Arquitecto y propietario pagarán con alimentos y $100.000 por una obra ilegal en Bariloche
Se trata de la obra irregular que avanzó hacia el lago Nahuel Huapi, en la avenida Bustillo. Acordaron pautas de conducta en una suspensión de juicio a prueba.
La construcción privada avanzó en el retiro de costa en la avenida Bustillo 4,400, en Bariloche. El dueño tendrá una probation. Foto: Archivo
El arquitecto y el propietario de una obra en construcción que avanzó a pesar de órdenes de paralización y demolición ubicada en la costa del lago Nahuel Huapi, a la altura del kilómetro 4,400 de la avenida Bustillo en Bariloche, alcanzaron un acuerdo para no avanzar en la causa judicial por desobediencia y pagarán con alimentos y dinero a una entidad de bien público.
En una audiencia de suspensión de juicio a prueba, realizada semanas atrás, que se aplicó por tratarse de un delito menor con una pena máxima de un año de prisión en suspenso, el juez Juan Martín Arroyo convalidó la propuesta de pautas de conducta para Rodrigo Aguilar y Ricardo Lerchundi, en calidad de propietario y arquitecto de la obra cuestionada.
Ambos deberán aportar 100 kilos de alimentos no perecederos a una institución de bien público y 100.000 pesos cada uno también a una entidad sin fines de lucro.
La causa llegó a la justicia por una denuncia de la municipalidad de Bariloche en marzo pasado y con el impulso de vecinos linderos que reclamaban por la irregularidad. La comuna se opuso a aplicar este criterio de oportunidad a los acusados, pero su opinión no es vinculante y el juez se inclinó por la “razonabilidad” del planteo elevado por la fiscal Alejandra Bartolomé.
Una solución similar obtuvieron el año pasado el arquitecto y propietario del complejo hotelero Huinid, por el trágico alud que se originó ante una obra irregular, en el que murieron tres turistas uruguayos.
Arroyo remarcó que se trata de un hecho “que tiene que ver con cuestiones administrativas” y para el magistrado no constituye un delito penal este incumplimiento, sin embargo la fiscalía encuadró el caso en el delito de desobediencia, que en la escala penal es calificado como una falta leve.
Para el juez “si la obra se puede encauzar termina siendo una solución” al conflicto que llegó a la justicia y consideró que la suspensión de juicio a prueba trae una medida “superadora”, más aún que si el caso llega a un juicio con condena.
El magistrado señaló que los vecinos de la obra que hicieron público el caso, Diego Bonardi y María Lecouna, no son víctimas en este hecho que aborda la desobediencia a una medida administrativa, por eso se retiró de las pautas de conducta la restricción de comunicación entre los acusados y los vecinos.
Cuál fue la irregularidad y órdenes de suspensión
Aguilar y Lerchundi fueron acusados por incumplir una orden emitida en julio de 2022 por el juez de Faltas de Bariloche, Gustavo Contín, que exigía la inmediata paralización de los trabajos en una obra en construcción bajo apercibimiento de ordenar la demolición, porque no tenía autorización municipal y superaba los límites.
La fiscal relató que el 22 de marzo de 2023 inspectores municipales constataron la desobediencia a la orden impartida por juez de Faltas y se avanzó en la colocación de materiales, armado de hierro, encofrado y losa.
Bartolomé informó el acuerdo con los acusados para llegar a una suspensión de juicio a prueba con pautas de conducta por un año.
La querella, en representación de la municipalidad, se opuso a la probation y deslizó que ni siquiera se contemplaba retrotraer la obra, algo que en la continuidad de la audiencia fue incorporado. Hay que mencionar que en el ámbito administrativo el municipio impuso una severa multa al propietario y arquitecto.
El abogado defensor explicó que el propietario y el arquitecto buscaron “reencauzar” la obra y presentaron nuevamente la documentación en el municipio para lograr su autorización y asumieron el compromiso de retrotraer la parte que invade el retiro de costa del lago.
El arquitecto Lerchundi explicó que esa irregularidad fue “reconocida” y justificó que se trató de un avance “en un triángulo de 3 metros por un metro, no en el dominio público, sino en el privado. Es un retiro de costa de lago” que se debe cumplir según el código de edificación.
Malestar de los vecinos linderos a la obra
Los habitantes de viviendas linderas exhibieron en una carta pública su malestar por la decisión judicial y cuestionaron que exista un nuevo expediente para habilitar la obra en la municipalidad. También pidieron que el municipio controle la demolición de la fracción de la construcción que invadió el retiro de costa y se garantice que sea segura y que finalmente cumplan las normas vigentes en la nueva edificación.
Además hicieron una mención a profesionales del sector: “Que los colegios profesionales de Ingenieros y de Arquitectos de Río Negro, se involucren, en lugar de amparar a sus matriculados ante faltas que ponen en peligro a Bariloche y su medio ambiente. Pero, sobre todo, que los responsables de la obra –propietario y profesionales–, respeten, aunque no esté detallado en las reglas de conducta de la probation judicial, a sus vecinos y a las reglas que nos rigen, más allá de hacer exiguas donaciones forzadas para compensar su delito”, acusaron en la carta pública difundida ayer.
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