«Un escándalo que afecta la vida pública»: los motivos del pedido de destitución de Gloria Ruiz

Legisladores de varios bloques presentaron un pedido para separar del cargo a la vicegobernadora y crear una comisión investigadora.

Los diputados que piden la separación preventiva del cargo de la vicegobernadora Gloria Ruiz enumeran una serie de causales que la harían incurrir en presunta inhabilidad moral para seguir en el cargo. Son hechos que está investigando la fiscalía de Delitos Económicos y que viene publicando diario RÍO NEGRO, vinculados con contrataciones de personal y desvío de fondos por parte de familiares.

En su proyecto de resolución para crear una comisión investigadora, los diputados Claudio Domínguez, Ludmila Gaitán, Mercedes Tulián, Alberto Bruno, Yamila Hermosilla, Marcelo Bermúdez y Verónica Lichter señalan que el pasado viernes 22 se realizaron allanamientos pedidos por el Ministerio Público Fiscal en la Legislatura y en la Casa de las Leyes a partir de los cuales se enteraron de la investigación judicial en curso.

«Días previos había tomado estado público la situación contractual del ‘director de comunicación’ de la Legislatura, Pablo Schapira, quien no estaría designado y no percibiría un salario desde la Honorable Legislatura de Neuquén. Sin embargo, su esposa María Angélica Cowper, percibiría una retribución de 3 millones de pesos por mes por la tarea desempeñada por aquél. Ello, a priori, importaría un fraude laboral y administrativo sin perjuicio de la posible comisión de delitos contra la administración pública, situación que debe ser aclarada con certeza de los hechos de manera inmediata».

También «se mencionó el caso Amílcar Leonardo Boela, quien habría sido designado como empleado de la Honorable Legislatura de Neuquén pero no se sabría a ciencia cierta cuál sería su función y si cumple horarios laborales en esta Casa». Boela dijo este lunes que renunció a ese cargo.

El choque inexplicable


Siguen los diputados autores del proyecto: «otro de los hechos que genera incertidumbre y necesidad de transparencia deviene de un siniestro ocurrido el jueves 21, en el que en horas de la tarde se conoció públicamente que el vehículo oficial que utiliza la Vicegobernadora habría sufrido un impacto contra otros vehículos en ruta 7, un accidente de tránsito que parecería algo sin mayor relevancia pero que trasciende para esta institución en virtud a que la misma Vicegobernadora habría querido negar que viajaba en el vehículo».

La denuncia del BPN contra el hermano


Mencionan luego que tomaron conocimiento de que el miércoles 20 de noviembre el Banco Provincia de Neuquén denunció el supuesto desvío de fondos públicos de los organismos oficiales hacia las cuentas bancarias personales de Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora y coordinador del Complejo Casa de las Leyes. «De acuerdo al informe presentado por el Ministerio Público Fiscal se habrían detectado situaciones irregulares vinculadas con el hecho de haber ‘recibido acreditaciones significativas diferentes a sus haberes de parte de la Legislatura por un monto de 29.854.350 pesos’ y realizó extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos”.

Después mencionan la causa abierta en la justicia federal, en la cual «se le atribuye, como presidente del partido político “Desarrollo Ciudadano”, haber omitido acreditar debidamente el origen y destino de los fondos partidarios recibidos».

«Lo mismo sucede con la celebración de contratos, asignación de categorías, remuneraciones y adicionales de todo tipo, y el control de ejecución de los mismos, que podría haber generado contrataciones y pagos al margen de las prácticas debidas en la administración de la gestión y fondos públicos. Asimismo, se desprende una posible infracción a reglas legales y éticas de contratación de personal en la Legislatura Provincial, que podría implicar la priorización de personas con vinculaciones familiares o por afinidad, sin respetar criterios de idoneidad y especialización», añaden los legisladores.

«Conmoción social»


Para continuar con los fundamentos del proyecto, señalan que «en atención a la actual conmoción social que afecta no solo el normal desenvolvimiento de esta institución sino también la percepción de los ciudadano/as respecto a la confianza en las autoridades, esta Cámara debe disponer una serie de medidas impostergables para dar una respuesta institucional y administrativa urgente a las cuestiones que motivan el inicio de la investigación».

En ese sentido remarcan que «resulta imperioso que, en circunstancias como la presente, en las que un escándalo afecta la vida pública y la institucionalidad, se adopten medidas que tiendan a restablecer la confianza pública y garantizar la transparencia de la investigación, sin afectar los derechos de la persona investigada».

Esta decisión «se enmarca en la necesidad de proteger a la comunidad de un clima de inestabilidad social, derivado del impacto que los hechos denunciados han generado en la opinión pública, contribuyendo así a la recuperación de un ambiente de tranquilidad y normalidad institucional».


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