Plata para organizaciones sociales: apareció la documentación de la cooperativa Viento Sur
Estaba en otra cooperativa, en pleno centro de Neuquén. Son los libros de actas y biblioratos que busca la fiscalía de Delitos Económicos para continuar la investigación sobre el destino de 1.100 millones de pesos a valores del 2023.
Diego Mauro, este viernes, durante el allanamiento a la cooperativa Cae Babylon. (Matías Subat)
En Santiago del Estero 16, a metros del Parque Central de Neuquén, funciona la Cooperativa Cae Babylon. En el primer piso, mediante un allanamiento realizado este viernes a la mañana, la fiscalía de Delitos Económicos encontró la documentación de la que sería su hermana gemela, la cooperativa Viento Sur, bajo investigación porque el gobierno de Omar Gutiérrez le giró 1.100 millones de pesos en 2023 al parecer sin esperar rendiciones.
El nombre que enlaza a las dos cooperativas es el de Diego Mauro, dirigente a su vez del FOL, una de las organizaciones sociales que maneja planes sociales y de capacitación. La vivienda en la que se supone que vive en la localidad de Fernández Oro también fue allanada pero no habrían encontrado elementos de interés. Mauro estuvo en Cae Babylon ayer a la mañana.
Los allanamientos comenzaron alrededor de las 9 con participación de personal policial y de contadoras de la fiscalía de Delitos Económicos, encabezados por el fiscal jefe Pablo Vignaroli. A diferencia de los 14 operativos simultáneos de julio pasado, esta vez no hubo personas demoradas.
Libros de actas y biblioratos
Vignaroli recordó ayer que en aquella oportunidad «en el que figura como domicilio legal de Viento Sur no pudimos secuestrar ninguna documentación, era una vivienda donde ni siquiera el morador sabía que ahí estaba la sede de la cooperativa, en la cuenca 16».
El fiscal del caso Juan Manuel Narváez indicó a su vez que «surgió información nueva y pudimos ingresar a Cae Babylon, cuyo presidente es Diego Mauro, que también está vinculado a Viento Sur».
«En este inmueble donde está la cooperativa Cae Babylon, en una vivienda de al lado que tiene un garage y un primer piso, entendemos que todo de la misma casa, encontramos documentación relacionada a Viento Sur», completó Vignaroli.
Dijo el fiscal jefe que «con las contadoras de la fiscalía estamos seleccionando toda la documentación y los dispositivos electrónicos que vamos a secuestrar para analizar posteriormente. Encontramos libros de actas, constancia de transferencias, facturas, biblioratos. Esto será motivo de análisis junto con lo que surja de los dispositivos electrónicos».
Narváez indicó que «la teoría del caso de la fiscalía es que durante el año 2023 se hizo un convenio con el ministerio de Desarrollo Social por el cual la cooperativa Viento Sur recibía aportes mensuales para destinarlos a capacitación laboral» pero «las organizaciones sociales no lo hacían. En cambio ese dinero servía para beneficio propio de los imputados o se desviaba a otras cuestiones».
El destino del dinero
La investigación de la fiscalía determinó que se compraron vehículos, que están secuestrados, y al menos dos terrenos, uno en Junín de los Andes y otro en San Martín de los Andes. Según Mauro, iban a destinarse a emprendimientos turísticos.
También, según dijo Narváez, «existieron adquisiciones y construcciones de comedores, que tenemos que ver con qué dinero se hicieron».
Vignaroli dijo que en la causa «todavía no se han formulado cargos. Hay personas sospechadas de haber tenido relación con la maniobra, que son básicamente quien en su momento era el ministro de Desarrollo Social, Germán Chiappino, por parte de funcionarios del Estado, y en principio Diego Mauro».
Sobre el dirigente social explicó que «figura como el que manejaba todo, si bien en Viento Sur no aparece como autoridad, pero surge de la información que tenemos que el señor Diego Mauro era quien disponía del dinero que ingresaba a esa cooperativa y a Cae Babylon».
El rol de la fiscalía de Estado
La investigación de los fondos derivados a las organizaciones sociales es otra de las causas de presunta corrupción que compromete a exfuncionarios del exgobernador Omar Gutiérrez. Pero a diferencia de la estafa con planes sociales, el impulso está a cargo de la fiscalía de Estado.
Los allanamientos de julio pasado los hizo la fiscalía penal de Delitos Económicos a partir de una denuncia del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, que a su vez de hizo eco de declaraciones del ministro de Trabajo, Lucas Castelli, sobre 1.100 millones de pesos entregados a organizaciones sociales en el último tramo del gobierno de Gutiérrez sin rendir.
La denuncia original de Gaitán fue contra Viento Sur y Diego Mauro, entre otros.
Un mes después presentó una ampliación contra la cooperativa Cae Babylon y la diputada de izquierda Gabriela Suppicich, a quienes Viento Sur habría, a su vez, derivado fondos.
La fiscalía que conduce Pablo Vignaroli maneja otros tiempos y recién ayer consiguió los libros de Viento Sur. Estaban en la visible Cae Babylon, a metros del Parque Central.
Vignaroli suele argumentar que su fiscalía está desbordada de trabajo y tiene pocos recursos. Reconocido tiempista, de buen diálogo con la fiscalía de Estado, se muestra despreocupado ante las críticas públicas: “tengo el cuero duro”, es una de sus frases, como quien está seguro del blindaje que lo recubre.
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