso Gloria Ruiz hay avances en la investigación de la estafa con planes sociales

Eclipsado por la vertiginosa investigación de las maniobras que se atribuyen a la vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, pasó inadvertido un movimiento que se produjo en otra causa judicial de trascendencia política para la provincia. El miércoles 11 a la mañana terminaron de ingresar los ofrecimientos de prueba de los imputados en la estafa con planes sociales, lo que permite vislumbrar un poco su estrategia de defensa en el futuro juicio oral, aún sin fecha.

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El próximo paso en el legajo planes sociales debería ser el llamado a la audiencia de control de investigación en la cual la fiscalía de Delitos Económicos, la querella de la fiscalía de Estado y las defensas privadas y públicas de todos los imputados debatirán cuáles de las pruebas ofrecidas serán tenidas en cuenta en el juicio oral. Un juez de Garantías tendrá la última palabra en caso de controversia, que la habrá sin dudas.

Esa audiencia se realizará, especulan, entre febrero y marzo y se extenderá por varios días. Para entonces, la fiscalía de Delitos Económicos también debería tener definido si avanza con una imputación formal contra Gloria Ruiz, su hermano Pablo Ruiz y quizá otras personas a las que está investigando por varios delitos que van desde presunto enriquecimiento ilícito hasta peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Paralelas que se tocan

Si el caso Gloria Ruiz y la estafa con planes sociales son legajos paralelos o se tocan en algún punto, se sabrá con el tiempo. Lo que no puede descartarse es que la vicegobernadora cuyo futuro en el cargo se definirá esta semana intente solaparlos. La errática estrategia de defensa que viene sosteniendo hasta ahora obliga a abrirse a todas las hipótesis.

Por ejemplo, su pedido al gobernador Rolando Figueroa para que explique la contratación directa de Horizonte Seguros parece sugerencia del inclasificable abogado Alfredo Cury, quien se defiende a sí mismo y al exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

Cury, embarcado en una cruzada contra el gobernador -a la que quiere subir, por ahora sin éxito, a Soiza- ya había mencionado esa contratación sin obtener repercusiones. Su última y fugaz aparición fue montado a la denuncia de Gloria Ruiz contra diputados y ministros, esa que hasta ahora ningún fiscal recibió.

Las pruebas de los imputados

Diario RÍO NEGRO accedió al ofrecimiento de prueba de cuatro de los cinco señalados como cabecillas de la asociación ilícita que, según la fiscalía de Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, se quedó con mil millones de pesos (a valores actualizados) entre el 2020 y el 2022. El dinero estaba destinado a personas sin trabajo durante la pandemia.

Los cuatro cabecillas son el exministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca; el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz; el exjefe del Departamento de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna y el exdirector de Coordinación, Tomás Siegenthaler.

Soiza y Sánz están con prisión domiciliaria, Osuna con preventiva (obtendrá la domiciliaria el 7 de enero), el resto en libertad.

Estrategia procesal

Los ofrecimientos de prueba difieren mucho en su extensión (desde 4 fojas hasta 2.257) y tienen varias características en común: por ejemplo, convocan como propios a los 288 testigos ofrecidos por la fiscalía. Esto es estrategia procesal pura: de esta manera podrán hacerles interrogatorios abiertos, en vez de un más acotado contraexamen.

Por fuera de la lista de testigos de la fiscalía, hubo defensores que propusieron citar a Luciano Palma, quien trabajó en la Unidad de Gestión de Planes y Programas Sociales y fue mencionado como una pieza del engranaje por Sánz en su declaración como arrepentido. Es un dirigente cercano al intendente Mariano Gaido, exministro de Desarrollo Social.

Cury (otra vez) quiere citar como testigos a Figueroa y parte de su gabinete. También al fiscal general José Gerez.

Cabos sueltos

Antes de que termine el año debería realizarse un audiencia con tres imputados que aceptaron declararse responsables y cumplir una condena de 3 años de prisión en suspenso.

Ese acuerdo fue desconocido por la jueza Carina Álvarez, decisión a su vez revocada por un tribunal de impugnación, quien mandó a celebrar de nuevo la audiencia ante otra u otro juez.

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