Un juez de Bariloche hizo una inspección en una escuela donde no pueden erradicar los roedores
Estudiantes y docentes llevan varios meses a la espera de soluciones. Ya hubo seis suspensiones de clases.
estudiantes de los secundarios 33 y 44 realizaron varias movilizaciones para protestar por el estado del edificio. ()archivo)
Las continuas quejas y denuncias por el mal estado del edificio escolar donde funcionan las ESRN 33 Y 44 terminaron en la Justicia, a partir de un recurso de amparo presentado por la Unter, que tuvo un primer fallo favorable y ayer avanzó un paso más con una constatación en persona realizada por el camarista laboral Juan Frattini.
Los alumnos de ambos establecimientos – en total unos 540- ya sufrieron este año seis suspensiones de clases, algunas de varios días, precipitadas por la detección de roedores o de sus excrementos, entre otras deficiencias en materia de seguridad e higiene.
El Consejo de Educación contrató ya varias veces servicios de desratización y encargó reformas y mejoramientos en las paredes interiores, conformadas por paneles, para evitar que sirvan como refugio de las lauchas. Pero el problema nunca quedó resuelto.
La secretaria gremial de Unter, Norma Pérez, aseguró hoy que la solución estaría encaminada, pero requiere “un trabajo permanente” que es responsabilidad del ministerio. Dijo que la aspiración de la Unter, al pedir la intervención de la Justicia, fue asegurar que “lo que queda de clases pueda darse con todas las garantías para los que aprenden y para los que enseñan”.
El recorrido del juez Frattini fue seguido por representantes del Consejo de Educación, directivos de la escuela, docentes, alumnos y dirigentes sindicales. Según Pérez, les quedó claro que “algunas cosas no están en condiciones, a pesar de lo que dicen”, porque persisten reductos que sirven como “nidos” a los roedores.
La misma preocupación generó la permanencia de un basural clandestino en la esquina de Elordi y Mascardi, a metros e la escuela. “No es que taparon los agujeros y ya está, hay que hacer un seguimiento”, afirmó Pérez.
Dijo también que el gremio pidió una pericia propia en el marco del amparo, que contradijo a otros informes que llegaron al manos del juez y que derivaron en la realización de una audiencia de partes y el otorgamiento de un plazo de 15 días “para completar los trabajos pendientes”.
Más medidas en curso
Pérez explicó que luego habrá un nuevo informe para definir otras tareas a realizar. Este medio intentó conocer hoy también la postura del delegado de Educación para la zona Andina, Santiago Velázquez, quien estuvo presente en la inspección del juez, pero no contestó los llamados.
Las escuelas 33 y 44 (una en cada turno) funcionan en un edificio montado en 1987 con rezagos de materiales cedidos por la empresa que construyó Alicurá. Desde entonces permanece en condición de “provisorio”, a la espera de una obra definitiva.
Pérez observó que en la misma cuadra, enfrente y a la vuelta hay otras escuelas, con edificios de mampostería, y ninguna padece los problemas con roedores que sí enfrentan la 33 y 44.
El amparo fue presentado a fines de agosto y tuvo fallo favorable el 4 de septiembre. La dirigente señaló que el gremio decidió impulsarlo porque “las autoridades decían que la escuela estaba en condiciones, pero quedó demostrado que no era así. Ahora hay un plan de acción y el CPE tiene sus responsabilidades”.
Señaló que durante el recorrido el juez también tuvo oportunidad de verificar “otras cosas que no fueron objeto del amparo” pero que hacen a la habitabilidad del edificio, por ejemplo las salidas de emergencia.
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