Ordenan la demolición de un barrio VIP en Cipolletti
Es un desarrollo urbanístico en una zona rural, en Ferri. El dueño de la chacra debe cumplir la orden judicial: tiene 60 días hábiles para presentar un plan en el municipio.
Justicia de Cipolletti.
El dueño de un amplio loteo en una zona rural y productiva de Cipolletti deberá cumplir con la orden de demolición de unas 30 casas construidas en el barrio Los Perales, en la zona de Ferri. Se trata de un sector donde no están permitidos los desarrollos urbanísticos y por eso el municipio es corresponsable por no haber frenado la construcción de las viviendas.
Se trata de un barrio VIP por el costo de los terrenos y por la arquitectura de las viviendas, en su mayoría casas-quinta. Sin embargo el Código de Planeamiento Urbano no permite los desarrollos en ese sector que no cuenta con servicio de cloacas ni de gas natural. Además, los propietarios de esas viviendas tampoco pagan tasas municipales.
Luego de varios años de litigio, el juez Federico Corsiglia dispuso la medida que tiene un plazo de ejecución de 60 días hábiles y ya se encuentra firme: el plazo ya está en marcha. La demanda recae sobre Aldo Manríquez, propietario de una chacra que hace varios años comenzó con un desarrollo urbano.
El hombre no solo tiene que hacerse cargo del costo si no que debe pedir un permiso al municipio para presentar un plan de demolición: eso incluye desde la seguridad hasta el destino final de los escombros. Pasado ese plazo, si Manríquez no activa, el propio demandante puede iniciar el proceso pero los costos siempre recaerán en el dueño de la tierra.
Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, Manríquez vendió la chacra a otro hombre que fue el desarrollador, pero la escritura sigue a nombre de él. El municipio de alguna forma debe garantizar que se respete la orden judicial. Los plazos que fijó la justicia también permiten una posible negociación entre las partes para llegar a un acuerdo extrajudicial. Dependerá de la voluntad principalmente del demandante, Jorge Liss.
Según se desprende del fallo, Manríquez, el propietario de una chacra de 7 hectáreas, promovió un desarrollo habitacional exclusivo con 120 lotes marcados, calles abiertas a golpe de topadora y casas de lujo en pleno proceso de construcción. Todo esto, en tierras zonificadas como “RUR1”, donde las ordenanzas municipales solo permiten actividades agrícolas.
Liss, un vecino ingeniero agrónomo que cuida sus viñedos en un terreno adyacente, fue quien encendió las alarmas. Denunció que el avance descontrolado de estas construcciones amenaza su producción y altera el frágil equilibrio del ecosistema local.
Sus preocupaciones no se quedaron en meras palabras: una pericia agroambiental confirmó los efectos devastadores del asentamiento. Obstáculos que impiden el riego, contaminación de napas freáticas por pozos sépticos precarios, y luces que ahuyentan a los insectos benéficos, desatando una plaga de problemas para las plantaciones.
El fallo judicial es una declaración sin matices. Manríquez debe detener todas las obras, demoler lo ya edificado y limpiar el terreno, bajo amenaza de sanciones severas. Pero la sentencia no se queda ahí: la Municipalidad de Cipolletti también está en la mira. Se le exige que tome cartas en el asunto y materialice las demoliciones, removiendo todo obstáculo que interfiera con el uso agrícola del suelo. Además, se la insta a identificar a cualquier responsable adicional y garantizar que estas tierras no se conviertan en urbanizaciones de lujo que desafíen las normas.
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