Amplio convenio de cooperación entre Neuquén y la justicia federal: el reclamo de Casal
Lo firmaron el lunes, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal federal. La provincia colaborará para suplir las carencias de infraestructura y demás recursos de la Procuración General.
Borinsky, Casal, Cúneo Libarona, Weretilneck, Figueroa, Gerez y Gennari, el lunes en el centro de convenciones Domuyo. La clásica foto familiar al final del encuentro. (Gentileza)
Un amplio convenio de cooperación en materia de investigación criminal firmaron el ministerio de Justicia de la Nación, la provincia de Neuquén, el Tribunal Superior de Justicia y los Ministerios Públicos federal y provincial. Implica ayuda en materia de recursos humanos, científicos y de infraestructura que servirán de apoyo para la implementación del nuevo Código Procesal Penal federal que entró en vigencia el lunes.
El documento lo firmaron en el salón Caballo Negro del centro de convenciones Domuyo el ministro Mariano Cúneo Libarona, el gobernador Rolando Figueroa, la presidenta del TSJ, Soledad Gennari, el procurador general interino, Eduardo Casal, y el fiscal general neuquino José Gerez.
Gennari dijo a diario RÍO NEGRO que «el convenio firmado entre la provincia y Nación implica apoyo en diversas áreas en esta primera instancia de implementación» del Código Procesal Penal federal, «tanto en materia de capacitación y otras cuestiones técnicas necesarias para esta instancia, que no implica erogación de recursos sino transferencia de conocimientos en función de la experiencia neuquina en el sistema acusatorio».
En el mismo idioma
Gerez en tanto afirmó que “ahora los fiscales provinciales y federales hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo sistema procesal. Es la primera vez que estamos tan cerca, e imagino un futuro trabajando juntos”.
«Es evidente, surge de los discursos del ministro y del procurador, que hay un déficit de recursos, y este convenio no va a suplir la falta de recursos pero en todo lo que el Ministerio Público Fiscal pueda ayudar y aportar, lo vamos a hacer», agregó.
El rol del Procurador General
El ministro Mariano Cúneo Libarona dijo que hubo «un abandono de 50 años de la justicia federal», y admitió: «yo pensé que la infraestructura estaba mejor pero bueno, con esto nos encontramos…».
Por su parte el Procurador General interino Eduardo Casal fue el más crítico: «no contamos con las condiciones óptimas» para implementar el nuevo Código, afirmó.
Diario RÍO NEGRO pudo recoger dos versiones: una indica que Casal reclamó más apoyo antes de aceptar que se avance con el sistema acusatorio; la otra, al revés, señala que el convenio se firmó para quitarle excusas y que no siga dilatando la entrada en vigencia.
Interino eterno y a la vez permanente candidato a irse, Casal resiste en el cargo desde el 1 de enero del 2018 con el visto bueno del expresidente Mauricio Macri. En los últimos días volvieron las versiones sobre su relevo. Dos de los que se mencionan para reemplazarlo estuvieron el lunes en Neuquén sentados junto a Cúneo Libarona: el viceministro Sebastián Amerio y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.
Los gastos se facturan
La colaboración se daba de manera informal, según dijeron a este medio jueces y fiscales federales y provinciales, pero ahora tiene el respaldo de un documento legal.
Gerez indicó que «nosotros gestionamos si necesitan hacer una rueda de reconocimiento, una Cámara Gesell, o algo del laboratorio del que disponemos en virtud del Consejo de Procuradores».
Los insumos se pagan, no así los honorarios.
El día que se puso en marcha el nuevo Código federal, un lamento recurrente fue por la falta de recursos. El convenio señala que «con el objetivo de promover y priorizar el destino de los recursos para la implementación del sistema acusatorio, es indispensable trabajar en la coordinación y uso de laboratorios científicos, salas de audiencias y recursos técnicos para las investigaciones existentes en el ámbito provincial junto con la jurisdicción federal».
Para la efectiva implementación del sistema procesal, la Procuración General y el Ministerio Público Fiscal de Neuquén «realizarán acciones conjuntas a fin de gestionar, facilitar y coordinar el uso de los recursos edilicios, científicos y de investigación existentes en la jurisdicción (…) de manera de otorgarles un uso eficiente para asegurar investigaciones de calidad».
Laboratorios forenses
El MPF que dirige Gerez «llevará adelante las gestiones necesarias para posibilitar la utilización de los laboratorios forenses para la realización de los peritajes, análisis o prácticas forenses, cuando lo consideren necesario los fiscales federales» en el marco de sus investigaciones.
Además, el Tribunal Superior y el Ministerio Público Fiscal «pondrán a disposición los recursos humanos para llevar adelante capacitaciones vinculadas con la implementación y funcionamiento del sistema acusatorio penal», mientras que la provincia aportará «el uso de recursos técnicos y de infraestructura edilicia».
Por su parte, el ministerio de Justicia de la Nación «manifiesta su voluntad para gestionar, en la medida de sus posibilidades, el financiamiento que pueda implicar la reposición de los insumos que se utilicen en los laboratorios forenses para la realización de los peritajes».
Un amplio convenio de cooperación en materia de investigación criminal firmaron el ministerio de Justicia de la Nación, la provincia de Neuquén, el Tribunal Superior de Justicia y los Ministerios Públicos federal y provincial. Implica ayuda en materia de recursos humanos, científicos y de infraestructura que servirán de apoyo para la implementación del nuevo Código Procesal Penal federal que entró en vigencia el lunes.
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