Promueven cambio normativo para bloquear un megaproyecto urbanístico en Catedral
Aseguran que el plan impulsado por la empresa Capsa va a contramano del interés general de Bariloche y además causaría perjuicios ambientales. Opositores buscarán modificar el contrato de concesión.
Desde el municipio buscan desactivar la polémica por el proyecto urbanístico para Catedral, pero las quejas se multiplican. (archivo)
El avance del proyecto de instalar un desarrollo inmobiliario de gran escala en el cerro Catedral encendió las alarmas en distintos sectores de la oposición, que lo consideran un perjuicio para el entorno ambiental y también para la economía de la ciudad, y que ya trabajan en una ordenanza para ponerle freno.
Hay ongs que tienen previsto impulsar en los próximos días una acción de amparo, con eje en la violación de la ley de bosques nativos que implicaría el proyecto. Se fundan en la inexistencia de un relevamiento actualizado y un mapa “protector” de los bosques, que la provincia de Río Negro adeuda desde 2015.
El grupo “Vecinos por el cerro” realizó una reunión informativa el último miércoles en el aula magna del CRUB que registró alta concurrencia y de la que participaron también tres concejales.
Allí se conoció, entre otras, la propuesta de impulsar un cambio normativo que declare “inconstitucional” el anexo B de la ordenanza 2.929/18, por la cual el municipio le extendió a la empresa Capsa la concesión en Catedral hasta 2056. El anexo cuestionado es lel que la habilita a ampliar la explotación con un nuevo desarrollo urbano.
A la zona le faltan parámetros urbanísticos, y para resolverlo existe un anteproyecto elaborado por el arquitecto Osvaldo Paván, que está bajo análisis de la Unidad Coordinadora de Planeamiento. Allí se prevén varias áreas de ocupación concertada sobre una superficie de 79 hectáreas, con proyección para instalar un gran complejo hotelero y varias unidades de alojamiento, colectivas e individuales.
Marcos Ferrero, referente de la ong Árbol de Pie, dijo que en su caso las preocupaciones tienen que ver con las consecuencias ambientales de la urbanización que pretenden desplegar la empresa Capsa, y el municipio como poder concedente. También hay fuertes reparos derivados de un estudio geológico del Segemar, que caracteriza a esa zona como no urbanizable.
Ferrero señaló que también se expresaron muchas voces críticas por las consecuencias económicas que tendría para la ciudad, “porque este plan director habilitaría 13.300 nuevas plazas de alojamiento solo en el cerro, cuando Bariloche entera tiene alrededor de 30.000”.
Ese nuevo polo de captación de turistas, con sus comercios y servicios, todo en Catedral, funcionaría de algún modo como competencia del resto de Bariloche y perjudicaría al resto de los prestadores, además de “agravar las desigualdades sociales” de la ciudad, según alertaron desde Incluyendo Bariloche. Lo definieron como una “economía de enclave”, con impacto negativo sobre el resto del destino.
Ferrero afirmó que otra de los problemas no resueltos tiene que ver con la provisión de servicios públicos, la alimentación eléctrica de la nueva urbanización y el tratamiento de efluentes. También genera interrogantes el impacto sobre la trama vial.
Para los opositores, el proyecto debería estar enfocado desde la búsqueda de soluciones integrales para todo Bariloche, pero -por el contrario- “no resuelve las deficiencias actuales en la distribución de servicios públicos, marcada por la inequidad y la injusticia”.
“Mentiras y malentendidos”
La secretaria de Planeamiento Territorial del municipio, Sofía Maggi, consideró que es infundada la agitación contraria al proyecto porque todavía está “lejísimos” de llegar al Concejo Municipal, que tendrá la última palabra. Recordó que el último 5 de noviembre iba a ser tratado en una reunión del Consejo de Planeamiento Municipal, que no pudo sesionar “porque se llenó de gente y fue inviable”. Ahora deben fijar una nueva cita que todavía no tiene fecha.
El futuro de Catedral: la titularidad de las tierras, en el eje del debate
“La verdad, es bastante difícil llevar adelante el trámite en estas condiciones, hay muchas mentiras alrededor”, dijo Maggi. También afirmó que en el área a su cargo solo se evalúan los futuros indicadores urbanos para el área Catedral y no se resuelve si las tierras serán cedidas en propiedad, que es otra de las controversias.
La funcionaria dijo “tener claro” que la Carta Orgánica declara al Catedral como patrimonio “inalienable” del municipio, es decir que no se puede vender.
Según Maggi, “no hay definición” sobre una eventual transferencia de tierras y todo son “malentendidos”. Sostuvo que en cualquier caso se definirá en el Deliberante, pero que hasta ahora “no hay nada con carácter de veracidad” que plantee esa opción.
Aun así, el intendente Walter Cortés habló más de una vez sobre la posibilidad de acordar un canje con Capsa, a modo de plusvalía, para habilitar el desarrollo urbanístico a cambio de lotes de interés social.
Esto último fue cuestionado por el concejal de Incluyendo Leandro Costa Brutten, quien dijo que el intendente “actúa como socio (de la empresa) y es parte de la desnaturalización” de las políticas municipales para Catedral.
Dijo que el proyecto para revertir lo pactado en el contrato de concesión todavía no fue presentado al Concejo y está “en gestación». Aseguró que también estudian “la posibilidad de plantear la nulidad de origen de todo el contrato, porque no surgió de una licitación pública”.
Ferrero también hizo referencia a la controvertida adjudicación directa pactada hace casi siete años por el exintendente Gustavo Gennuso en favor de Capsa, sin llamar a un referéndum, como se lo pidieron con miles de firmas. “Catedral es un tema sensible, a partir de lo que pasó con Gennuso -sostuvo-. Es un tema serio, en lo ambiental y en lo económico. Hay mucha gente que sigue enojada”.
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