Desmienten acuerdo con el Ejecutivo en el conflicto de tierras en Fernández Oro
El exintendente y titular del IPPV Mariano Lavín y el juez de Faltas aseguraron que nunca hubo consenso con la organización social para construir. No se trata de un desalojo porque el conflicto no es con el suelo, sino con la edificación.
Lila Calderón es referente social de Cipolletti y fue quien gestionó los fondos de Nación para la compra de las zona. Foto: captura video.
Tanto el exintendente Mariano Lavín como el juez de Faltas Lucas García Lagos desmintieron el supuesto acuerdo con una organización social de Cipolletti para desarrollar un loteo en una zona rural de Fernández Oro. El conflicto estalló ayer con la medida que tomó el juzgado de secuestrar y retener todo elemento que coopere con una posible urbanización en el sector.
Desde la organización indicaron ayer que había un acuerdo de palabra con el exintendente Mariano Lavín para desarrollar un loteo social y que el actual jefe comunal Gustavo Amati impulsó la orden de retirar cualquier elemento para fomentar la construcción.
El juez de Paz Lucas García Lagos manifestó que el conflicto comenzó hace dos años cuando notaron movimientos tendientes a la construcción de un loteo. «No importa si es un loteo social o un desarrollo urbanístico, es una zona rural y el Código es claro en que no es apto para la construcción», indicó.
Aseveró que en la gestión de Lavín se informó a las familias -nucleadas en una cooperativa – que estaban cometiendo una falta contravencional. Sin embargo «avanzaron» con las refacciones en el sector para el loteo y por eso se dispuso la orden para «limpiar» el lugar.
El exintendente y actual titular del IPPV, Mariano Lavín, se expresó en el mismo sentido y detalló que la organización siempre supo que ese lugar no era apto para construir. «Es cierto que tuvimos una serie de reuniones, pero siempre se dejó claro que es una zona rural. Vinieron con algunos proyectos para ver si se podía avanzar; nosotros los escuchamos porque es lo hacemos siempre, pero finalmente dijeron que iban a avanzar de cualquier forma y esa fue la última reunión», indicó.
El proceso comenzó hace dos años cuando la organización, con fondos de Nación, compró el loteo en esa zona productiva con una superficie de 26 hectáreas. Allí se inició un proceso de loteo y el conflicto con el Municipio que se opuso desde el primer momento.
El juez de Faltas explicó que ayer dictó una orden para el secuestro y retención de material de construcción, Se trata de una falta contravencional por eso no se dio intervención a la justicia. En el procedimiento de ayer sí se hizo una denuncia a la fiscalía, según el municipio, porque las familias obstruyeron el ingreso de personal municipal.
García Lagos explicó que no se trata de una orden de desalojo porque la organización cuenta con un contrato de compraventa del lugar. No hay irregularidades en ese sentido, sino en la construcción de viviendas.
Indicó que se abrieron calles sin permiso y la delimitación de loteos lo que apresuró la orden. Agregó que ese terreno sigue a nombre del propietario original quien ya falleció pero que los herederos no respondieron a la notificación a pesar de las cuantiosas multas que fijó.
Los manifestantes tienen otra versión
Los manifestantes aseguran que cuentan con el respaldo de una cooperativa y señalaron que presentaron una denuncia penal contra la comuna, a la que acusan de presentar inventarios que «no tienen ni el 2% de lo que nos sacaron de acá» en cuanto a materiales.
La orden que dictó el juez el 15 de octubre pasado fue la desocupación «inmediata» de cualquier tipo de materiales, estructuras y mobiliario».
La cooperativa sostiene que el proyecto contempla un sector productivo y que se había consensuado con la anterior gestión. Indicaron que también denunciaron penalmente al municipio porque «se robaron todo».
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