YPF pidió el comando antibloqueos de Gendarmería en Vaca Muerta y una jueza le dijo que no
La jueza federal civil dispuso aplicarles una multa diaria a integrantes de la comunidad Campo Maripe si no cumplen con la orden de dejar trabajar a la empresa en la traza de un ducto en Loma Campana, pero no mandará a los gendarmes.
Luis Petri, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, el día de la presentación del comando antibloqueo en Neuquén, el 4 de noviembre pasado. (Archivo/Florencia Salto)
Tres días después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó en Neuquén el comando antibloqueos de Gendarmería, la empresa YPF le pidió a la jueza federal civil Carolina Pandolfi que recurra a esa fuerza especial para cautelar los trabajos de tendido de un ducto, y mantener alejada a la comunidad Campo Maripe que efectuaba un reclamo. Pero la magistrada decidió no convocar a Gendarmería, en lo que se convirtió en la primera escaramuza con las fuerzas federales que Bullrich apostó en Vaca Muerta.
Diario RÍO NEGRO pudo reconstruir el episodio a partir del acceso a la presentación de la acción de amparo por parte de YPF el jueves 7 de noviembre pasado ante la jueza federal civil, y del rechazo parcial que cosechó ese mismo día. Por ahora, Gendarmería solo acompañó a oficiales notificadores, tal como se publicó.
Bullrich estuvo en Neuquén y presentó su comando antibloqueos el lunes 4, junto con sus pares de Defensa, Luis Petri, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La empresa estatal eludió a los tribunales provinciales y acudió al fuero federal porque «si bien el dominio originario de los recursos es de las provincias, la jurisdicción respecto de los hidrocarburos es federal», y la jueza aceptó la competencia.
«Que primero nos arreglen»
Los abogados de la petrolera exponen que dentro del área Loma Campana, en el departamento de Añelo, construyen un ducto cuya finalidad «es el transporte de producción desde la locación LOC333, cuya perforación se inició en septiembre, y cuya puesta en producción se proyecta en febrero del 2025 hacia la EPF N° 11».
Denuncian que el 23 de octubre, el 4 y el 5 de noviembre se registraron «impedimentos en la ejecución de las tareas» por parte de personas que se negaron a identificarse y profirieron expresiones como «nos tienen que pedir permiso para trabajar en mi patio» y “primero que vengan los de YPF y nos arreglen”.
YPF asegura que la ejecución de la locación 333 implica una inversión total de 39 millones de dólares, desde la etapa de perforación realizada en septiembre hasta la terminación en febrero próximo, y que el costo asociado por no poder continuar con la obra significa «la pérdida de la inversión realizada hasta el momento de 16 millones de dólares, invertido en perforación, sumado a la imposibilidad a futuro de recuperar la venta del gas y petróleo extraído, suma que asciende a 47 millones de dólares antes de impuestos».
El pedido de intervención de Gendarmería
En concreto, le pide a la jueza Pandolfi que intime a las personas demandadas, a las que identifica como integrantes de la comunidad Campo Maripe, «a abstenerse de desarrollar cualquier conducta que obstruya los trabajos» de la petrolera o sus contratistas. Pide que le apliquen, en caso de que no lo hagan, una multa diaria de 100.000 pesos.
Luego realiza el pedido de intervención de la fuerza de seguridad federal. YPF «solicita se libre oficio a Gendarmería a los fines que dispongan las diligencias necesarias para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar, disponiendo consigna judicial en el lugar mientras se ejecutan las tareas». Es decir, solicita que los gendarmes estén como custodias de los operarios para que puedan trabajar sin ser molestados.
La decisión de la jueza Pandolfi
La jueza Pandolfi hace lugar parcialmente al amparo. Le da la razón a la petrolera estatal -«con la provisoriedad propia de la etapa procesal»- en cuanto a la existencia del bloqueo por parte de las personas denunciadas. Ordena como medida cautelar que deben permitir el libre acceso de la empresa y las contratistas para realizar los trabajos bajo apercibimiento de multa diaria de 100.000 pesos si incumplen.
Pero respecto de la solicitud de intervención de la Gendarmería «a los fines de disponer una consigna judicial en el lugar mientras se ejecutan las tareas, para el caso de que no se cumpla la medida cautelar, estimo que excede el objeto de la presente acción, tramitada entre particulares, a quien eventualmente se impondrán sanciones pecuniarias para el caso de incumplimiento», dice la jueza.
Alude a que «se encuentra en curso una denuncia penal, en cuyo caso la autoridad competente dispondrá lo necesario para asegurar el cese del eventual delito dando las instrucciones del caso a las fuerzas de seguridad».
Esa denuncia la presentó una contratista de YPF el 23 de octubre. Diario RÍO NEGRO intentó, hasta ahora sin éxito, conseguir una copia. No pudo averiguar si fue formulada ante la justicia provincial o la federal (en este último caso, sería tramitada por las reglas del Código Procesal Penal «viejo» que dejó de tener vigencia el 3 de noviembre).
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