Pasajes gratuitos para personas con discapacidad: un derecho cada vez más relegado
Cada vez es más difícil conseguir que las empresas cumplan con ese derecho. Los damnificados lo relacionan con la desregulación del transporte.
Las dificultades de las personas discapacitadas para acceder al transporte gratuito se agudizaron en los últimos meses. (archivo)
Los pasajes gratuitos en colectivos de larga distancia que una normativa nacional les concede a las personas con discapacidad nunca fueron de fácil acceso, pero en el último tiempo se tornaron más esquivos que nunca, con la amenaza firme de que pasarán a la historia en forma definitiva con la nueva desregulación del transporte.
El tortuoso itinerario que deben desandar las personas con discapacidad o sus familiares para obtener un boleto sin cargo llevó en su momento a que el Consejo Local de Discapacidad abriera una ventanilla en la terminal de Bariloche para acompañar las gestiones y brindar asesoramiento “in situ”.
Pero hoy ese recaudo tampoco alcanza, mientras arrecian las quejas porque la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) “les deja hacer” a las compañías, que sistemáticamente deniegan los pedidos por “falta de cupo”, o directamente sin invocar motivos.
La Defensora del Pueblo de Bariloche, Analía Wolszczuk, sigue el tema de cerca porque le llegan denuncias todo el tiempo y confirmó que trabajan en la búsqueda de respuestas con otras defensorías a nivel regional y nacional, porque “la cuestión de los pasajes preocupa a en todos lados, las empresas empezaron a decir sistemáticamente que no, que está todo ocupado. Y los controles no existen”.
La directora de Discapacidad del municipio, Rocío Godoy, dijo que los problemas no remiten solo al decreto desregulador emitido hace unos días, sino que se agudizaron “al menos en los últimos cinco meses”, cuando los pedidos de pasajes casi sin excepciones comenzaron a rebotar contra la cerrada negativa de las empresas.
Señaló que en el servicio “autogestionado” del organismo a su cargo atienden muchas solicitudes motivadas “por urgencias, tratamientos y rehabilitación”, que los usuarios deben postergar, o cubrir de su bolsillo. Insistió en que “hay un derecho que está vigente y que no se cumple”.
Lo mismo sostuvo la Defensora del Pueblo, quien refirió que no es una restricción derivada del cambio de gobierno sino que “siempre fue dificultoso” lograr que las empresas se ajusten a la ley 25.635, que consagró el derecho de pasajes gratuitos a las personas con certificado de discapacidad no solo para viajes relacionados con la salud, sino “por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole”.
Los testimonios de los viajeros frustrados abundan en Bariloche y en toda la región. Sandra González, por ejemplo, reside en esta ciudad y tiene un hijo de 34 años con parálisis cerebral y movilidad reducida. Para el último boleto que necesitó tramitar para un viaje a Santiago del Estero, como lo hace todos los años porque allí tiene familia, la tuvieron un mes y medio en espera. Y se lo negaron con el único argumento de que “no pueden dar más por ahora”.
Qué dice el organismo regulador del transporte
Desde la CNRT desmintieron que la nueva regla sea la eliminación de los boletos gratuitos para las personas con discapacidad. “A partir de las denuncias recibidas analizamos los registros y este mismo lunes intimamos a las empresas que no estaban cargando esos servicios”, afirmó desde Buenos Aires una fuente del organismo.
Señaló que la advertencia fue dirigida también a las cámaras empresarias, y 48 horas después empezaron con “las sanciones”.
El responsable consultado aclaró que “la desregulación del transporte automotor no implicó la eliminación de la gratuidad de los pasajes”, de modo que “el derecho sigue vigente y es una obligación que tienen las empresas”. Aseguró que los controles continuarán y se realizan “desde las delegaciones de CNRT en todo el país”.
Ese énfasis está muy lejos de lo que perciben los directos interesados. El presidente del Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad de Bariloche, Javier Maldonado (él mismo discapacitado visual) aseguró que las gestiones de permisos para los viajes gratis de larga distancia nunca fueron fáciles, pero se complicaron mucho más “desde el año pasado, cuando cambió el gobierno”.
Sostuvo que desde lo legal no hay modificaciones, porque cuentan con una ley “nunca reglamentada”, y en los hechos la obligación surge de un decreto nacional vigente desde 2004, ampliado por otro de 2006. Pero sostuvo que son las empresas las que se sienten habilitadas en el nuevo contexto a retacear los boletos para discapacitados, no a partir de la letra sino del “espíritu” del nuevo decrteto, y de lo que interpretan en la política de desregulación en curso.
“No dicen nada, en realidad, pero entre líneas están diciendo eso. Se toman la atribución de negarte el pasaje y listo, No hay ninguna explicación. Si reciben una multa, prefieren pagarla, porque quedaron desactualizadas y no les molestan -dijo el dirigente-. Estamos a punto de perder un derecho que llevó muchos años conseguir”.
Dijo que en los hechos siempre fue difícil, pero el sistema funcionaba con alguna fluidez, con inscripciones para acceder a los pasajes a través de un formulario on line de CNRT, que demandaba tramitarlo con un mes de anticipación. Hoy pasan dos o tres meses y no tienen respuesta.
Una crisis general con los pasajes para personas con discapacidad
Maldonado dijo que se trata de “un problema que abarca todo el país”. Agregó que en Río Negro la provincia también les comunicó la caída de la gratuidad para los viajes interurbanos de media distancia, y lo consideró “gravísimo”, porque perciben que “en cualquier momento van a caer también los pases para el transporte urbano”.
Rocío Godoy insistió en que “se trata de un derecho consolidado, que no se está cumpliendo” y en el municipio reciben “quejas todos los días” que no tienen cómo resolver. “En la CNRT antes se ocupaban, pero ahora tampoco te dan una solución, no se hacen cargo. Te dicen que ´en estos tiempos´ no se puede hacer otra cosa que aceptar lo que digan las empresas”, aseguró.
Dijo que en el Consejo Consultivo decidieron darle prioridad al tema, enviar una batería de notas a todos los responsables y también “salir a la calle para hacerlo visible”.
La concejal Roxana Ferreyra, también integrante del Consejo, calificó a la situación como “preocupante”, dijo que el conflicto es de alcance nacional y que demanda una respuesta porque la generalidad de las personas discapacitadas “no pueden pagar” las tarifas exigidas.
En algunos municipios, en el hospital (cuando el viaje es por razones de salud) y en otras reparticiones públicas hay algunos casos puntuales de ayuda para costear viajes, siempre con un largo trámite previo y un “informe social” que lo justifique, dijo Ferreyra. Pero no es ese mecanismo el que prevé el decreto y al que deben ajustarse las compañías.
Para muchos pasajeros, un calvario
Sandra González aseguró que las gestiones para obtener pasajes para viajar a Santiago del Estero con su hijo -Carlitos-, se tornaron una carrera de obstáculos insalvable. Llegó a ir 16 veces a la terminal, sin resultado alguno. Señaló que la situación es desesperante y ya piensan en un recurso de amparo como último recurso.
La misma impotencia experimentó Fernando Castillo, de Cipolletti, quien debía viajar a Buenos Aires con su mamá, discapacitada motriz, y luego de un trabajoso ida y vuelta consiguió que una empresa le habilite la ida, sin cargo, vía Paraná.
Dejó la vuelta para tramitarla en Buenos Aires, pero allá fueron todos fracasos y no les quedó otra que pagarse los pasajes de regreso. Su expectativa es que le devuelvan el dinero, “porque está previsto en la ley”, pero admitió que difícilmente tenga esa suerte.
Dijo que el problema “no es de cupo. Las empresas se escudan en que el transporte dejó de ser un servicio público, y desaparecen los subsidios. Y las dejan hacer lo que quieren”.
Aseguró que “hay un montón de gente en la misma situación” y cuando se presentó en la CNRT en Buenos Aires con su reclamo “había una cola de 60 personas”. Castillo consideró que los casos más penosos son los de personas que deben viajar por motivos de salud, cuando necesitan tratamientos “que no se hacen en las provincias, solo en Buenos Aires”.
La Defensora Woloszczuk dijo que “no es la primera vez que se pone en discusión la gratuidad del pasaje a las personas con discapacidad”, y recordó que existe un impedimento legal que rige para la retrocesión derechos.
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