El derecho a la educación: hablemos en serio

La mayoría de quienes están leyendo este artículo tienen al menos entre 7 y 12 años de experiencias educativas escolares. A las propias se le suman las acumuladas como familia o por cercanía. Probablemente hay quienes tienen estudios superiores, quizás alguien es docente, por lo que la cantidad de experiencias es considerablemente mayor. Todos sabemos algo de la escuela. Tenemos recuerdos y valoraciones construidas en relación a su función, a la tarea de sus docentes. Decimos que “antes se exigía más”, “se enseñaba más”, “se aprendía más” y, generalmente, es desde ese pasado que hacemos una lectura de la situación actual del sistema educativo.

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Generalmente estas reflexiones que se dan en la esfera privada se presentan incompletas o confusas, porque se piensa a las escuelas y a las prácticas docentes, independientes del contexto social, económico y político en el que se inscriben. Pero cuando estos discursos son construidos desde las esferas en las que se toman decisiones, y legitimados por los medios de comunicación, además de incompletos y confusos, son peligrosos.

En septiembre de este año, el Consejo Federal de Educación aprobó los nuevos lineamientos curriculares para la formación docente inicial. Respecto a la docencia y su formación en capacidades profesionales, la resolución plantea que “La centralidad de la enseñanza asume la importancia de integrar las problemáticas y desafíos de todos los niveles obligatorios, y corresponde a la formación docente inicial priorizar el saber enseñar, entendiendo que esta es la acción fundamental para que todos los estudiantes aprendan.”

Un enfoque simplista y peligroso del Gobierno

Esta es una manera simplista y peligrosa de presentar la relación entre el enseñar y aprender, como si dadas estas condiciones en la formación, los procesos de aprendizaje estuvieran garantizados. Así planteado, el problema de la enseñanza queda convertido exclusivamente en una cuestión de los docentes y de su formación. ¿Acaso se desconoce la incidencia que tienen en el aprendizaje las condiciones socioeconómicas de las y los estudiantes y sus familias, las desigualdades materiales y simbólicas, las condiciones generales en las que se desarrollan las prácticas educativas con instituciones y docentes precarias y precarizados? Conceptos como el de capital cultural, cultura escolar o trayectoria educativa y escolar tensionan y discuten con esta idea recortada que tendenciosamente refuerza el imaginario social de que “el problema de la educación es por las y los docentes que tenemos”.

Así se instala una idea básica: el nudo problemático tiene su origen únicamente en la formación docente. En consecuencia, si se generan condiciones otras en el sistema formador, la enseñanza de calidad se produciría por sí sola. Estas afirmaciones son intencionalmente falaces y reduccionistas.

En otro fragmento se lee: “Así el aprendizaje de conocimientos socialmente significativos y valiosos aseguran el derecho irrenunciable a la educación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sustento de igualdad en el acceso, permanencia y egreso en todos los niveles educativos obligatorios y el ejercicio responsable de ciudadanía.”

Desigualdades y problemas que condicionan la educación

En primer lugar, tendríamos que discutir qué se considera “conocimiento socialmente valioso,” pero es tema para otro análisis. Sí nos interesa señalar la relación, otra vez lineal y apolítica, que se hace entre aprendizaje y derecho a la educación.

Para analizar discursos políticos es interesante despoblar los enunciados de toda la parafernalia que los adorna y que suele hacernos perder el hilo de lo que, en sustancia, se expresa. En este caso, si nos quedamos con los conceptos nucleares, la cita dice que: el aprendizaje asegura el derecho a la educación como sustento de igualdad. Cualquiera que se detenga un poco a pensar esta afirmación reconocerá que no tiene asidero. Aprender no asegura el derecho a la educación, sino que el derecho a la educación es lo que permite a los sujetos, de nuestro país (y de cualquiera), la posibilidad de ingresar, permanecer y egresar de las instituciones escolares y desarrollar procesos de aprendizaje. La Ley 26206 lo expresa así, en su artículo 2, cuando sostiene que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

Pero no se trata de un mero juego de palabras, sino que devela posicionamientos, creencias e ideas que cambian el sentido democrático del derecho de las personas a la educación y la obligación del Estado de garantizarla. Aquí hay un modelo educativo que parece asomar.

Nos preocupa que se haga creer que “la cosa está mal” porque los docentes están mal formados; que se instale la idea de que nuestras hijas e hijos no aprenden porque no se les sabe enseñar; que se recargue en los decentes la responsabilidad del derecho a la educación. Atención: la cosa es más seria y profunda. Nos preguntamos dónde se ubica el Estado en este discurso.

* Licenciada y profesora en Comunicación Social. Diplomada en Gestión de políticas públicas y en gestión de las instituciones educativas. Docente de los espacios Política Educativa y Legislación y Práctica Docente II IFDC Fiske Menuko.

** Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación. Docente de Pedagogía y de Práctica Docente del IFDC Fiske Menuko.