La Justicia archivó una causa contra Bullrich por “persecución” a mapuches en la región
La demanda la inició la APDH en 2019. Se analizaron 13 expedientes vinculados a comunidades originarias.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue acusada por la APDH por persecución a pueblos originarios pero la Justicia dice que no hay delito. Archivo
La Justicia Federal, cinco años después, decidió archivar una causa penal impulsada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) en la que denunció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ocupaba el mismo cargo en 2019, por “orquestar un plan criminal” de persecución a comunidades indígenas.
La decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, fue difundido por el ministerio de Seguridad que celebró el sobreseimiento de la titular de la cartera que este lunes estará en la región para presidir en Villa La Angostura el Consejo de Seguridad Interior.
La magistrada archivó el expediente iniciado en 2019 por “inexistencia de delito”. La causa estaba caratulada “Bullrich, Patricia y otros s/ homicidio agravado fuerzas de seguridad y otros” y hacía referencia a intervenciones del ministerio que comanda Bullrich pero durante la gestión de Mauricio Macri y mencionaba puntualmente las muertes de Santiago Maldonado en la zona de Cushamen, Chubut, y de Rafael Nahuel en Villa Mascardi, cuyo asesinato tuvo su juicio oral el año pasado en General Roca, con condenas a prefectos declarados responsables, que aún no se encuentran firmes.
La APDH denunció que en 2015 las entonces autoridades del ministerio de Seguridad de la Nación habrían “orquestado un plan criminal dirigido al ejercicio de la violencia, coacción, amenazas, lesiones, muerte, daños a la propiedad, así como maniobras de espionaje ilegal, sobre distintas comunidades indígenas pertenecientes al pueblo mapuche a fin de que cesaran los reclamos y protestas en torno a la titularidad de las tierras que estos ocupaban para favorecer a negocios inmobiliarios de terceros, empresarios y entidades afines”.
El organismo de derechos humanos puntualizó como responsables en Bullrich; Pablo Noceti, exjefe de gabinete de ese ministerio; Gonzalo Cané, exsecretario de cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas de ese ministerio; Gerardo Milman, exsecretario de seguridad interior de ese ministerio, y a todo integrante de las fuerzas de seguridad y policiales que hubiera participado en su ejecución.
La denuncia mencionó una supuesta “estrategia de persecución y estigmatización implementada por las autoridades de seguridad desde el 2015 que habría tenido como fin desarticular los reclamos históricos del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales”.
En la resolución judicial, la jueza Capuchetti, sostuvo que “las acciones del ministerio se limitaron a intervenir en casos específicos, como denuncias de delitos, que habían sido previamente presentadas ante la justicia provincial. En todos los casos analizados, las actuaciones de las fuerzas policiales federales, dependientes de la citada cartera ministerial, actuaron en coordinación con las fiscalías y juzgados correspondientes”.
Indicó que las medidas adoptadas por el ministerio fue “coordinada para dar respuesta estatal a una determinada realidad” en la que intervinieron distintos poderes y provincias.
“Se descarta la hipótesis criminal, dado que esta se erige ya como una selección antojadiza de un grupo determinado de funcionario”, indicó la magistrada.
Consta en el expediente que la fiscalía para realizar la investigación requirió los antecedentes de todas las causas tramitadas contra comunidades originarias citadas -que suman 13 en total-, como usurpaciones de predios privados y de Parques Nacionales, por la quema de vehículos, viviendas y refugios alpinos, daños a propiedades privadas y del Estado, por amenazas agravadas, cortes de rutas, lesiones graves a particulares y a integrantes de las Fuerzas de Seguridad, así como las causas tramitadas por las muertes de Rafael Nahuel en Villa Mascardi y de Santiago Maldonado en Chubut.
La jueza Capuchetti indicó en su análisis que “existe un conflicto arraigado entre las comunidades indígenas y el Estado (tanto nacional, como provincial y municipal) centrado en la disputa por la tenencia de tierras. No obstante, resulta jurídicamente insostenible atribuir responsabilidad penal a las entonces autoridades del ministerio de Seguridad de la Nación por hechos individuales en los cuales no se ha acreditado su participación directa o indirecta, o en su defecto la existencia de un plan sistemático de vulneración de derechos” como los sugeridos por los denunciantes y el ministerio público fiscal al impulsar la investigación.
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